Lograr una economía descarbonizada requiere electrificación y, por lo tanto, avanzar no sólo en disponer de más generación renovable sino también en que sea posible integrar en el sistema eléctrico la generación renovable y distribuida, el autoconsumo, el vehículo eléctrico y el almacenamiento, además de permitir una gestión activa de la demanda. Todos estos elementos tienen un denominador común: para poder desarrollarse necesitan una red eléctrica tecnológica y digitalmente muy avanzada.
Podemos afirmar que, sin lugar a dudas, las redes de electricidad por sí solas no son condición suficiente pero sí imprescindible, porque son el campo de juego necesario para que se desarrolle el ecosistema de nuevos agentes que aparecerán en escena a la luz de una verdadera transición energética.
España parte con una gran ventaja para acometer esta transición porque su sistema eléctrico, y en particular la distribución, es un caso de éxito a nivel europeo por su robustez, fiabilidad, bajo coste y alto nivel de tecnificación (despliegue de smart meters completado, gran densidad de telecontroles, etc.).
No obstante, los distribuidores deben avanzar aún más en tecnificar la red, en especial la red de media y baja tensión, para dotar al sistema de la flexibilidad que permita integrar recursos energéticos distribuidos, el autoconsumo y la movilidad eléctrica. Y, por otra parte, digitalizar los procesos de explotación de las redes, elemento que será la clave para evolucionar la red desde una plataforma física a una virtual en la que los diferentes agentes puedan interactuar con el distribuidor para optimizar una generación y una demanda cada vez más dinámicas y distribuidas.
Pero esta labor es ingente: los distribuidores gestionamos más de 1.000.000 de kilómetros de redes en España con casi 30 millones de puntos de entrada/salida de energía. Tecnificar y digitalizar este sistema requerirá fuertes inversiones, más de 25.000 millones de euros hasta 2030 según el informe “La contribución de las redes eléctricas a la descarbonización” realizado por Deloitte.
Para movilizar este capital es imprescindible un marco retributivo de la actividad de distribución adecuado, que reconozca el esfuerzo de inversión necesario y su criticidad, y en consecuencia, reconozca una rentabilidad razonable a las inversiones.
Además, el esquema retributivo debe reconocer el perfil de riesgo adicional que tienen las inversiones en tecnología y digitalización, e incentivar la innovación para mantener la industria eléctrica española en la vanguardia.
En este sentido, creo firmemente en que se deben desarrollar mecanismos legislativos que permitan el desarrollo de fintech eléctricas, como mecanismo para pasar lo antes posible de la innovación en el laboratorio a la escala real, sin poner en riesgo el sistema eléctrico.
Invertir en redes es, también, una de las grandes palancas para aprovechar la oportunidad de transformar nuestro modelo productivo al amparo de la transición energética, posicionando nuestra industria eléctrica en la vanguardia mundial en los albores de la electrificación a escala global. Invertir en redes eléctricas es invertir en el futuro de nuestra industria, en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy, apuesta por invertir en las redes y destinará alrededor de 1.000 millones de euros en el periodo 2018-22 en tecnificar y desarrollar sus redes, que dan servicio a más de 3,7 millones de puntos de suministro en España.
En definitiva, invertir en redes de electricidad es imprescindible para construir el futuro descarbonizado que nos hemos propuesto, generando una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país.
