Se retrasa el momento de despegue de la economía, muy ligado al avance en la vacunación, aunque el punto de llegada no cambia en demasía, pues se estima una recuperación de los niveles de PIB perdidos a finales de 2022.
Sin embargo, países como España e Italia deberán esperar hasta 2023 para volver a la producción de bienes y servicios de finales de 2019, pese a la mejora de las previsiones de crecimiento para nuestro país, tanto en 2021 (5,6% frente a 5,4%), como en 2022 (5,3% frente a 4,8%).
Esa asimetría de la recuperación puede ser uno de los principales riesgos de cara a los próximos 18 meses, cuando además se va a reformular todo el marco de la política económica en Europa, tanto por la revisión estratégica del BCE, como por la actualización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Finalmente, entre los riesgos del escenario, Bruselas alerta del posible aumento de las quiebras empresariales, especialmente en los sectores más afectados por las restricciones (recreativos, hostelería o restauración); no en vano, el Banco de España recordaba esta semana que el 40% de las empresas se encuentra en una situación financiera vulnerable (27 puntos más que un año antes).
Más interesante es la visión de medio plazo que incorpora el Monitor Fiscal publicado por la Comisión Europea. Una vez abierto el debate sobre una posible condonación de la deuda pública en manos del BCE, desde Bruselas nos recuerdan la magnitud del problema fiscal que deberemos afrontar el día después de la pandemia y, por tanto, la necesidad que tendrán buena parte de los países de la UEM de seguir recibiendo la respiración asistida del BCE. En el caso de España, se valora la posición fiscal como de elevado riesgo a corto y medio plazo y de riesgo medio a largo plazo. Esto es así, porque en el escenario central, la deuda pública española seguirá creciendo durante toda la década y alcanzará el 141,2% del PIB en 2030, 20 puntos más que el nivel actual. Entre otras razones, porque el saldo público primario de España no logrará equilibrarse a medio plazo, pues desde un máximo del -9,9% el pasado año, sólo a partir de 2025 comenzará a bajar de una forma relevante (-4,7%), aunque hasta 2031 no será inferior al 2%. En la misma línea, se estima que el déficit primario estructural se situará, en media, cerca del 3% a lo largo de esta década.
Mención especial merece el apartado de crecimiento potencial pues, según los cálculos de la Comisión Europea, en el caso de la economía española no se moverá del 1% hasta 2031, lo que en buena parte explica las dificultades para conseguir un cambio de tendencia en el comportamiento de la deuda pública. Por tanto, cuando termine la crisis, España afrontará un problema de bajo crecimiento potencial que afectará a la sostenibilidad fiscal. Eso implica la necesidad de conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los fondos procedentes de Europa y de acompañarla tanto de las reformas económicas, tantas veces postergadas, como de un plan de sostenibilidad fiscal. Mientras tanto, hay que cruzar los dedos para que el BCE siga manteniendo unas condiciones financieras tan favorables como las actuales. Sólo algunos datos para recordar como la autoridad monetaria europea nos ha hecho la vida más fácil en la última década: el tipo de interés medio de la deuda en circulación española se situaba en 2012 en el 3,90% y, actualmente, está en el 1,85%, mientras el coste medio de emisión pasaba del 3% en 2012 al -0,08% actual. El resultado es que estamos pagando por el servicio de la deuda prácticamente la misma cantidad que hace 8 años, cuando el stock ha aumentado en casi medio billón de euros. De momento, el debate sobre la condonación de la deuda en poder del BCE ha sido ignorado por el mercado, a la vista de la ausencia de reacción de los tipos de interés interbancarios y de la deuda pública durante esta semana. Otra cuestión será su influencia en el debate sobre el futuro de los programas de compra de activos, teniendo en cuenta las reticencias que provocan entre varios miembros del Consejo. La clave es si se terminarán incorporando o no a los instrumentos convencionales de política monetaria.
