Las claves para el FMI siguen siendo: proteger las rentas de los agentes, especialmente de los grupos más vulnerables, y evitar que el 'shock' se amplifique a través del canal financiero. Aparentemente, la mejora de las previsiones de crecimiento para este año de la economía mundial (-4,4% frente al -5,2% anterior) supone una visión algo más optimista sobre el corto plazo, gracias al arsenal de medidas anticíclicas puestas encima de la mesa por parte de bancos centrales y gobiernos que se ha traducido en unas proyecciones más positivas para la segunda parte del año.
Pero la realidad es que la mayor parte de esta revisión al alza para 2020 proviene de las mejores perspectivas para grandes economías como EEUU (+3,7 p.p. hasta el -4,3%), China (+0,9 p.p. hasta el +1,9%) o Alemania (+1,8 p.p. hasta el -6%) que han tenido más capacidad de respuesta ante el "shock". Por tanto, la recuperación será incierta (ya hemos visto esta semana un aumento de las restricciones en Europa) y desigual, pues afectará más a los países emergentes que a los países avanzados y, entre estos últimos, el peor comportamiento será el de economías con mayor peso del sector turismo y, por tanto, más afectadas por las medidas tendentes a reducir el contacto social.
Para la economía mundial, la pérdida de PIB acumulada en 2021 y 2022 ascenderá a 11 billones de dólares respecto a la tendencia de crecimiento anterior a la crisis (28 billones si el cálculo se extiende hasta 2025). Intentar reducir esa pérdida al máximo y repartirla de la forma más equitativa posible es la principal tarea para los próximos años. Para ello, el FMI demanda: i) una mayor coordinación internacional, tanto en política sanitaria, como en política económica; ii) acelerar los programas de inversión pública en digitalización y transición energética; y iii) no frenar el proceso de transición hacia los nuevos sectores donde se concentrarán las ventajas competitivas en la próxima década.
Por tanto, una vez que se ha afrontado la primera oleada de la crisis, se debe ir pensando en políticas innovadoras, menos transversales y más focalizadas para facilitar la reasignación de los recursos desde sectores con probabilidad de contraerse a largo plazo hacia sectores de crecimiento. El apoyo a la reasignación también requerirá medidas para acelerar los procedimientos de quiebra y los mecanismos de resolución, con el fin de afrontar con eficiencia las insolvencias de las empresas.
Pero también las políticas deben diseñarse con la vista puesta en situar las economías en trayectorias de crecimiento que sean más fuertes, más equitativas y sostenibles en el tiempo. El estímulo de política monetaria a escala mundial, si bien considerado por el FMI como fundamental para la recuperación, debe complementarse con medidas para evitar la acumulación de riesgos financieros a medio plazo. Al FMI le preocupa el deterioro estructural de la solvencia en el medio plazo que pueden haber provocado las medidas tendentes a facilitar la liquidez en los últimos meses, así como la disociación que se está produciendo entre el comportamiento de los mercados financieros y la economía real.
Posible escenario de vulnerabilidad
Si la recuperación se retrasa o se revalúa la capacidad de la política económica para reconducir la situación, podría producirse un aumento de la inestabilidad financiera. Por tanto, el escenario es de riesgo contenido, pero todavía de una elevada vulnerabilidad, especialmente en las instituciones financieras no bancarias y en los soberanos con acceso limitado a los mercados, según el Informe de Estabilidad Financiera.
No en vano, el necesario gasto fiscal va a situar el déficit público en niveles inimaginables hace 7 meses: Canadá (19,9% del PIB), EEUU (18,7%), Reino Unido (16,5%), Japón (14,2%) o España (14,1%). A raíz de la última crisis, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart defendieron que niveles de deuda pública superiores al 90% del PIB podrían constituir una amenaza sobre el crecimiento potencial de los países. Es cierto que los tipos de interés naturales (tipos reales consistentes con una situación de pleno empleo) se han desplomado desde entonces, lo que puede limitar los daños, pero la realidad es que, según el FMI, el nivel medio de deuda pública mundial ya está en el 100%, con buena parte de la OCDE (incluida España) en la zona del 120%/130% del PIB. Es decir, los tesoros públicos deben 80 billones de dólares, lo que significa que cada ciudadano del mundo tiene una deuda de 10.000 dólares, y sólo el año que viene hay que refinanciar 14 billones de dólares.
Por tanto, aunque el FMI piensa que la situación no es tan preocupante para países con acceso a los mercados, no parece tan fácil la vuelta a la estabilidad fiscal cuando los déficits públicos estructurales ya están en la zona del 6%/7%, por mucho apoyo que tengan los Tesoros por parte de sus respectivos bancos centrales (esta semana hemos visto niveles mínimos históricos en la rentabilidad de la deuda pública italiana). Sólo entre marzo y septiembre el BCE ha comprado bonos públicos por valor de 636.000 millones (1,1 billones en el caso de la FED), una intensidad que, en algún momento, se tiene que moderar. En el caso de España, el FMI anticipa que en 2025 nuestro déficit público será del 4,4%, el déficit estructural se situará en el 4,7% y el saldo primario seguirá siendo negativo (-2,1%). Mientras, la tasa de paro seguirá estando algo por encima de la existente antes de la crisis (14,2% de la población activa).
Como afirmaba esta semana The Economist, la pandemia conllevará por un lado economías más digitalizadas, pero también un mundo menos globalizado y con mayores niveles de desigualdad, entre países y, también, dentro de cada nación. Los jóvenes, los trabajadores con menos formación y las empresas de pequeño tamaño con menos acceso a fuentes de liquidez serán especialmente vulnerables al nuevo escenario. ¿Y quiénes serán los ganadores en este río revuelto? De momento, China y las grandes empresas tecnológicas. Un resultado poco tranquilizador.
