Desde hace años se reconoce que la economía de mercado no tiene más rivales que sus propios excesos. La economía planificada ha mostrado un sombrío panorama.
Se admite con generalidad que las decisiones libres de los actores en una economía de mercado, producen una eficiente asignación de recursos que termina favoreciendo a los propios actores y a la población en general. Ello es así, debido a las consecuencias que tienen las decisiones individuales en el marco legal que ampara la economía de mercado. Consecuencias positivas o estímulos: por ejemplo no se van a confiscar los bienes de alguien porque trabaje mucho o gane mucho. También consecuencias negativas: por ejemplo la ley contempla recargos, sanciones y responsabilidades por incumplimientos, tanto en el sector privado como en el público.

Por lo tanto, solo es preciso limitar los excesos que el libre mercado pueda producir a través de una política fiscal justa y una atención pública a las necesidades básicas de la población, con acciones especiales para los menos favorecidos del sistema. Lo que se ha venido en llamar una economía social de mercado. Lo que no estaba previsto en las “reglas de juego” de la economía de mercado es que se “eliminases o disimulasen” sus propios controles. Es decir, aparentemente, no han funcionado en algunos casos y países los propios mecanismos de autocontrol de la economía de mercado. Algo que no era de esperar.

El control contable

En una economía de mercado, tanto el sector público como el privado deben emitir información periódica que refleje la marcha de sus finanzas. Las distintas administraciones del sector público, por ejemplo, informan del crecimiento del PIB, de la tasa de desempleo, del déficit fiscal, etc. Por su parte las empresas, presentan sus estados financieros reflejando su situación económica y financiera.

Para que la economía de mercado funcione y se puedan tomar medidas correctoras a tiempo, es necesario que dicha información sea objetiva y que se presente a tiempo. A su vez, para que sea objetiva, la información debe basarse en métodos de cálculo predeterminados.  Sin embargo, en los últimos años hemos podido observar con asombro -no solo en España- que muchas entidades privadas han presentado resultados muy positivos que han dado lugar a importantes dividendos, bonus de directivos, prejubilaciones, jubilaciones, indemnizaciones, etc., cuando posteriormente se ha podido verificar que los resultados positivos en los que se basaban tales decisiones, no eran ciertos. No se habían aplicado correctamente las normas contables.

Con no menor asombro, hemos podido conocer que se han cambiado sobre la marcha los criterios para medir el desempleo u otra variable importante de responsabilidad pública. A veces, se ha procedido de manera más burda aún: se “han dejado las facturas en el cajón” para no mostrar un déficit creciente. Resultado: las cifras de déficit no eran correctas.

Eso no es economía de mercado.
El control financiero

Como elemento de control adicional, tanto en el sector público como en el privado, podemos identificar los aspectos financieros: el cobro de los derechos y el pago de las obligaciones. Se trata de un segundo control muy importante, ya que, aunque el control contable falle, después aparecerá “la verdad” como consecuencia de las dificultades de tesorería.

Por ejemplo, aunque las administraciones púbicas metan las facturas en el cajón, cuando llegue el vencimiento, tales facturas hay que pagarlas, se hayan computado previamente en el déficit o no, dando lugar a necesidades adicionales de tesorería que serán la evidencia de la inadecuada contabilización precedente. Otro ejemplo en el sector privado: aunque una empresa no haya contabilizado un deterioro de sus activos, si tiene que venderlos a su verdadero precio para hacer frente a sus obligaciones, aparecerán nuevas necesidades de tesorería que “desvelarán” la inadecuada contabilización precedente.

Sin embargo, con asombro todavía mayor, de repente nos enteramos que el control financiero tampoco ha funcionado. En el sector público conocemos que algunas facturas no solo se metieron en el cajón para no contabilizarlas antes de ser pagadas, sino que, llegado su vencimiento, tampoco se han hecho efectivas. El incumplimiento de pago con proveedores ha sido clamoroso, siendo en algunos casos muy notorio mediáticamente como los casos de las farmacéuticas, pero los proveedores “damnificados” con el impago han sido muchos más.  Adicionalmente, en algunas administraciones, se han creado empresas públicas, otro método de obtener financiación adicional que puede enmascarar las necesidades financieras del sector público y sus posibles efectos sobre el déficit.

