ACS ha presentado alegaciones al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al recurso de alzada presentado por Iberdrola, donde pide la suspensión de los derechos de voto del grupo constructor en la junta de la eléctrica autorizados por la Comisión Nacional de la Energía.
El Departamento que dirige Joan Clos recibió un escrito de alegaciones de la compañía que preside Florentino Pérez en virtud de la posibilidad otorgada tanto a ACS como a Unión Fenosa --eléctrica donde el grupo es el primer accionista con un 40,47%-- de presentar sus correspondientes consideraciones ante la queja de Iberdrola. Las mismas fuentes indicaron que a día de hoy no se ha recibido en el Ministerio de Industria ningún escrito por parte de Unión Fenosa, y sólo ACS ha querido contestar al litigio abierto por la eléctrica contra la resolución del organismo regulador de los mercados energéticos. Desde el Ministerio de Industria declinaron indicar la dirección en la que están enfocadas estas alegaciones del grupo constructor. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán presentó el pasado 21 de febrero un recurso de alzada contra la resolución del organismo que preside María Teresa Costa, y dos días después la eléctrica envió un nuevo escrito argumentando su queja. En concreto, Iberdrola pedía la suspensión cautelar de la resolución de la CNE, después de que este organismo permitiera a ACS ejercer plenamente sus derechos de voto para temas relevantes en la junta de Iberdrola, con lo que eximió al grupo de la norma que limita al 3% los derechos políticos de las empresas que participan en dos operadores principales del sector eléctrico. El Ministerio de Industria cuenta con un plazo de 30 días hábiles desde que se presentó el citado recurso, con lo que tendrá que tomar una decisión sobre la suspensión cautelar antes del próximo 28 de marzo, un día antes de que se celebre la junta de Iberdrola, donde se someterá a aprobación una ampliación de capital para financiar parte de la compra de Scottish Power. No obstante, Industria cuenta con un plazo de tres meses para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Iberdrola considera necesario que Industria aclare los puntos recogidos en el acuerdo de la CNE relativos al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto, al considerar que hay "lagunas" y "puntos oscuros" que es necesario esclarecer antes de la celebración de la junta del próximo 29 de marzo. La eléctrica alega en dicha petición que, a la vista de la resolución de la CNE, es imposible establecer un listado "tasado" de materias estratégicas, y considera que el mero ejercicio de derechos de voto en algunos aspectos "da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía". Además, considera que la resolución no explica las motivaciones por las que la CNE se ha apartado de los precedentes aplicados a BBVA y a La Caixa. La compañía considera necesario que el Ministerio de Industria aclare tales extremos ya que, de lo contrario, "tendría que asumir la responsabilidad de interpretar una resolución administrativa dudosa". En este sentido, Iberdrola cree que "se impone un riesgo que ni la empresa ni sus accionistas, incluido ACS, tienen el deber jurídico de soportar". Gracias a la resolución de la CNE, el grupo constructor podrá opinar en las concentraciones de Iberdrola que precisen la autorización de una autoridad nacional o supranacional de defensa de la competencia. ACS podrá votar en la junta de Iberdrola, en la que se ha asegurado el el 12,4%, con derechos de hasta un 24,9% cuando, en su caso, alcance esta participación, excepto en lo referente a asuntos que "afecten a la estrategia competitiva de la empresa en el sector español de la electricidad". No obstante, los estatutos de la eléctrica contemplan un límite del 10% para el ejercicio de los derechos de voto.