Los expertos en materia tributaria –catedráticos y responsables de fiscalidad de compañías nacionales e internacionales y directivos de asociaciones profesionales-  apuestan por una reforma fiscal que mejore la seguridad jurídica, simplifique  nuestro sistema tributario y  rebaje la presión fiscal de empresas y particulares. Así lo refleja el Consenso Fiscal, correspondiente al primer semestre de 2014, que ha elaborado PwC Tax and Legal Services, a partir de la opinión de un panel de más de 100 expertos, bajo el título Un punto de partida para la reforma fiscal.

La seguridad jurídica y la simplificación son dos de las asignaturas pendientes del sistema impositivo español. El 78% de los encuestados asegura que la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario es baja o muy baja, mientras que un  88% lo califica de complejo o muy complejo.  Precisamente, la coexistencia de varios niveles tributarios (estatal, autonómico y municipal) es considerada por el 77% como perjudicial y solo un 2% cree que es ventajosa.  Todo esto hace que en España se necesite emplear -según el 61% de los consultados- más tiempo que en el resto de países de nuestro entorno en cumplir con las obligaciones fiscales, que la influencia de la normativa tributaria en la toma de decisiones empresariales sea alta o muy alta -74%- y poco o muy poco atractiva para el fomento de la actividad empresarial -68%-.

El documento, que evalúa el sistema tributario español como punto de partida para analizar qué aspectos debería abordar la reforma fiscal sobre la que está trabajando el Gobierno,  recoge la opinión mayoritaria de los expertos sobre la necesidad de reducir la presión fiscal en

España y  de mejorar el papel de los impuestos como incentivadores de la actividad económica. El 80% cree que, en general, la presión en nuestro país es alta o muy alta - un 70% estima que seguirá aumentando en los próximos doce meses-. Esta opinión sigue siendo mayoritaria cuando hablamos tanto de la que soportan las empresas -70%- como las rentas del trabajo -96%-. 

El 72% asegura que nuestro sistema fiscal es nada o poco favorecedor de la inversión  empresarial. Una proporción menor aunque  significativa –el46%- tiene una visión pesimista sobre el papel de nuestros impuestos en la internacionalización de las empresas y en la atracción de la inversión extranjera -47%-. En general, más de la mitad de los encuestados prevé que estos aspectos no variarán significativamente en los próximos doce meses.

Respecto al funcionamiento de la Administración en materia tributaria, los encuestados consideran que su nivel de información y asistencia a los contribuyentes es alto o muy alto. Sin embargo, un 79% estima que las inspecciones tributarias son favorables o muy  favorables a la posiciones de la Administración y el 85% dice que la conflictividad fiscal es alta o muy alta.

Precisamente, los expertos señalan  la necesidad de mejorar los sistemas de resolución de conflictos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico y que mayoritariamente -65%- califican como poco o nada efectivos y un 75% estima que serían positivas o muy positivas las instancias arbitrales en el derecho español.

Finalmente, los panelistas no tienen una posición unánime sobre el balance entre  impuestos directos e indirectos en nuestro sistema tributario. Mientras que un 53% cree que los primeros deberían tener más peso, un 47% se inclina por la imposición indirecta.

Las opiniones reflejadas en el Consenso Fiscal  no reflejan la postura de PwC  y se corresponden exclusivamente con las expresadas por el panel de expertos -catedráticos, responsables de fiscalidad de empresas nacionales e internacionales y  directivos de asociaciones empresariales-.

Nota:

1.- El Consenso Fiscal es un informe semestral elaborado por PwC,  a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, seleccionados por su solvencia a la hora de dar una opinión acerca del sistema fiscal español. La encuesta se ha elaborado exclusivamente con las 102 contestaciones realizadas en plazo y correspondientes a los siguientes sectores: empresarios y directivos (63%), universidades y centros de investigación económica (16%), asociaciones empresariales y profesionales (5%) y administración (5%) .

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