Los inversores extranjeros ven cada más atractiva la bolsa española y en 2017 llegaron hasta máximos históricos con la posesión del 46% del capital cotizado, según los datos que recoge Bolsa y Mercados Españoles (BME). Hablamos de todo ello con Javier Garrido, subdirector del servicio de estudios de BME.

Repasando un poco las cifras del informe de BME la inversión extranjera en la bolsa española ha ido avanzando con un crecimiento del 3% en el último año, un 9% en la última década. ¿Qué conclusiones sacan de estas cifras?

 

 

Este es un estudio que actualizamos anualmente con datos de las cuentas financieras del Banco de España y algunos ajustes, y lo que se observa en los datos es muy satisfactorio en el sentido de que la apertura de la economía al capital extranjero está funcionando y el atractivo de las empresas española sigue siendo muy elevado.

 

 

El dato que sale de inversión extranjera a cierre de 2017 que es el 46%, casi la mitad del valor de la Bolsa española está en manos extranjeras, que son alrededor de entre 15 y 20 puntos más que hace dos décadas, es muy importante y deja ver que el desarrollo de los mercados y la valoración que el capital extranjero hace de las acciones españolas en el mundo es muy importante.

 

 

Otros propietarios importantes de las empresas cotizadas son las familias con un 20% del capital, ¿qué lectura saca de este dato?

 

 

Las familias son un agente estratégico históricamente en la propiedad de acciones de la Bolsa española. Ha bajado ligeramente con respecto al año anterior aunque su riqueza (por el doble juego del incremento del valor de los activos y el desendeudamiento ´que ha seguido está en máximos históricos) sigue siendo el segundo agente más relevante en la Bolsa española.

 

 

Normalmente es unos puntos superior al promedio europeo. En este sentido, el siguiente sector con peso son las empresas no financieras. Luego ya, a distancia, le siguen las instituciones de inversión colectiva con un 8% (aunque han crecido tres puntos en los últimos años) y por último, la banca y las administraciones públicas que tienen un 3% cada uno.

 

 

Todos estos datos son de 2017, un año en el que la bolsa española tuvo un mejor comportamiento que en este ejercicio. ¿Cree que este 2018 los inversores extranjeros han retirado capitales para fijarse en otras regiones?

 

 

No tenemos datos elocuentes al respecto. Nuestra impresión es que no ocurra así, porque lo que hay es una inquietud generalizada por la situación tanto económica como geopolítica internacional con muchas fricciones e incertidumbres.

 

 

Lo que sí que vemos, a través de la participación y los volúmenes que se negocian, es que los microdatos internos que tenemos sugieren que eso no es así y cerca del 80% de la negociación de los valores españoles se sigue haciendo en el extranjero. Aunque pueda haber reasignaciones entre los gestores de inversión de unos valores u otros en función de expectativas sectoriales, entendemos que no hay un impacto especial sobre la propiedad de las acciones.

 

 

 

 

Desde BME están alertando del impacto que puede tener en la bolsa española la aprobación de la tasa Tobin en España y del impuesto a la compraventa de acciones. ¿Tiene calculado el impacto económico que puede tener?

 

 

Desafortunadamente para nosotros, y creemos que para la economía española y, en general, para el proyecto europeo es una mala idea. Decisiones de este tipo como un impuesto a la transacciones financieras de manera literal perjudicaría a los inversores y a las empresas españolas.

 

 

No tenemos calculado el impacto pero por experiencia de otros países que lo han realizado hay un impacto evidente sobre los volúmenes de negociación. Perjudica los esfuerzos que se han hecho de transparencia porque solo se gravarían las acciones de un tamaño, las más negociadas, en los mercados más transparentes que son los que de alguna manera gestiona BME y son los que desde Europa se intentan promover fundamentalmente desde la crisis financiera… y todos los estudios y análisis sobre los impactos sugieren que tiene un impacto económico neto al final negativo.

 

 

Es decir, que puede tener un efecto recaudatorio muy limitado, muy inferior al proyectado y, por supuesto, que genera inequidad, ineficiencia y un efecto expulsión de capitales y de valores de empresas que, a lo mejor deciden listarse o toman decisiones de localización en otros países que están exentos de ese impuesto.

 

 

Entendemos que, en una estructura actual de un proyecto europeo impulsor de la unidad de los mercados, cualquier acción lateral que genere falta de neutralidad es negativa para los inversores, para las empresas y para la economía, al final.