El pastel inicial de su despliegue será ha suculento. Tanto, como para sufragar los 326.000 millones de dólares en los que se estima la adaptación de las infraestructuras que precisa. Hasta 2025. Ericsson cree que la industria generará 619.000 millones de dólares ya al año siguiente, en 2026, cuando se iniciará la conversión al 6G. Las redes 5G ya operan en varias latitudes del planeta. Pero su futuro es incierto. Porque detrás hay una batalla geoestratégica por el liderazgo mundial entre EEUU y China, a la que se quiere incorporar Europa como convidado de piedra, y empresarial, con los grandes emporios tecnológicos globales ávidos de obtener las licencias nacionales de suministro de servicios.
La conectividad es el motor de los revolucionarios cambios que está experimentando la era de la digitalización, una evolución que seleccionará áreas geográficas en un genuino salto que, en paralelo, superará fronteras y obstáculos de toda índole y que, en consecuencia, fomentará el libre flujo del comercio y las inversiones. Es la herramienta que devolverá la globalización a su estado natural, del que se ha separado por razones, esencialmente, geoestratégicas, políticas e ideológicas, que han fomentado el proteccionismo y desencadenado hostilidades arancelarias y desencuentros económicos. La catapulta de la conectividad, explica Ferry Grijpink, estratega en McKinsey, es mucho más que una nueva tecnología de fibra, satélites y WIFI a velocidades casi inimaginables en el pasado reciente. La década que se acaba de iniciar transformará la movilidad y las manufacturas, el comercio minorista e, incluso, los servicios sanitarios. Sólo en esto cuatro segmentos de actividad, impulsará el PIB global entre 1,2 y 2 billones de dólares en 2030. Dicho de otro modo, insertará nuevos negocios en esta horquilla de valor en estos ámbitos sectoriales. Pero, al margen de la industria, el 5G tiende sus ramificaciones sobre los activos financieros y la sociedad en su conjunto. La conexión ciudadana a las redes de información, comunicación y a los servicios on line añadiría entre 1,5 y 2 billones adicionales a la economía. Potencial añadido a la prosperidad y el desarrollo de los países. El avance del 5G ha generado más capital intensivo y su conectividad transfronteriza, en fase emergente, ha engendrado unos hábitos de consumo de dimensión global. Las coberturas vía satélite de esta tecnología no conocen ni atiende límites geográficos. O, al menos, las barreras que se conocen en la actualidad. Y la industria privada en el terreno espacial ha iniciado su andadura. Con compañías como OneWeb o SpaceX lanzando sus primeros satélites experimentales. Una trayectoria que sucede en paralelo a la innovación del hardware y software con sus elevadas capacidades digitales y la profusión del uso de nubes de almacenamiento en red. La computación también provee a las empresas de una más barata y eficiente conectividad que, además, contribuye a equilibrar con mayor precisión las ofertas de servicios y la demanda de los consumidores.
Grijpink también resalta el factor social que pueden desencadenar el negocio 5G. En una época en la que Internet ha superado cotas de tráfico extraordinarias. El uso de videos online supone el 70% de los datos globales, con escasas diferencias interregionales y para 2030 se espera que exceda del 80%. Instante en el que el planeta consumirá veinte veces más datos y con previsión de un mayor número de usuarios que emplearán su tiempo bajando videos, presumiblemente de cada vez más alta definición, predice la multinacional Cisco, que sitúan otro salto cualitativo y cuantitativo del tráfico audiovisual en red en 2022. La ultra rápida latencia -tiempo de demora de conexión- del 5G y los avances en ciberseguridad incorporados a las aplicaciones digitales, serán los conductos de los nuevos negocios online que emergerán a la estela de las cambiantes y exigentes costumbres sociales que tienen en el Internet de las Cosas su foco de preferencias. El impacto de la movilidad digital que facilita el 5G, sus mejoras de navegación, su amplitud de ofertas de servicios y su disposición a la personalización con flujos de tráfico más rápidos creará otros 280.000 millones de dólares de negocio en 2030.
McKinsey establece cuatro bloques de países en la carrera por la tecnología 5G y la economía digital. Los pioneros, donde engloba a EEUU, Japón o Corea del Sur, que están constantemente innovando en conectividad y que ya han empezado a desarrollar redes 5G en ciudades, lo que les confiere una ventaja de infraestructuras y en su posición inversora frente a proveedores, así como un mayor dinamismo competitivo. Los líderes, los socios europeos, a la cabeza de los que sitúa a Alemania y Francia, así como a Reino Unido, que evolucionan inmediatamente después de los pioneros, siguiendo su estela, pero con poder inversor suficiente para suturar la pequeña brecha digital que les separa de los primeros y reducir sus márgenes competitivos. Los followers, entre los que selecciona mercados emergentes como Brasil, Polonia o Turquía, han iniciado con retardo la adaptación de sus infraestructuras y sus proveedores encontrarán dificultades para obtener grandes inversiones de capital en la construcción de las redes tecnológicas, al tiempo que han retrasado sus avances en conectividad, lo que limita la transformación de sus grandes ciudades a la tecnología 5G. Finalmente, los trailings o mercados como Pakistán, Bolivia y países africanos, que han perdido la senda a corto plazo y cuyas inversiones y costes están limitados por una confluencia de numerosos factores.
