Escal UGS, participada por ACS y la canadiense UGS, presentó en julio la renuncia formal a la concesión del almacén Castor tras la oleada de terremotos que sacudieron la costa de Castellón donde se ubica, tal y como recoge el diario Cinco Días. La petición se llevó a cabo tras recibir el permiso de sus bonistas, que son acreedores de una deuda de 1.400 millones de euros, de los cuales, 300 millones corresponden al Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En el escrito, se especifica que la indemnización que deben recibir los inversores de Castor es de 1.380 millones de euros, pero el Gobierno no quiere que el rescate compute como deuda pública.
EL COSTE, PARA EL CONSUMIDOR
Para ello, el Ejecutivo debate de qué manera llevar a cabo el proceso para evitar engordar el déficit y por ello los expertos concluyen que se llevará a cabo un proceso similar al del desfase de la tarifa eléctrica, por lo que serían los consumidores, en última instancia, los que tendrían que pagar la paralización de la infraestructura gasista.
Aún así, fuentes empresariales consultadas por Cinco Días consideran que la instalación no debería pasar a una sociedad de la SEPI, sino al gestor del sistema y transportista, Enagás, ya que es el especialista del mercado.