¿Cuál es el diagnóstico general sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España, según el último informe?
El sistema de pensiones es un pilar irrenunciable del Estado del bienestar. Tiene la misión de sostener los ingresos cuando finaliza la vida laboral, garantizando dignidad y seguridad. Pero mantener un sistema generoso requiere un equilibrio exigente entre tres grandes objetivos:
- suficiencia de las prestaciones,
- sostenibilidad financiera a medio y largo plazo,
- equidad intergeneracional y compatibilidad con el crecimiento económico.
España, sin embargo, ha optado por un modelo casi exclusivo de reparto con tasas de sustitución elevadísimas: la pensión inicial cubre el 77,2% del último salario, muy por encima de la media de la zona euro (44,5%).
Esto ha permitido a los actuales pensionistas mantener un poder adquisitivo muy alto… pero a costa de inflar un gasto estructural que hoy ya supera el promedio europeo y que crecerá con fuerza según se jubile el baby boom.
Las proyecciones más rigurosas alertan: el gasto aumentará entre 3,5 y 5,5 puntos del PIB de aquí a 2050. En la práctica, eso significa cargar un peso desproporcionado sobre las próximas generaciones, reduciendo su capacidad de consumo, ahorro y bienestar. En resumen: el sistema, tal como está, no es sostenible ni justo.
El sistema depende cada vez más de transferencias del Estado. ¿Por qué es tan preocupante?
Porque estamos financiando parte del gasto con riqueza que todavía no existe. Por cada euro aportado vía cotizaciones, el pensionista recibe un 60% extra que debe cubrirse con impuestos presentes o deuda futura. Hoy el déficit contable es “solo” del 0,6% del PIB, pero porque se están inyectando 3,7 puntos del PIB desde el Estado, desviando recursos que deberían impulsar el futuro económico del país.
Ese dinero podría destinarse a:
- políticas de vivienda para jóvenes,
- apoyo a familias con hijos,
- innovación y productividad,
- educación y sanidad.
En cambio, se está usando para ampliar las prestaciones de un solo colectivo que sí vota masivamente y exige conservar su nivel adquirido. Este desvío provoca un coste de oportunidad gigantesco.
España crece menos porque el Estado financia pasado… en lugar de invertir en futuro.
¿Cómo evalúa la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023?
Ha sido un cambio de rumbo histórico. Todas las reformas desde 1985 habían buscado ajustar el sistema al envejecimiento: ampliar años de cálculo, retrasar jubilación, introducir el factor de longevidad… Era un consenso nacional para repartir esfuerzos entre generaciones. Pero la última reforma rompe esa filosofía. Se ha blindado un sistema generoso, indexado totalmente al IPC, pase lo que pase con la economía. Se garantiza así un gasto creciente que no viene acompañado de ingresos equivalentes.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha cambiado para que quienes defendieron las reformas moderadoras ahora las rechacen? La respuesta está en la demografía electoral: hoy hay más votantes mayoresy los partidos han priorizado la rentabilidad política inmediata frente al interés general y el largo plazo.
Hemos sustituido responsabilidad reformista por cálculo electoral.
¿Qué reformas son urgentes para recuperar la sostenibilidad sin perder suficiencia ni equidad?
Hay que retomar la senda de correcciones graduales y responsables:
- ampliar el periodo de cálculo a 35 años
- exigir 40 años cotizados para cobrar el 100%
- aplicar por fin un factor de longevidad
- limitar la revalorización automática con IPC
No se trata de recortar brutalmente, sino de contener un crecimiento explosivo que hoy apunta a un incremento de gasto entre 3,5 y 5,5 puntos del PIB. Además, debemos avanzar hacia un sistema tripilar como recomiendan organismos internacionales: reparto público, planes de empleo de negociación colectiva y ahorro individual complementario. El problema es que ya no tenemos margen para hacerlo lentamente. El reloj social corre en nuestra contra.
¿Las cuentas nocionales o ahorro complementario podrían ser la solución?
Las cuentas nocionales mantienen el reparto pero ajustan automáticamente prestaciones a aportaciones y esperanza de vida. Son más justas con jóvenes y con la economía. Pero requieren una transición lenta para no dañar derechos adquiridos. Y ese tiempo ya casi se ha agotado porque el gasto empezará a dispararse desde ya, con la jubilación masiva del baby boom. Podemos intentarlo, pero será mucho más difícil que hace 10 o 15 años.
Si no reformamos ahora, ¿qué ocurrirá entre 2035 y 2050?
Hay dos escenarios. Ambos negativos:
Escenario 1: Se buscan ingresos fiscales adicionales → Los jóvenes tendrán menos renta disponible y se consagra una grave injusticia intergeneracional
Escenario 2: Estalla una crisis fiscal → Recorte abrupto de pensiones que lleve a reducción improvisada y desordenada del gasto público derivando en un daño social y político profundo. Uno u otro sucederá… si seguimos sin actuar.
Hemos apostado por mantener un sistema desproporcionado que o alguien paga… o alguien sufre.
¿Qué mensaje trasladaría a jóvenes y pensionistas?
Que hay que mirar más allá del interés inmediato. Los jóvenes necesitan más apoyo, más empleo estable, más vivienda y más futuro. Y los pensionistas merecen tranquilidad, pero entendiendo que no pueden absorber todo el excedente fiscal del país. Tenemos que reconstruir un pacto que conlleve solidaridad entre generaciones, reparto equilibrado de cargas y beneficios y visión de país, no de ciclo electoral. Solo si todos cedemos un poco, todos podremos vivir mejor.