El Gobierno aumenta las exigencias de provisiones a la banca española hasta el 30%. Esto conlleva que, para terminar de sanearse, la banca necesitará 30.000 millones de euros más en provisiones. El Ejecutivo ha dejado claro que esta cobertura se tendrá que hacer con coste a las cuentas de las propias entidades. El Estado sólo entrará con ayudas públicas en los casos necesarios a través de la compra de acciones o mediante los ‘CoCos’.

El gobierno pretende, mediante la reforma del Real Decreto Ley, garantizar nueva solvencia de las entidades bancarias. “Es importante tener en cuenta lo que hicimos en febrero de este año, porque lo que se aprueba es la segunda etapa de las decisiones tomadas en febrero”, ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El crédito promotor era, a cierre del año pasado, de 300.000 millones de euros, de los que 184.000 eran préstamos problemáticos y el resto eran préstamos en los que se estaba al día en pago de intereses y devolución del capital. En la primera fase, se incrementaron las provisiones sobre la parte problemática de la cartera. Se elevaron las provisiones desde el 33% hasta el 80% en el caso del suelo y hasta el 35% en la vivienda construida. Lo que supuso un esfuerzo de 44.000 millones de euros en esta parte de la cartera.

¿De dónde venimos?

De Guindos asegura que a finales del año se creó una provisión genérica de 7% - 10.000 millones de euros – para cubrir la cartera no problemática. Ahí ya se apuntaba que una de las cuestiones que nos preocupaba era que la cartera que no es problemática se pudiera convertir en problemática. Teníamos hitos que se han ido cumpliendo a fecha de 31 de marzo, el 20 de abril se valoró por el Banco de España y el 31 de junio tendremos la valoración definitiva para, a finales de este año, tener finalizado el proceso de saneamiento del sector”.

El Real Decreto Ley que se aprueba hoy es el segundo paso, “en el que se hace aprobar con contundencia y decisión la provisión sobre los activos no problemáticos del sector constructor, anticipando el saneamiento mediante una hipotética duda del sector”. De Guindos asegura que se incrementan las provisiones hasta el 30% hasta finales de 2012, lo que implica un incremento de 30.000 millones respecto a las que ya había.

¿Cómo se distribuirán estos incrementos?

Es importante tener en consideración la diferencia entre cartera problemática y la que no lo es. En esta última, hay menor peso del suelo. “En el caso del suelo, se pasa de una provisión del 7% al 45%, en el caso de las promociones en curso estaba en el 7% y se incrementa en un 22%, en el caso de la promoción terminada de viviendas se dobla la provisión hasta el 14%, en segunda hipoteca se pasa del 7% al 52%. De modo global, el esfuerzo de provisión de esta cartera pasa del 7-30%.

El FROB llevará a cabo inyecciones en las entidades únicamente vía acciones o CoCos si tienen pérdidas para cumplir con las provisiones a título personal.

Antes del 11 de junio tendrán que presentar los planes de cumplimiento de las nuevas provisiones, y en 15 días hábiles se comprobarán por parte del Banco de España - plazo en el que podrá hacer consideraciones.

Esta provisión “se hará con cargo a resultados, y tendrá que salir de sus cuentas de pérdidas y ganancias lo que puede provocar que haya deficiencias de capital y recursos propios en las entidades. Si esto es así, entonces el FROB podrá inyectar bajo dos modalidades: vía acciones o a través de CoCos”, ha explicado de Guindos. El gobierno lo quiere hacer fundamentalmente por los Bonos convertibles Contingentes (CoCos). Este tipo de inyección de fondos no supone ninguna ayuda pública a las entidades porque estos instrumentos exigirán un tipo de interés muy superior, al 10%, – el doble -lo que están pagando por esos recursos. Así se establece una especie de red de seguridad para las entidades, con un coste que “estamos convencidos que al final del proceso será rentable pera el Tesoro público y el contribuyente”.

Sociedades de gestión de activos

Los bancos se tienen que dedicar a hacer lo que hacen los bancos, labores financieras, estas entidades tendrán que llevar todos los activos dudosos y sacarlos al mercado. Lo que dará una transparencia, a un precio – valor contable menos provisiones que se han ido acumulando- que consideramos que son valoraciones atractivas y será obligatorio para todas las entidades.

Lo que hace el decreto ley es decir que se tienen que separar las sociedades de gestión de activos independiente. “Si, tal como esperamos, esa valoración es la correcta sería predecible que entraran inversores en dichas sociedades”.