A razón de esta polémica estos días se está hablando mucho del principio de ordinalidad de las comunidades autónomas en lo que se refiere a su financiación. Pero en pocas ocasiones he escuchado una explicación de lo que es este principio y cómo se debe aplicar. ¿Es justo? ¿Y sostenible? ¿Y qué consecuencias tendría aplicar este modelo solo para Cataluña?

En términos sencillos, el principio de ordinalidad establece que una comunidad autónoma que más aporta al sistema de financiación (es decir, que genera más ingresos) no debería perder su posición relativa tras el proceso de redistribución. Que la solidaridad entre regiones no debería alterar el orden (la ordinalidad) de las comunidades en términos de recursos per cápita antes y después de pasar por los mecanismos de nivelación. Es decir, si Cataluña está entre las regiones que más aportan, también debería estar entre las que más reciben después de la redistribución.

La lógica parece impecable. Pero también lo sería decir que Juan Roig, por ser multimillonario y pagar más impuestos, debería recibir más educación pública, más carreteras y más policía que alguien que cobra el salario mínimo, porque aporta más. Aquí se ve claro que hay algo que falla. Y es que, en realidad, esto rompe la naturaleza redistributiva del sistema. El objetivo no debería ser el premiar al que más tiene, sino garantizar servicios públicos equivalentes en todo el territorio. Eso sí, salvando el principio de ordinalidad en lo que realmente es.

El sistema de financiación autonómica español está lejos de ser perfecto, muy lejos. De hecho, comunidades como Andalucía llevan años reclamando una reforma que corrija sus problemas de infrafinanciación. Pero una cosa es reformar el sistema con criterios de equidad y eficiencia y otra, muy distinta, es abrir la puerta a privilegios singulares que respondan más al chantaje político que a un criterio técnico. Por supuesto no quiero meterme en análisis político. Solo explicar qué es el modelo de ordinalidad y tratar de ver ciertas consecuencias de si se incumple de forma bilateral.

La redistribución tiene costes: distorsiona incentivos, reduce el crecimiento a largo plazo y premia el rent-seeking. Pero si se acepta su existencia, como es el caso en un sistema como el español, esta debe seguir unos principios de justicia objetiva: transparencia, igualdad de trato y reglas comunes para todos.

El acuerdo con ERC no cumple ninguna de estas condiciones.

Fuente: Carlos Arenas Laorga con datos de @jongonzlz

Junqueras ha afirmado que “es un buen modelo en el que nadie pierde y todos ganan”. Pero cuando uno gana más sin que cambien los ingresos totales, alguien está pagando la factura. Si Cataluña recibe 4.700 millones más, ¿de dónde salen?

Si el pastel no crece y se reparten más recursos a uno, los demás tendrán menos. Eso seguro. Y si el pastel crece (vía más deuda o más impuestos), lo que se hace es cargar ese coste sobre todos los ciudadanos… también los de las comunidades que no han negociado nada.

Andalucía, Aragón, Castilla y León, o Valencia han reaccionado, claro. No es solo una cuestión de celos políticos. Es que, si se rompe la caja común, se rompe el principio de solidaridad interterritorial que sustenta todo el Estado autonómico.

Junts ha criticado el acuerdo entre ERC y al Gobierno, acusándolo de ser otro café para todos. Pero el riesgo aquí no es que se sirva el mismo café a todos, sino que algunos empiecen a pedir whisky, a cuenta del resto.

El modelo vasco y navarro, con su sistema de concierto económico, es otra historia que no vamos a abordar ahora, pero lo que se plantea para Cataluña es más recursos, sin asumir todos los riesgos y costes del concierto. Es decir, lo mejor de ambos mundos, sin lo peor. Y eso no solo es injusto… es insostenible.

Más allá del debate político, este tipo de acuerdos tienen implicaciones económicas concretas. Un sistema fiscal previsible, estable y transparente es clave para generar confianza entre inversores, tanto nacionales como internacionales. Introducir elementos de negociación bilateral rompe esa previsibilidad y genera riesgos adicionales en las decisiones de inversión.

Además, si otras comunidades responden con demandas similares, el resultado puede ser una inflación del gasto público, un repunte de la deuda autonómica y una mayor presión sobre los tipos de interés, especialmente si el mercado empieza a percibir que el Gobierno necesita comprar apoyos a cualquier precio.

Detrás de conceptos técnicos como ordinalidad o capacidad fiscal, que no son asunto de este artículo, se esconde un dilema mucho mayor. ¿Cómo equilibramos autonomía con solidaridad? ¿Cómo evitamos que la política fiscal se convierta en una moneda de cambio?

A este respecto el Tribunal Constitucional introdujo una interpretación importante. Dictaminó que, si bien la solidaridad es obligatoria, esta no debe dejar a las comunidades que aportan en una situación peor que a las que reciben. Es decir, la nivelación debe ser justa y no producir un vuelco excesivo en el ranking de recursos disponibles.

La buena financiación autonómica no se pacta a puerta cerrada. Se construye con datos, con principios claros y con el consenso multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No debería tratar de ideologías ni de quién gobierne en cada lugar, sino en normas de gestión y eficiencia.

Cualquier otra vía, por más que se disfrace de justicia fiscal, será vista por muchos ciudadanos como un privilegio concedido a cambio de apoyo político. Y eso, más tarde o más temprano, se paga. Y no solo con nuestro bolsillo, sino en confianza institucional y desgaste de la credibilidad.