La inversión de impacto presenta varias características. Se trata de inversiones que, además de una rentabilidad financiera, también generan un impacto positivo sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Es importante que los efectos ecológicos y/o sociales pretendidos sean parte explícita de la estrategia de inversión. Según la definición de la Red Mundial de Inversiones de Impacto (GIIN), las inversiones de impacto deben cumplir con cuatro requisitos: intencionalidad (debe haber una intención declarada de lograr un efecto claramente definido), causalidad (el efecto deseado debe estar directamente ligado a la inversión), debe ser medible (saber en qué medida se ha logrado un efecto sobre la base de indicadores clave claramente definidos), y debe contar con reportes o informes regulares (el impacto debe ser reportado de forma transparente).
Ahora, ¿cuáles son los efectos que deben lograrse? El consenso actual es que las inversiones de impacto tienen que actuar sobre al menos uno -lo ideal sería sobre varios- de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Estos objetivos, con los que la propia ONU se comprometió en 2015 con la intención de lograr su cumplimiento en 2030, cubren un amplio espectro: desde combatir la pobreza y garantizar los alimentos, la salud y la educación a través de la igualdad de género, suministro sostenible de agua y energía hasta combatir el cambio climático y promocionar la paz.
La cuestión de las rentabilidades sigue ahí. Hay, desde luego, (grupos de) inversores que están dispuestos y pueden anteponer las buenas causas que defienden a las rentabilidades. Sin embargo, esto no aplica a la mayoría de los inversores. La buena noticia es que, según un estudio de la GIIN, la mayoría de los inversores de impacto – más del 90%– afirmó que se habían cumplido o excedido sus expectativas de rentabilidad. Esto demuestra que las inversiones orientadas al impacto pueden cerrar la brecha entre las buenas causas y las rentabilidades.
En el presente, el mercado para dichas inversiones sigue siendo comparativamente pequeño: según las estimaciones de la GIIN, a finales de 2018 el tamaño del mercado era ligeramente superior a 500.000 millones de dólares en todo el mundo. Si se añaden los Bonos Verdes, que no están incluidos en esta cifra debido a su carácter de instrumento de financiación corporativa (y no de inversión) y debido a que con frecuencia no cumplen del todo con los criterios de intencionalidad y, sobre todo, de causalidad, se llega a ligeramente más del doble de esta cantidad, 1,1 billones de dólares. Esto supone menos de un uno por ciento del total de la capitalización del mercado global de renta fija y renta variable. Sin embargo, el volumen ha crecido rápidamente en los últimos años. Y, aún más importante, el potencial es inmenso. La propia ONU asume que para cumplir los 17 SDG en 2030, será necesario invertir varios billones de euros. Es imposible para el sector público hacerlo por sí mismo, es indispensable el compromiso del sector privado.
Debido a este potencial de crecimiento, es esencial establecer estándares elevados para las inversiones de impacto “real”, como los mencionados anteriormente, para minimizar el riesgo de “ecopostureo” (o “greenwashing”). En un entorno tan dinámico, existe el peligro de que las inversiones tradicionales puedan simplemente etiquetarse como “inversiones de impacto” para beneficiarse de sus atributos positivos y buena imagen. Así, se corre el riesgo de decepcionar a los inversores; en el peor escenario, toda una clase de activos y estrategias podría quedar desacreditada ante el cliente. Para impedir esto, no deberían hacerse concesiones en la selección de los objetivos de inversión y en los criterios de cuantificabilidad y transparencia.
¿Cómo puede implementarse esto en términos concretos?
Veamos algunos ejemplos: tras lanzar tres fondos para invertir en energías renovables que se cerraron con éxito, Allianz Global Investors lanzó este verano el fondo Allianz Impact Investment Fund (AIIF), sólo para inversores institucionales. Este fondo invierte en renta variable y deuda de proyectos y compañías que tienen una variedad de impactos medioambientales y/o sociales. Además de los análisis financieros estándar, al fijar los objetivos de inversión se incluyen indicadores clave (KPIs) frente a los que se pueden medir los efectos de forma constante, y se establece la forma y frecuencia en que se debe proporcionar la información extra financiera. La gama de posibles proyectos es amplia: desde microfinanzas y vivienda social a agricultura sostenible, reforestación y eficiencia energética.
Desde la perspectiva de los inversores institucionales europeos que deben cumplir con Solvencia II, hay una faceta adicional interesante: con su foco en las inversiones de impacto en los países de la OCDE, el fondo intenta lograr una rentabilidad ajustada a riesgo que también sea atractiva desde una perspectiva de consumo de capital. Con un plazo de diez años, más una opción de ampliación de dos años, puede también contribuir a la gestión de activos y pasivos.
Para apoyar inversiones de impacto en los mercados emergentes, que se necesitan de manera urgente, es importante movilizar el capital de inversores privados regulados, como las compañías de seguros o los fondos de pensiones. Una forma viable de hacerlo son las asociaciones (de inversión) público-privada, conocidas a menudo en el sector como “financiación mixta” y un área donde Allianz Global Investors se ha convertido en un auténtico líder. Asociarse con instituciones públicas reduce el riesgo de inversión y los costes de capital de solvencia para los inversores privados. Un ejemplo de este tipo de proyecto es la iniciativa “Africa Grow”, anunciada en Alemania a mediados de noviembre. Dentro de esta iniciativa, un vehículo de fondo de fondos invierte dinero del Ministerio Federal Alemán de Cooperación y Desarrollo, KfW DEG y Allianz en fondos privados de venture capital de África. Estos, a su vez, financian pequeñas y medianas empresas y start-ups africanas, promocionando así el desarrollo social y ecológico.
Algunos pueden preguntar ahora de qué oportunidades de inversión disponen los inversores particulares. Debido a sus características – fondos de capital cerrado, vencimientos largos – los vehículos descritos anteriormente no están abiertos a las inversiones directas de inversores particulares. Sin embargo, este grupo de inversores tiene a su disposición, por ejemplo, entrar en el mercado de bonos verdes. Los bonos verdes son bonos emitidos por compañías o instituciones públicas para financiar proyectos medioambientales bien definidos y que están sujetos a unos estrictos requisitos de transparencia y de reporting: los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA).
En resumen: mirando a las inversiones de impacto, la inmensa necesidad mundial de financiación se está encontrando con una disposición a invertir cada vez mayor, no sólo para generar rentabilidades aceptables sino también para conseguir un impacto positivo. Esto está sucediendo en un momento en el que cada vez más compañías reconocen la necesidad de asumir responsabilidad ante el conjunto de la sociedad, además de perseguir sus propios intereses y los de sus accionistas. Por lo tanto, cada vez se van a integrar más las consideraciones de impacto en todas las decisiones de inversión. Mirando hacia el futuro, las inversiones de impacto pueden por lo tanto impactar la propia inversión, con el potencial de convertirse en el segmento de inversión del futuro.
