Las fusiones de cajas provienen “de la situación de endeudamiento al que habían llegado y que prácticamente situaba a algunas en la quiebra, en muchos casos por negocios de financiación a promotores”, justifica Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, cajas de ahorros y seguros), quien defiende que “los usuarios deberíamos conocer la situación real de cada caja para pedir responsabilidades porque no son entidades privadas ni públicas, si no sociales, por lo que no tenían que haber llegado a tener agujeros”. Por ello, cree que “tirar encima créditos del Estado, como el FROB, no es conveniente y podría hacer que se volviera a repetir el caso en las nuevas entidades fusionadas”.
Los Sistemas Institucionales de Prevención (SIPs), también llamados fusiones frías son uniones sin fusión, es decir, “un banco funciona de paraguas para las cajas de la unión y se rompen las fronteras de las Comunidades Autónomas. Cada caja conserva su autonomía y su territorio de actuación, pero tienen a la fusión”, explica Pardos.

El experto adelanta que asistiremos a gran número de despidos de empleados ya que “los bancos y sobre todo las cajas, habían obrado poco razonablemente en la extensión de sucursales, ya que ponían sucursales por varias provincias haciendo competencia a la de la propia provincia, etc. y ahora las fusiones llevarán al cierre de muchas sucursales que no eran necesarias”.

Pardos defiende que “si los bancos y cajas no dan créditos, se debe solucionar porque, si no, no se sabe para qué sirven. Se han buscado soluciones muy raras, se han creado productos complicados para el cliente, por lo que tiene que cambiar el apoyo que el Banco Central Europeo y el Gobierno han dado a España”. Los fondos aportados a las cajas “deberían transformarse en créditos para las personas y servicio al cliente y, en vez de eso, lo que están haciendo es utilizarlo para sanearse”.

Las cajas sociales tenían hasta el 30% de representación de sus usuarios en sus órganos de gobierno pero, “esta representación no ha funcionado muy bien y al final los políticos eran los que manejaban las cajas” pero, en esta nueva fase, en ADICAE “esperamos que se mejore esta representación de usuarios, siendo las asociaciones de consumidores y usuarios los que la personalicen”.

 

Con respecto al FROB Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, cajas de ahorros y seguros), comenta que “la situación de muchas cajas era de quiebra, por lo que su saneamiento requería mucho dinero, se preveía hasta 100.000 millones y las primeras aportaciones del FROB, más de 11.000 millones, han sido poco, por lo que va a hacer falta más dinero cuando los tests de stress reflejen la situación de cada entidad”. Estos préstamos del Estado deberán ser devueltos a 5 ó 7 años al 7,75% de interés, algo que dudan en ADICAE pero, al menos, esperan que “se hagan cosas productivas con ellos”.

El deseo de ADICAE con respecto a la Ley Lorca es que hubiera sido aprobada como proyecto de ley y les ofrece muchas dudas porque “las cajas son patrimonio social y que esta ley permita que el 50% de ese patrimonio se pueda sacar en cuotas participativas es un eufemismo para no llamarlas acciones”. Pardos cree que lo que van a hacer es “politizar, privatizar y expropiar ese patrimonio para sanearlas, pero no para invertirlo en obras sociales, como ha sido el cometido de las cajas siempre”.

Pardos considera que “la crisis financiera se ha ocultado mucho, el Banco de España ha sido muy secretista con la situación y ahora, con los tests de stress se verá”. Como la pescadilla que se muerde la cola, “el problema del paro es grande y, sin crédito no puede haber empleo y sin empleo no hay ahorro y sin ahorro los usuarios no pueden vivir o tienen que tirar de los subsidios, y todo esto se va a descubrir”.