El servicio de estudios de la entidad, BBVA Resarch, ha presentado un informe en el que ofrece medidas con las que complementar la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Entre otras, apuesta por bajar las cotizaciones sociales y compensar el descenso en los ingresos con menos bonificaciones fiscales y una subida de IVA.

Además, se inclina por reducir el abanico de contratos existente en la actualidad con la creación de un único contrato temporal con indemnización y por una indemnización creciente con la antigüedad en contratos indefinidos.

Asimismo, se muestra partidario del modelo austriaco y de explicar, difundir e incentivar la aplicación de la reforma ya aprobada para que las empresas sean más competitivas, al tiempo que resalta la necesidad de mejorar las políticas activas para los desempleados.

Por otro lado, valora positivamente la moderación salarial pactada entre empresarios y sindicatos, aunque cree que es "insuficiente". De hecho, asegura que la situación del mercado laboral demandaba un acuerdo "más ambicioso" y cree que la negociación colectiva y las cláusulas de descuelgue salariales son "claramente mejorables".

Aún sí, cree que la reforma laboral aprobada por el Gobierno aumenta la flexibilidad interna sustancialmente, prioriza los convenios de empresa y facilita el descuelgue. De la misma forma, afirma que reduce "ligeramente" la brecha en las indemnizaciones entre fijos y temporales, potencia la formación y elimina incertidumbres jurídicas.

Según BBVA Research, el 2012 será otro año lleno de riesgos y retos en todo el mundo. En España, la entidad presidida por Francisco González espera que la economía entre en recesión en el primer trimestre de este año, después de caer un 0,3% en la última parte de 2011 y entre un 0,2% y un 0,4% entre enero y marzo.

En concreto, aventura una caída de la demanda interna y una desaceleración de las exportaciones, al tiempo que asevera que el empleo se verá afectado por las peores perspectivas de crecimiento.

En materia de consolidación fiscal, BBVA Research admite que el incumplimiento del 6% en 2011 ha sido una "mala noticia" para la credibilidad de las administraciones públicas, aunque cree que la Ley de Estabilidad Presupuestaria mejora la gobernanza y la transparencia.