Un factor clave para determinar su importancia es observar cómo los gobiernos han adoptado sus políticas para paliar estos riesgos. El gasto en medio ambiente, la inversión y los impuestos son ejemplos excelentes de esas medidas de mitigación, mientras que el aumento de la proporción de las energías renovables en la combinación energética de un país o la capacidad de economizar recursos también determinan el perfil para moderar sus consecuencias.
En este sentido, los riesgos ambientales y las medidas de mitigación tienen un peso cada vez más importante sobre los ratings soberanos, a medida que los políticos y los inversores se centran en la sostenibilidad como prueba de fuego de las estrategias de crecimiento.
Establecer el vínculo entre los factores de riesgo y las medidas de mitigación tiene varias consecuencias importantes. En primer lugar, nos permite distinguir entre los riesgos fundamentales predeterminados y, sobre todo, los factores de mitigación relacionados con las políticas. En segundo lugar, podemos evaluar la dinámica en las tres dimensiones principales del riesgo ambiental -el coste de la transición a economías con bajas emisiones de carbono, los desastres naturales y el acceso a los recursos naturales- en función de su importancia y de las medidas políticas correspondientes. En tercer lugar, podemos identificar áreas para desarrollar políticas gubernamentales efectivas en el futuro. Esto nos permite establecer los vínculos pertinentes entre el riesgo ambiental y el riesgo crediticio, a saber, la voluntad y la capacidad de un país de hacer frente a sus obligaciones financieras.
Sin duda, esta es también la piedra angular de nuestra metodología actualizada de calificación de crédito soberano en Scope Ratings. Se basa en nuestro enfoque cuantitativo y cualitativo para evaluar la calidad del crédito como agencia europea. Estamos entre las primeras grandes agencias de calificación crediticia en incluir un análisis separado y transparente de los factores ambientales relevantes para el crédito en una metodología de calificación soberana.
La carga fiscal de los riesgos ambientales está ganando cada vez mayor importancia, al menos marginalmente, en los balances de los gobiernos. El coste de los desastres naturales y las inversiones para hacerlos frente, así como la transición para la transformación de las fuentes de energía, suponen un coste para los países en términos de gastos fiscales adicionales directos. Además, también conllevan un coste indirecto por la erosión de los ingresos fiscales a través de las pérdidas económicas que causan a las empresas.
La riqueza de un país no basta para hacer frente a los retos medioambientales
Nuestro último estudio sobre el riesgo ambiental para los Estados de la UE ilustra la delicada interacción entre los riesgos ambientales y la forma en que los gobiernos tratan de abordarlos.
Los Países Bajos e Italia son buenos ejemplos. Ambos países se encuentran entre los más ricos, pero más vulnerables desde el punto de vista ambiental de la UE, si se consideran las tres principales categorías de riesgo ambiental: el coste de la transición a economías con bajas emisiones de carbono, los desastres naturales y el acceso a los recursos naturales. De hecho, nuestra investigación muestra que la vulnerabilidad a los riesgos ambientales es en gran medida independiente de la riqueza, los ingresos per cápita, la geografía y el tamaño de un país.
Sin embargo, Países Bajos e Italia también se encuentran entre los cinco principales países que mejor abordan los riesgos pertinentes a los que se enfrentan -ya sea el aumento del nivel del mar en el caso de los Países Bajos, los terremotos en Italia y los modestos recursos naturales nacionales para ambos- mediante la inversión en infraestructura, impuestos, el gasto público y el desarrollo de la energía renovable.
En cambio, el pequeño pero rico Luxemburgo se enfrenta a un importante desafío en cuanto al coste de su transición a fuentes de energía menos contaminantes, mientras que Grecia y Chipre, económicamente más vulnerables, tienen que hacer frente a los desafíos ambientales que se les plantean.
Los países nórdicos, en particular, Dinamarca y Suecia, se encuentran en una categoría diferente, con políticas sensatas adaptadas a riesgos ambientales relativamente modestos.
Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, tiene un perfil de riesgo y mitigación de nivel medio, en comparación con Francia, que tiene un riesgo moderadamente menor, y España, que tiene un riesgo mayor, siendo la segunda y cuarta economías más grandes de la Unión Europea, respectivamente.
Nuestras conclusiones indican dónde hay margen para mejorar la formulación de políticas. Por ejemplo, los gobiernos de las economías con industrias de alto consumo de energía podrían reducir su huella de carbono sustituyendo las viejas plantas de carbón por una capacidad de generación de combustión menos contaminante, mientras que los países que dependen de las importaciones de energía podrían mitigar mejor los riesgos mediante la aplicación de impuestos y una mayor productividad de los recursos.
Sin embargo, nuestro análisis muestra que los esfuerzos de mitigación están más estrechamente vinculados a la riqueza de los países que a las vulnerabilidades subyacentes. No es sorprendente que descubramos que los países más ricos tienden a gastar más en el medio ambiente que los países de ingresos más bajos.
La urgencia de perfeccionar las políticas es cada vez mayor a medida que la UE -y el resto del mundo- se enfrenta a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del Covid-19. A medida que la UE se prepara para desplegar los fondos del plan Próxima Generación de la UE para la pandemia, los Estados miembros tienen la oportunidad de abordar con mayor eficacia los riesgos ambientales a los que se enfrentan y comprenden las consecuencias para sus finanzas a largo plazo.