La consultora estadounidense afirma que China e India siguen sus propios impulsos evolutivos en el 5G. La segunda economía global viene de instaurar planes de inversión de sus redes móviles y fijas aún en activo, pero su apuesta por las nuevas redes 5G es más rápida y estructural que en cualquier otro país. Ya ofrece sus servicios en casi todas sus principales urbes con contratos de suscripción por la tercera parte de la red disponible hasta 2025. India está digitalizando a mayor ritmo que cualquiera de los mercados trailing, aunque su fulgurante modernización de las redes móviles se circunscribe aún a un núcleo mínimo de ciudades. Con los proveedores inmersos en una guerra de precios alcistas que no facilita la planificación del Gobierno de Nueva Delhi. China y los pioneros seguirán marcando el rumbo de navegación del 5G.
Costes inmediatos, ganancias a largo plazo
Desde 451 Research, empresa neoyorquina de investigación de la industria tecnológica inciden en que el Covid-19 y las medidas de impacto para combatir la epidemia, como el teletrabajo, el aprendizaje a distancia o la transitoriedad comercial hacia canales digitales dependerá de que la banda de conexión a Internet sea robusta. El 5G -señalan en este consultora- postula un road map que asegura a largo plazo posibles disrupciones en los negocios por su ultra-baja latencia y por permitir procesos y aplicaciones con soporte digital capaces de transformar las industrias. A la espera de que, a corto plazo, la impredecible salida de la pandemia acelere su regulación y la puesta en escena con las pertinentes licencias y regulación de su espectro de actuación.
Asunto que aún está bajo el radar de no pocas administraciones estatales y que es un aspecto crítico en su desarrollo porque requiere de la cooperación de los distintos poderes públicos, hasta el orden municipal, de agencias gubernamentales de supervisión y regulación y de un adecuado clima de negocios para que los operadores puedan desplegar la tecnología. Sin embargo, hay todavía un elenco notable de ciudades que no consideran las infraestructuras de 5G como una prioridad o un servicio esencial. Un parón que va en detrimento de los avances. “España, Francia y Austria han tomado la decisión de retrasar las acciones sobre el espectro del 5G hasta que se supere la epidemia del coronavirus”, lo que podría retardar su despliegue, al menos, dos trimestres y, con ello, mermar la habilidad de estos mercados de activar los servicios 5G a gran escala. O de impulsar procedimientos y consultas médicas en remoto, la automatización y robotización de centros de producción y de ampliar la capacidad de los sistemas de almacenaje de datos. En un momento de cambios indudables en las dinámicas sociales en términos de interacción, viajes, aprendizaje, transacciones monetarias y de negocios o adopción de nuevas habilidades técnico-profesionales por enumerar algunos de ellos.
Detrás de los altercados en el normal desarrollo de la tecnología 5G hay razones geoestratégicas que se mezclan con la encarnizada carrera por el liderazgo digital y el posicionamiento global de las empresas tecnológicas. Unos movimientos telúricos que salieron a la luz con la detención en Canadá, a instancias de la judicatura estadounidense de Meng Wanzhou, la responsable de las finanzas de Huawei e hija del fundador de la firma china de telecomunicaciones. El arresto desencadenó una tormenta diplomática para impedir su extradición a EEUU. Los cargos contra Meng no han sido hechos públicos todavía. Casi dos años después de su retención en suelo canadiense. China acusa a la Casa Blanca de fanatismo judicial y piensa que tras esta maniobra americana está la supuesta mano del régimen de Pekín de violar las sanciones impuestas por Washington contra Irán, unas acciones que Huawei niega tajantemente. El altercado sirvió para que la Administración Trump intercediera a aliados de la comunidad anglosajona, a sus aliados asiáticos y a Europa para que desistieran de conceder a la bigtech china las licencias de redes 5G. Una estrategia que se sostiene por las firmes acusaciones de ejecutivos de multinacionales occidentales y japonesas, especialmente, en las que se señala a los emporios chinos como dobles agentes de espionaje de secretos empresariales, avances en innovación y know-how de rivales de todo el mundo. Una obligación por imperativo legal. Junto a EEUU, naciones como Canadá, Reino Unido, Japón, Australia o Nueva Zelanda han cerrado sus puertas de entrada al capital de Huawei para el negocio 5G en sus mercados.
