“No hay ninguna reforma que por sí sola sea decisiva pero las cuatro primeras deberían tener el carácter de urgentes”, asegura el profesor del IESE, Xavier Vives El tiempo se acaba. Estas reformas necesitan consenso. “Gobierno, oposición y agentes sociales harían bien en entender que van en un mismo barco que tiene unas vías de agua importantes que reparar. Quedan pocas dudas que sin reformas vamos al estancamiento”.
El problema de España son las bajas perspectivas de crecimiento, a consecuencia de un sobreendeudamiento (público y privado), con un importante componente externo, y bajos niveles de productividad. Las reformas que permitirán que España tenga mucho más margen de maniobra son:

1. Sanear el sistema financiero para que fluya el crédito. La compra de activos inmobiliarios por parte de la banca esconde la morosidad pero paraliza el crédito, y pospone el ajuste en el mercado inmobiliario en lugar de resolver el problema. El colchón que representan las provisiones extras que requirió el Banco de España se ha agotado prácticamente. Los activos dañados inmobiliarios deben ser reconocidos y provisionados, si cabe, con ayuda del FROB, cuya implementación está siendo demasiada lenta. Hay que reestructurar las entidades con problemas de solvencia.

2. Consolidar las cuentas fiscales aprovechando los necesarios recortes presupuestarios para aumentar la eficiencia de la administración pública (eliminado superposiciones y duplicaciones de administraciones, simplificando los procedimientos burocráticos, incentivando la productividad de los servidores públicos, y fomentando el partenariado público y privado para mejorar la eficiencia) y posponer inversiones públicas de dudoso rendimiento social. El sector público ha de dar ejemplo de austeridad empezando por la contención salarial dado su efecto de arrastre en el sector privado. Sin un plan fiscal coherente a medio plazo, que incluya recortes en gasto público improductivo y la administración pública dando ejemplo del ajuste que debe hacer la sociedad, el horizonte no estará despejado. España debe evitar errores del pasado como la rebaja fiscal de los 400 euros o la subida salarial de los funcionarios en un contexto de deflación. Se han demostrado estímulos efímeros a la economía. También, los intentos de protección de sectores no competitivos fracasarán a medio y largo plazo, y costarán mucho dinero al contribuyente.

3. Transformar el mercado de trabajo. Hay que acabar con la dualidad injusta e ineficiente entre contratos indefinidos y temporales. Hemos de ir, respetando derechos adquiridos en lo posible, hacia un contrato único permanente (con aumentos de indemnización graduales según antigüedad y de acuerdo con nuestro entorno, por ejemplo). Debemos impulsar el trabajo a tiempo parcial, y reformar la percepción del subsidio de desempleo para que se incentive la búsqueda de trabajo y la movilidad entre empresas y geográfica. Hay que reformar la negociación colectiva que se ha convertido en un obstáculo a la mejora de la productividad. Hay que enfrentar el problema del absentismo laboral. Las propuestas del “documento de los 100” van en la dirección adecuada.

4. Restablecer el maltrecho mercado de alquiler (este sería el mejor impulso para el sector inmobiliario) devolviendo la plena seguridad jurídica a la propiedad. Sin esto la absorción del stock de viviendas sin vender y la recuperación del sector inmobiliario serán muy lentas.

5. Reformar el sistema de pensiones para hacerlo viable a largo plazo mediante una combinación de aumento en el esfuerzo de cotización, rebaja de las pensiones, alargamiento en el promedio de la edad de jubilaciones y reducción drástica de las prejubilaciones.

6. Reformar la administración de justicia para aumentar su eficiencia y rebajar los onerosos costes (directos e indirectos) que representa para la actividad económica.

7. Avanzar en la reforma del sistema educativo con los valores de exigencia, iniciativa, transparencia de resultados, autonomía y competencia entre centros; e impulso decisivo en el aprendizaje del inglés. Se necesita capital humano cualificado para competir en el mundo de hoy.

8. Impulsar un ambicioso paquete de medidas para levantar la productividad de manera sostenible:

a. Aumentar la competencia en el sector servicios. Prestar particular atención al comercio y al sector de la energía.

b. Reformar los reguladores sectoriales para que alcancen una independencia efectiva y una capacidad técnica suficiente.

c. Simplificar el organigrama de la administración de fondos de I+D y otorgar las ayudas en base a proyectos competitivos evaluados por paneles internacionales.

d. Favorecer la reestructuración, innovación e internacionalización en el sector productivo mediante la ayuda

i. a las empresas avanzadas a incorporarse y mantenerse en la frontera tecnológica mundial;

ii. a las PYMES para acercarse a la frontera tecnológica y aumentar su productividad mediante un “Plan Renove” que mejore globalmente sus métodos de gestión, adopción de tecnología, escala e internacionalización;

iii. a la integración de las empresas en las fragmentada cadena de valor internacional.

Establecer una política energética coherente a largo plazo.


10. Reformar la organización burocrática del sistema científico-técnico y la Universidad, sus mecanismos de gobierno y su financiación, de manera que se promueva la responsabilidad y la excelencia.


El centro SP-SP explicará estas reformas en el X Coloquio Sector Público- Gestión Privada que se celebrará el próximo 21 de junio.

El periodo de extraordinario crecimiento de la economía española desde mediados de los años noventa se ha acabado con una caída en vertical de la actividad económica a raíz de la crisis financiera internacional. Desde 1996 hasta 2007 España ha crecido significativamente por encima de la Europa de los 15. El patrón de crecimiento se ha basado en la demanda interna y el sector de la construcción e inmobiliario, con ayuda del turismo, tipos de interés bajos, y un aumento de la ocupación con un flujo inmigratorio muy importante que ha supuesto moderación en los salarios. Como resultado: el estancamiento de la productividad, pérdida de competitividad, y un gasto muy por encima de las posibilidades del país, acumulando un déficit exterior de grandes proporciones. El problema es que la entrada en el euro no ha servido tanto para que se invirtiera en factores que harían a la economía española competitiva a largo plazo (como capital tecnológico y educación) sino para alimentar la burbuja inmobiliaria. El patrón de crecimiento pasado no volverá a suceder y la salida usual de una devaluación que devolvería la competitividad perdida a los productos españoles no está entre las opciones razonables.

Además esta expansión fomentó la idea de que para crecer y ganar dinero no hacía falta esfuerzo y esto caló en la sociedad empezando por la escuela. Ahora se espera que el estado benefactor solucione la crisis y proteja completamente a los ciudadanos. Esto no sucederá. La salida de la crisis requerirá más trabajo y esfuerzo con una compensación que no crecerá en términos reales, además de un cambio de modelo productivo que haga las empresas españolas más competitivas. Hay que recuperar productividad y se necesita un verdadero cambio cultural que ponga por delante el valor del esfuerzo y una política decidida de reformas, por tanto, se necesita un gobierno que lidere.

La economía española necesita reformas para que se pueda aprovechar la recuperación internacional cuando se produzca, así como también para poner en una senda sostenible el gasto público y el estado del bienestar. Estas reformas darán una señal al mercado internacional de que España es un país que hace los deberes, con capacidad de pago de la deuda, y en el que se puede invertir con confianza. Sin ellas nos espera un largo periodo de estancamiento y las medidas actuales podrían tendrán un efecto efímero. La crisis ha de servir como catalizador para las reformas, con las que poder volver a crecer por encima de los países centrales en Europa.