El representante del Ministerio Público Federal de Brasil en el consejo de Competencia del país (CADE), Waldir Alves, ha adelantado su oposición a la compra de los activos móviles de Oi por parte de Telefónica, Claro y TIM, según han recogido distintos medios locales.

Alves, cuya opinión no es vinculante, ha destacado los problemas para la competencia que derivarían de que los tres principales operadores de telefonía del país se hicieran con los activos del cuarto, en un régimen equivalente al concurso de acreedores en España.

No obstante, la opinión de la Fiscalía no es vinculante, con lo que la decisión final sigue recayendo en el Tribunal del Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE), que decidirá sobre el asunto en su sesión de este miércoles.

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La operación está valorada en su conjunto en 16.500 millones de reales (2.782 millones de euros al cambio actual), de los que Telefónica tendrá que aportar 5.500 millones de reales (910 millones de euros al cambio)

A cambio, la operadora recibirá 10,5 millones de clientes y 43MHz de espectro con contratos de uso de 2.700 emplazamientos de acceso móvil.

La operación ha recibido el visto bueno de la Autoridad Nacional de las Telecomunicaciones de Brasil (Anatel), mientras que, en una instancia preliminar, el CADE mostró su predisposición a aprobar con condiciones la compra.

Estas condiciones estarían ligadas a obligaciones mayoristas como firmar acuerdos de 'roaming' con otros operadores regionales o de alquiler de espectro.