Paralelamente, en el sector privado, de repente, nos enteramos que determinados criterios contables aplicados a ciertas entidades financieras, permitían no reconocer el deterioro de algunos activos (ahora llamados tóxicos) simplemente aplicando el truco de facilitar una refinanciación bancaria.
Esto no es economía de mercado.

Las consecuencias

Muy posiblemente, las actuaciones precedentes se han llevado a cabo con el convencimiento de que las consecuencias negativas personales que este proceder pudiera conllevar no harían que la “sangre llegue al río”. Aparentemente, de momento, parece que dicho convencimiento anterior no era infundado. Es posible que la famosa frase “demasiado grande para quebrar” haya llegado y calado en diversos sectores, tanto públicos como privados, con la conclusión siguiente: si la dimensión del problema es suficientemente grande, más importante y urgente que identificar a los culpables será resolver la situación cuanto antes por parte del gobierno.
En este contexto, podemos recordar titulares impactantes:

(a) “El gobierno crea un Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores por un importe de 30.000 millones de euros”. 1
(b) “El gobierno crea un banco malo para recoger activos tóxicos de la banca” 2
(c) “España pide un rescate de hasta 100.000 millones para la banca” 3

Todas estas medidas tomadas por el gobierno y otras muchas, muy probablemente, son imprescindibles. Sin embargo, la prima de riesgo –con un nivel actual completamente insostenible- no acaba de caer. ¿Cuál puede ser la causa? En este trabajo se sugiere que la causa pude ser la falta de información.

La realidad es que tanto el gobierno como el Banco de España están dando muestras de corregir las deficiencias apuntadas. También están explicando la necesidad de las medidas que se están tomando. Sin embargo, probablemente, no se han explicado suficientemente las causas que provocaron las distorsiones mencionadas. No estamos hablando de decisiones políticas más o menos desacertadas que se hayan podido tomar, sino de incumplimientos de la legalidad (normativa contable, ley de morosidad, etc.) insuficientemente explicados.
Información pendiente

Respecto a la falta de contabilización y pago de las facturas del sector público, cabe preguntar respecto a cualquier administración que haya incurrido en ella: ¿Se han pagado todos los sueldos sin retraso? ¿Se han pagado los gastos de viaje y representación a tiempo? ¿Todos los proveedores tenían el mismo retraso de pago? Es decir, ¿no había ningún proveedor que cobrase puntualmente? En el caso de que el retraso de pago no fuera igual para todo el mundo, ¿quien decidía las facturas que se dejaban en el cajón y las que se contabilizaban? ¿Quién decidía qué facturas de proveedores se pagaban y cuales no?

En cuanto al sector privado, ¿por qué se permitió que algunas entidades financieras no tuvieran que contabilizar el deterioro de sus activos por el mero hecho de realizar una refinanciación, en algunos casos sin garantías suficientes? 4 ¿Por qué algunos clubs de futbol tienen pagos pendientes retrasados con Hacienda y con la Seguridad Social? 5

Las consecuencias en la economía de mercado

Es frecuente estos días leer, oír y ver en los medios de comunicación, frases tales como: “En España existe una “cultura de pago” de las hipotecas”. ¿Es por casualidad? ¿No será por las consecuencias del impago que se pretenden evitar? ¿No se considerarán muy duras tales consecuencias cuando ahora se quieren suavizar en algunos casos de necesidad relacionados con desahucios?

En la hoja de pago de algunos impuestos figura un texto: “El pago no libera de la deuda si se efectúa con posterioridad a la fecha límite señalada en el documento”. Otro caso en el que se pueden ver con claridad los elementos disuasorios de un impago o un pago retrasado por parte de un contribuyente normal. ¿Por qué no existen consecuencias de parecido o mayor calado para los incumplimientos de una administración, un club de futbol, una entidad financiera, una empresa grande, un partido político, un sindicato, etc.?
Esto no es economía de mercado.

Si la obligación de informar y pagar no es igual para todos, la economía de mercado no funciona, quiebra. Se dibuja una sombra de impunidad altamente dañina. Al no funcionar, los requisitos de que además sea social también se resquebrajan. Si algo no funciona, no puede cumplir con sus propios fines y, menos aún, con sus fines añadidos.