Aducen, al unísono, motivos de seguridad nacional, siguiendo la consigna de Washington y todos ellos han puesto obstáculos jurídicos para impedir que el gigante chino de las telecomunicaciones pueda tener acceso a las redes inalámbricas que deben dar cobertura a esta próxima generación de móviles.
Los temores de las potencias industrializadas no son, pues, infundados. El ordenamiento jurídico chino obliga a sus firmas a cooperar con los servicios de inteligencia. Motivo por el que, desde varios think-tanks y cancillerías internacionales, se advierte del riesgo de que empresas como Huawei y ZTE puedan provocar mediante una tecnología, la 5G, que tendrá mayor velocidad de conexión y que demanda un mayor control mediante software de alta innovación y, por tanto, más difícil de vigilar en caso de ataques contra la seguridad o de acciones de ciberterrorismo o acceso sin supervisión a las entrañas de empresas, infraestructuras estratégicas o instituciones estatales. “La preocupación en torno a quién administra la red y de dónde proviene la tecnología digital que las gestionará irá en aumento” cuando se instaure este negocio, admite la consultora Connectivity X. Huawei tiene 180.000 empleados en todo el planeta y, aparte de ser el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones, es el segundo proveedor de teléfonos inteligentes, por detrás de la surcoreana Samsung, y antecediendo a Apple. Este factor de riesgo también tras la orden emitida desde el Pentágono a funcionarios y militares americanos para que no utilicen móviles Huawei ni de otras marcas que lleven software de ZTE. Por indicación del Centro Nacional de Seguridad Cibernética.
Huawei niega que sea una firma estatal. Asegura que su accionariado es cien por cien privado. Pero ocultan la realidad. Nada se hace en China sin la supervisión y vigilancia de los jerarcas del Partido Comunista del país, cada vez con más poder y sin contestación social por las represalias que siempre emplea el Gobierno del país con mayor demografía de la tierra. Por ejemplo, en el terreno de las redes sociales, que no gozan precisamente de un clima favorable a la libertad de expresión.
Europa mantiene un tenso compás de espera. Aunque Alemania se haya inclinado ya por la tecnología Huawei y ZTE. No son muchas las compañías que puedan gastar recursos financieros suficientes para abordar el negocio 5G. La sueca Ericsson y la finlandesa Nokia son dos de sus principales rivales europeos. Además de la surcoreana Samsung y de la japonesa Fujitsu. Y Suecia acaba de vetar al gigante chino. Francia se ha sumado a las directrices de su contraparte del eje europeo, Berlín. De la que se ha desmarcado finalmente -lo anunció en julio- Reino Unido. Pese a que, en enero, limitó la participación de Huawei al 35% de sus redes inalámbricas de 5G. Las espadas siguen, pues, en alto. “Es un asunto de Guerra Fría, una auténtica oleada de decisiones políticas las que subyacen tras las deliberaciones de los distintos países”, explica Oliver Turner, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo. En el caso británico, el viraje del Gobierno de Boris Johnson “obedece también al complejo divorcio de la UE, a los interrogantes sobre el Brexit y a la difícil identidad británica en el futuro orden mundial”. Así como la afluencia de las inversiones internacionales con denominaciones de origen nacionales. Es decir, la batalla por la hegemonía de las grandes potencias emisoras de flujos de capital. En un negocio de alta sensibilidad como la IA. Con China como gran poder emergente. Es un asunto de competencia económica que, a la vez, separa bloques ideológicos de nuevo, enfatiza Turner. A pesar de que Pekín ha sido en el último decenio un inversor esencial en la reactivación de las potencias industrializadas.
La exhibición del músculo geoestratégico del gigante asiático y de sus cada vez más poderosos emporios empresariales y financieros se topa, pues, con una posible regresión de sus posiciones inversoras en países como Reino Unido. Además de tener que abordar el sensible juego de la diplomacia económica con incógnitas complejas. Porque Europa, a la vez que sortea cualquier prohibición a Huawei, señala a China en sus más recientes análisis de política exterior como “un rival estratégico de primer orden”. Contradicción supina que puede explicarse por los ingentes desembolsos de la puesta en marcha de las redes 5G y la necesidad de la UE de hacer volver al multilateralismo al centro de gravedad del orden mundial. Tras cuatro años de proteccionismo unilateralista de la Administración Trump. Y que explica, en cierto modo, que la Comisión haya pedido a los socios de la UE restringir, e incluso excluir, a los proveedores considerados de “alto riesgo” en pleno debate sobre la conveniencia -o no- de que Huawei o ZTE participen en estas infraestructuras claves para la UE. El Ejecutivo comunitario ha rechazado dar nombres, pero ha recomendado a los países que eviten cualquier “gran dependencia en un solo proveedor”. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen ve en la protección de la red de 5G un asunto de la máxima importancia estratégica para Europa, tanto para su mercado único como para su soberanía tecnológica. Una nueva infraestructura que ya ha echado a andar. Porque los socios europeos han asignado el 16% de sus bandas, de las que ya disfrutan 138 ciudades. Bruselas estima que en 2025 el 5G moverá 225.000 millones de euros en todo el mundo.
