Europa ya ha interiorizado una verdad incómoda: o captamos capital, o nos convertiremos en irrelevantes. Lo ha dicho Mario Draghi en voz alta; lo repite la Comisión Europea en cada nuevo documento de estrategia industrial; y lo acaba de subrayar Ursula von der Leyen: “We need a deep and liquid functioning capital market for the whole European Union” y “we will push hard for a capital markets union before the summer”. Lo entienden los países que aún conservan una mínima cultura económica. Europa necesita inversión, ahorro canalizado a largo plazo, incentivos a la innovación, atracción de talento financiero y una arquitectura fiscal que no espante al inversor.
A su vez, los ciudadanos necesitan incentivos (fiscales, evidentemente) para construir patrimonio. Porque el patrimonio personal es lo que otorga independencia y dignidad a las personas, no la dichosa dependencia del Estado. Dicho de otro modo: más pensiones privadas (individuales y de empleo), y algo menos de promesas públicas sin respaldo real.

Pero en España ese debate no existe. No porque no deba existir, sino porque seguimos anclados en la mentalidad fiscalista del siglo XX: exprimir al que tiene, castigar al que invierte, recelar del que gana. Demonizar a los mercados y tratar las pensiones privadas como herejía neoliberal.

Mientras Bruselas asume que sin ahorro privado no habrá transición energética ni digital (ni crecimiento, esa palabra maldita que hay que camuflar en terminología woke), en Madrid se celebran subidas fiscales como medallas ideológicas. Viva el Estado del Bienestar (el bienestar del Estado), con cartillas de racionamiento envueltas en celofán. O la última ocurrencia: 200 euros por hijo como promesa electoralista, mientras Francia reconoce una sociedad “adicta a la deuda pública” y anuncia recortes... incluso en festivos. ¡Ay, Yolanda Díaz, si le tocan sus horarios!

En los últimos 15 años, España ha aprobado una Tasa Tobin que ha recaudado menos del 30% de lo prometido. Ha penalizado el ahorro en planes individuales, endurecido tramos autonómicos del IRPF patrimonial y mantenido una presión fiscal sobre la inversión que ni incentiva ni redistribuye. Ha laminado SICAVs, castigado SOCIMIs, inventado impuestos a la banca y a las eléctricas… y, lo más grave, ha convertido al inversor en sospechoso y al mercado en chivo expiatorio. Ahí queda esa propuesta de algunos socios de Gobierno para aplicar un 50% de impuesto a los dividendos.

Con este panorama, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se postulaba para presidir el Eurogrupo con esta perla en la cumbre de la ONU: “Spain is spearheading efforts to unify EU capital markets”. Las carcajadas que provocó se tradujeron en la retirada inmediata de la candidatura. ¿Presidir el Eurogrupo el país líder en castigo al ahorro? En Europa serán lo que sean, pero tontos del todo no.

Lo que se proyecta desde España es fragmentación, falta de visión y alergia al capital. Basta ver los ataques recurrentes a fondos de inversión, family offices o al sector asegurador. Todo lo que huela a capital privado es tratado como enemigo público.

Mientras tanto, Europa da un giro. Habla de reforzar la Capital Markets Union (CMU), de crear productos paneuropeos de inversión a largo plazo, de facilitar el acceso de las pymes al mercado sin asfixia burocrática, de incentivar los ETF verdes y los bonos sostenibles. Todo ello exige una condición previa: que haya capital, que circule, que se sienta bienvenido. Que financie la economía real. Que genere riqueza productiva, no deuda con fecha de caducidad.

El resultado está a la vista. Las grandes gestoras se van. Iberdrola amplía capital... para crecer fuera de España. Los patrimonios emigran. Y los gobiernos autonómicos que bajan impuestos patrimoniales —como Madrid, furibundo objeto de ataques políticos— son acusados de “dumping fiscal” por quienes no entienden que el capital es libre y se mueve donde no se le desprecia.

No habrá reindustrialización, (ni tampoco transición ecológica, pensiones sostenibles, gasto en defensa…), ni clase media viable sin ahorro ni inversión. El Estado hace tiempo que no puede con todo, por su ineficiencia estructural y su hipertrofia. Parece que Europa empieza a entenderlo. España, no.