Los turbios negocios del excomisario de policía José Villarejo han tocado a Repsol. La compañía, con buen año bursátil y avances del 22,7% a pesar de que en el mes se muestra en negativo, con pérdidas del 4,5%, intenta alejarse lo máximo posible de los problemas judiciales, pero de momento, no lo consigue.
De hecho se ha aplazado hasta el próximo día 7 de mayo, desde la fecha inicial del 29 de abril inicialmente prevista, la declaración de su presidente Antonio Brufau, imputado junto a Isidre Fainé presidente de Criteria Caixa, en una pieza separada de los múltiples casos del excomisario, el denominado proyecto Wine. Se trata de un caso que fluye entre los años 2011 y 2012 en el que se investiga si Repsol y Caixabank contrataron los servicios de Villarejo para investigar si Sacyr y su entonces presidente, Luis del Rivero y la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) establecieron una estrategia de sindicación auspiciada por Del Rivero para conseguir casi un tercio de Repsol.
Y es que, desde que Sacyr entrara en octubre de 2006 en el accionariado de Repsol y se convirtiera en diciembre de ese año en su primer accionista, los movimientos de Del Rivero para eliminar a Antonio Brufau de la presidencia fueron evidentes, una vez que, la caída del petróleo y de la bolsa, devaluaron la participación y los dividendos de la constructora en la petrolera.
Con la sindicación en septiembre de 2011 de las acciones de Sacyr y Pemex, llegaba el punto culminante del conflicto, que entonces poseían el 29,82% de su accionariado. No llegaban al 30% necesario para lanzar una OPA pero podían aumentar su presencia en el Consejo. Entre las intenciones comunicadas a la CNMV entonces estaba la de desbancar a Brufau de forma manifiesta despojándole de sus funciones ejecutivas.
En octubre de ese año, Luis del Rivero dejaba la compañía. Y en diciembre Repsol le compraba por encima de los 20 euros la acción a Sacyr el 10% de su participación por 2.572 millones. Tras esto las relaciones entre ambas compañías mejoraron aunque Sacyr sigue sufriendo las consecuencias de esa devaluación: 47 millones de euros le ha constado, por ejemplo el nuevo recorte en el dividendo de Repsol. En marzo de 2014 la compañía estableció un blindaje para evitar que cualquier decisión de importancia en Repsol se pudiera realizar con menos del 75% de su presencia accionarial.
Distribución accionarial actual de Repsol
Fuente: Repsol
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón en esa pieza separada del caso Tándem, deberá decidir si el presidente de Repsol, Antonio Brufau cometió un delito, de acuerdo con las imputaciones que aparecen en el auto al, presuntamente, encargar y sufragar los gastos del espionaje del entonces presidente de Sacyr Luis del Rivero por parte del excomisario Villarejo junto el presidente de Criteria Caixa.
Según indica el diario El Mundo, el juez García Castellón explica en su auto que en el informe del Chief Compliance Officer de Repsol S.A, Enrique Hernández Pérez, donde se realiza una revisión de la regularidad de la contratación de la empresa de Villarejo "se apunta la intervención de Antonio Brufau como presidente de Repsol en la contratación del Grupo Cenyt para investigar a Luis del Rivero y defenderse así del intento de aquel, aliándose con Pemex, de tomar el control de la compañía”.
El informe destaca que probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de Caixabank Isidro Fainé y dada la confluencia de intereses de ambos en defenderse frente a Luis del Rivero y Pemex, acordaron compartir los servicios de información contratados al Grupo Cenyt. Según argumenta el instructor del caso, que reproduce el diario, se viene a reconocer que Antonio Brufau, en su condición de presidente de Repsol, no quedó al margen de la contratación de Grupo Cenyt.
Mientras, Repsol defiende a Antonio Brufau y a su consejero secretario Luis de Suárez, que también está imputado en este caso, por sus presuntos vínculos con Villarejo, tal y como han remitido a la CNMV. En el comunicado, la compañía energética argumenta que su investigación interna descarta que se haya producido “conducta ilícita alguna” o contraria a su Comité de Ética y Conducta, por parte de ningún consejero directivo o empleado, actual o pasado, de la compañía. Todo ello, señala Repsol, tras los exhaustivos trabajos internos de investigación realizados.
Según el Independiente, consta un factura de la empresa Cenyt Data, filial del grupo de Villarejo dedicada a la informática forense y pagadero por Repsol en mayo de 2012 por un importe de 45.000 euros y un segundo contrato en mayo de 2014 que superaba los 20.000 euros, en este caso por servicios de información y seguridad. La empresa, según el diario, reconoce haber pagado estas facturas por los servicios expresamente citados que se detallan en las facturas.