El trasfondo geopolítico del 5G en materia de seguridad
China no es el único problema del 5G. Bruce Schneier afirma en Foreign Policy que los temores a que los amplios tentáculos de Pekín, a través de sus compañías con proyección internacional, se infiltren en las redes inalámbricas de la nueva generación de móviles y atente contra intereses de seguridad nacional, a través de firmas como Huawei o mediante microchips, software u otros sistemas de programación, están lejos de ser un exclusivo motivo de preocupación. Las posibles vulnerabilidades en los protocolos y estándares tecnológicos del 5G no desaparecerán con las prohibiciones de licencias a las compañías chinas. Ni la necesidad de acertar con los proveedores del hardware y software que requieren estas infraestructuras. Posos de inseguridad que enfocan a las fuerzas del mercado y a su priorización de costes para garantizar la ausencia de ataques o altercados, así como a los gobiernos, incluido el de EEUU, que, además de preservar la propia supervivencia de las redes 5G deben abordar las amenazas contra la seguridad nacional deben regular los beneficios y el valor de las corporaciones que intervengan en este desafío tecnológico y repensar la seguridad y el espionaje cibernético en sus organismos de inteligencia. Porque la encriptación, la autentificación, la protección integral, la privacidad y la eficiencia de las redes tendrán que dar el mismo salto cualitativo que el que protagoniza el tránsito del 4G al 5G en el área tecnológico-digital.
Los protocolos son especialmente complejos de implantar. Entre otras razones, porque marcan la ruta de los datos a lo largo y ancho del planeta. Pero también porque el software modificará dinámicamente la configuración del hardware y, por ende, incrementará de manera notable los puntos vulnerables a los ataques. Aunque, además, porque el trasvase hacia el 5G no libera las vulnerabilidades de la tecnología que ha dominado la última década. Y, sencillamente, sin la eliminación y limpieza de estas anomalías del 4G resulta casi imposible mejorar la seguridad en alguna de las áreas sensibles de la nueva digitalización inalámbrica. O, dicho de otro modo, los hackers seguirán teniendo la habilidad de usar los defectos de los protocolos 4G para persistir en sus maniobras ocultas con el 5G. Para más inri, son muchos los operadores que todavía no han adaptado sus estándares a los dictados de las agencias internacionales de regulación. Bajo el argumento de que eran demasiado caros de instaurar. Es decir, dando prioridad a los costes y la premura de tiempo en lugar de la seguridad. La Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, de hecho, ha acusado en los últimos años intentos de acceso al hardware y el software de sus redes 4G y a las estrategias de innovación y de gestión de sus compañías desde China, Irán, Corea del Norte y Rusia. La llegada del 5G no cambiará substancialmente este modus operandi, dicen los expertos. Para Schneier, Washington y sus gobiernos aliados tendrán que actuar para formalizar normas comunes que minimicen los posibles daños. Dilema que “no sólo será complejo sino, además, caro”. Pero que, sobre todo, exige avances inmediatos, porque la tecnología 5G ya está en movimiento.
NS Tech hace un repaso de la presencia de Huawei en el mundo. América del Sur, África y Asia Central simpatizan con la tecnología del gigante tecnológico chino, donde ya ha realizado test y firmado varios memorándums de entendimiento e, incluso, ha instalado redes 5G. Mientras, en general, en las potencias occidentales predomina la búsqueda de rivales, con implantación de vetos, en aras de la seguridad nacional. La compañía de hardware y semiconductores reconoce que la gran batalla por las licencias se libra en Europa. Al inicio de la Gran Pandemia, antes del tiempo muerto pedido por varios socios de la UE, entre ellos, España, para acometer su táctica definitiva sobre el 5G, Huawei tenía asegurados 91 contratos comerciales de los que 47 fueron firmados con gobiernos europeos. Alemania aún sopesa las reglas operativas, Francia se resiste a cualquier prohibición expresa e Italia acaba de sacar a Huawei de un reciente concurso.
