La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debería "sistematizar y publicar" la información existente sobre la ejecución definitiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por parte de las administraciones territoriales y otras entidades públicas implicadas en su gestión.

Fedea ha advertido en su último boletín de seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de Recuperación de que existe "muy poca información" sobre lo que ocurre con la parte de los fondos que se transfieren a otras administraciones o entidades públicas para su ejecución definitiva porque éstas --incluyendo las integradas en el sector público estatal-- no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle que la Administración General del Estado.

Y es que, según apunta el informe, los datos de ejecución presupuestaria que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publica mensualmente dan una buena idea de lo que el Estado hace en primera instancia con los fondos del MRR que, en su práctica totalidad, se integran inicialmente en sus presupuestos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los fondos que se transfieren a otras administraciones o entidades públicas.

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE REPRESENTAN UN TERCIO DEL GASTO PREVISTO

De acuerdo con los datos recogidos por Fedea, hasta el momento, se han puesto en marcha programas y proyectos que representan aproximadamente un tercio del gasto previsto, pero con diferencias importantes entre rúbricas.

Las más avanzadas son educación y formación, transición energética y otras ayudas sectoriales, con "tasas de arranque" superiores al 40%, y las más retrasadas las infraestructuras de transporte y actuaciones medioambientales, con menos del 20%.

Con cargo a los 24.000 millones de fondos del MRR presupuestados para 2021, durante el ejercicio se han ejecutado 20.000 millones. Una parte importante de esta cantidad, sin embargo, corresponde a transferencias del Estado a organismos y entes públicos o a comunidades autónomas que proseguirán el proceso de tramitación de los fondos europeos hasta llegar a aquel agente que, en última instancia, se ocupe de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes.

De acuerdo con la IGAE, en 2021 el Estado ejecutó definitivamente gastos por un importe total de 805 millones de euros, lo que supone un 27,2% del total de 2.964 millones de fondos del MRR que gestionaba directamente. También ejecutó provisionalmente un total de 19.200 millones, que se han transferido a otras entidades y administraciones para continuar su tramitación. "Sobre el grado de ejecución final de estos fondos prácticamente no existe información", ha lamentado la Fundación.

No obstante, puesto que estas administraciones y entidades inician su parte de los trámites más tarde que el Estado, Fedea considera que el grado de ejecución final de los fondos que gestionan no será superior al de éste.

Bajo este supuesto, la Fundación aplica la tasa de ejecución definitiva del Estado (el 27,2% a finales de 2021) al total de gasto presupuestado en el ejercicio (24.087 millones) para obtener una estimación, que seguramente habría que considerar de máximos, del gasto final que se ha ejecutado con cargo al Plan de Recuperación. La cifra así obtenida ascendería a 6.545 millones de euros.

INEQUIDAD ENTRE PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES Y DE EMPLEO

A un ritmo menor que el del trimestre anterior, Fedea considera que durante los primeros meses de 2022 se ha seguido avanzando en la tramitación de algunas de las principales reformas previstas en el Plan de Recuperación, "generalmente con poco acierto".

En materia de pensiones, la actividad legislativa se ha centrado en los sistemas de previsión social complementaria. A finales de febrero, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo en el que se crea una nueva categoría de fondos y planes de pensiones de promoción pública que se espera ayude a extender la cobertura de la protección social complementaria a través de la negociación colectiva.

Fedea considera que la estrategia adoptada para conseguir reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones resulta "cuando menos cuestionable", ya que se ha optado, en particular, por reforzar los planes de pensiones de empleo a expensas de los planes individuales, concentrando en los primeros los incentivos fiscales al ahorro previsional en detrimento de los segundos.

"La asimetría de trato entre ambos tipos de planes plantea serios problemas de equidad y no está claro que aporte grandes beneficios, por lo que convendría corregir el tiro y dar un tratamiento más equilibrado a dos instrumentos complementarios que siguen siendo necesarios para cubrir distintos segmentos de la población", ha instado la Fundación.

VE "CONTRAPRODUCENTES" ALGUNAS MEDIDAS DE LA LEY DE VIVIENDA

También en febrero, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Sobre el texto, Fedea cree que incorpora también algunas disposiciones que pueden ser muy "contraproducentes".

Entre ellas, la Fundación destaca que la introducción de medidas de control de alquileres en áreas consideradas "tensionadas" por las administraciones locales o regionales es una medida que "inevitablemente" tenderá a agravar los problemas de oferta que el Gobierno busca aliviar.

Otra parte cuestionable del texto, según Fedea, es la que busca "dar contenido" al derecho a la vivienda recogido en la Constitución. En ella se introducen algunas disposiciones que tienden a aumentar la inseguridad jurídica que los propietarios de vivienda ya sufren, desincentivando así la inversión y limitando aún más la oferta de vivienda de alquiler.