La Comisión Europea anunció hoy la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por los derechos especiales (la conocida como "acción de oro") que el Estado portugués mantiene en la empresa Energías de Portugal (EDP). El Ejecutivo de la UE considera que dichos poderes desincentivan la inversión extranjera, lo que supone una infracción de la legislación comunitaria, y no acepta los argumentos de Lisboa para mantenerlos. Según las disposiciones aprobadas cuando se privatizó EDP, el Estado cuenta con derecho de veto en decisiones sobre ampliación de capital, fusiones o liquidaciones, así como sobre acuerdos con otros grupos. El Estado también tiene la potestad de nombrar a un director y puede oponerse a la designación de varios altos cargos.