Hasta ahora se han puesto en marcha convocatorias y licitaciones por valor de unos 9.300 millones. Más allá de las distintas cifras ofrecidas por el Gobierno, donde a veces se confunden los términos “autorizar”, “comprometer” y “desembolsar”, este desembolso equivale al 48% de los fondos recibidos y apenas a un 38% de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, explica José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEOE.
José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEOE
Pregunta: ¿En qué medida considera la CEOE que los recursos europeos asignados a España van a contribuir al crecimiento económico y la modernización de España?, ¿qué opinión le merece que vayan dirigidos en su mayor parte a acelerar la digitalización y la transición energética y cómo valoráis el visto bueno de Bruselas y la contraprestación de reformas estructurales puesta en marcha por el Ejecutivo en 2021?
Respuesta: En primer lugar, me gustaría destacar la extraordinaria respuesta que la Unión Europea ha dado a la triple crisis (sanitaria, económica y social) generada por la pandemia del COVID-19. A diferencia de lo que sucedió en 2008, en este caso la UE ha lanzado un paquete de 750.000 millones de euros con un doble objetivo: recuperar y transformar la economía y hacerlo a través de reformas e inversiones.
En este marco, cada país ha diseñado unos planes nacionales que recogen los compromisos que se asumen con la Unión Europea para garantizar que los fondos que se reciban se destinan de forma adecuada. En el caso de España, creo que a lo largo de 2021 el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante por cumplir en tiempo y forma con la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que se ha traducido en que nos hayamos convertido en el primer país en recibir la aprobación del plan y el desembolso de los primeros fondos por parte de la Comisión Europea (10.000 millones de euros). Y recuerdo que, además, en verano ya recibimos unos primeros 9.000 millones de prefinanciación. Por tanto, creo que los mimbres de los fondos Next Generation EU en España son sólidos y que ahora de lo que se trata es de hacer un uso inteligente de ellos, con una ejecución eficiente y ágil.
P.: Los últimos datos hablan de una cuota de ejecución del 43% al inicio de diciembre y del 73% en concesión de proyectos. ¿Cómo interpreta CEOE el ritmo de gobernanza y gestión de los fondos europeos en España? ¿Hacia qué prioridades -sectoriales, empresariales y de objetivos de reconversión económica- deberían enfocarse estos recursos en el trienio 2021-2023?
R.: Como comentaba, aunque la arquitectura de los fondos ha sido elaborada con acierto ahora el foco debe centrarse en la ejecución, donde todavía necesitamos apretar el acelerador para asegurar que maximizamos su impacto en España. Algo que es necesario, especialmente, en el apartado de inversiones. En el reciente Informe de seguimiento de los fondos Next Generation EU que hemos publicado en CEOE, ya advertimos que esos más de 19.000 millones de euros que la UE ha desembolsado a lo largo de 2021 para España no han llegado al mismo ritmo a la economía real.
Según los datos que recogemos en el documento, en total sólo se han puesto en marcha convocatorias y licitaciones por valor de unos 9.300 millones. Más allá de las distintas cifras ofrecidas por el Gobierno, donde a veces se confunden los términos “autorizar”, “comprometer” y “desembolsar”, este dato equivale al 48% de los fondos recibidos y apenas a un 38% de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Y esto no significa tampoco que este importe de los fondos haya llegado a las empresas porque, en muchos casos, los plazos de presentación de proyectos todavía seguían abiertos a finales de año.
Como recogemos en el informe, según el último dato publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es de finales de agosto, sólo 104 millones de euros de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos (el 2%) han llegado a empresas y a entidades no consideradas Administraciones Públicas. Por eso, insisto: resulta especialmente importante acelerar la ejecución para que las empresas perciban la llegada de fondos y, por tanto, puedan ejecutarse las inversiones previstas en el Plan de Recuperación.
P.: ¿En qué terrenos considera la patronal que se deberían redoblar esfuerzos administrativos e institucionales para absorber la totalidad de los recursos europeos?, ¿sería preciso mejorar en transparencia de ejecución?
R.: El interés por los fondos europeos es general y se extiende a todo el tejido productivo del país, con independencia del sector y del tamaño de la empresa o de la región en la que desarrolle su actividad. Y prácticamente en todos los casos, existe un objetivo similar: que los fondos permitan superar esta crisis y facilitar los cambios necesarios para hacer frente a los retos que se plantean a las empresas, como la digitalización o la transición verde. Pero para asegurar que todas las empresas puedan tener acceso a estos fondos se deberían tener en consideración algunas cuestiones.
En primer lugar, entendemos que el diseño de las convocatorias debe incluir unos porcentajes de cofinanciación más elevados que los actuales (que rondan el 30% de media) y unos plazos de presentación más realistas. Porque esto supone ahora una dificultad adicional para las empresas, especialmente para pymes y autónomos. De hecho, un reciente informe de CEPYME advierte de que dos de cada tres pymes en España consideran que no podrán participar en las inversiones ni recibir las subvenciones ligadas a los fondos europeos.
En segundo lugar, resulta urgente acelerar la ejecución de los grandes proyectos estratégicos (los conocidos como PERTES): todavía no se han publicado sus convocatorias más relevantes y esto limita su impacto transformador. Son muchas las empresas que participaron en las manifestaciones de interés que publicó el Gobierno a lo largo de 2021 y, sin embargo, todavía están pendientes de publicarse las principales convocatorias de este tipo de proyectos.
Y, por último, es necesario desbloquear la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020, que sirve para canalizar los fondos; hay que reforzar las estructuras de gestión de los fondos por parte del Sector Público y la coordinación entre las distintas Administraciones afectadas; y sería bueno implicar al sector financiero para ganar agilidad y para asegurar la capilaridad de las ayudas.
