El Estado tiene una cartera en Bolsa de 40.000 millones tras sus inversiones en Indra, Telefónica y Talgo

Los tiempos de las privatizaciones ya no están de moda. Frente a las teorías económicas más liberales, los Gobiernos han reforzado su presencia en las empresas cotizadas y mantienen a cal y canto las acciones que ya poseían. Durante el mandato de Pedro Sánchez en la presidencia del Ejecutivo español ha invertido en Telefónica, Indra y Talgo. El argumento esgrimido es el interés público de esas compañías y la negativa a que caigan en manos de inversores no deseados.

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Sin duda, esto también puede valer de argumento a la hora de hacer una inversión, ya que quedó sin efecto la OPA húngara sobre Talgo a 5 euros la acción, cuando el valor se mueve ahora en los 2,85 euros para descontento de pequeños y grandes acciones, estos últimos con intención de pelear el veto público en los tribunales.

A finales del pasado año la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tomó una participación del 7,8% del capital de la ferroviaria. La operación supuso un desembolso público de 75 millones de euros, mediante la suscripción de bonos convertibles y una ampliación de capital directa. El precio rondó los 2,8 euros por título, nivel en el que actualmente sigue la cotización del fabricante de trenes. El objetivo indicado fue el de garantizar la españolidad y la estabilidad de la compañía. Tras la entrada pública, un consorcio vasco liderado por Sidenor adquirió el paquete del 29,8% que tenía el fondo británico Trilantic. Todo ello con el apoyo del Gobierno que buscaba un socio confiable ante la decidida voluntad de salida de Trilantic. 

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A la privatizada Telefónica, ha vuelto también el dinero público. La SEPI se ha hecho con el control del 10% del capital, para marcar terreno ante la compra de un 10% anunciada por la firma de Arabia Saudí de telecomunicaciones STC. En mayo de 2024 se completó la operación que supuso un desembolso en torno a los 2.285 millones de euros a un precio medio por acción en torno a los 4,09 euros. El interés público y la amenaza de la inversión saudí fueron los argumentos esgrimidos para este importante desembolso. Aunque se trata de una operación de largo alcance, de momento se salda con una pérdida del 2,33% con las populares “matildes” por debajo de los 4 euros.

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La firma de ingeniería y defensa Indra también despertó el apetito inversor del Estado. A lo largo de 2022 fue aumentando su participación hasta hacerse con la propiedad del 28% de la compañía. Se estima un precio medio de 10,57 euros por título. Esta operación, realizada desde febrero de 2022 para alcanzar dicha posición, supuso una inversión de casi 174 millones de euros. Anteriormente, la presencia pública en Indra era del 18,75% de los títulos. La compra se calificó de estratégica para asegurar su control en un sector tan sensible como la defensa.

A efectos de rentabilidad ésta ha sido la operación más ventajosa para la SEPI. De los 10,5 euros por acción se ha pasado en casi cuatro años hasta los 54,79 euros, lo que supone un alza del 418%.

Posiciones de control e inesperadas

El 16,7% que controla el Estado del capital de Caixabank tras su fusión con la rescatada Bankia tiene un valor actual en mercado de 12.227 millones de euros. En la operación de canje, los accionistas de Bankia recibieron 0,6845 acciones de CaixaBank por cada título de Bankia que poseían. Las nuevas acciones comenzaron a cotizar a finales de marzo de 2021 a un precio de 2,59 euros. Ahora, las acciones se mueven cerca de los 11 euros por acción. Tal vez resulte irónico hablar de plusvalía después del fuerte gasto público en la reordenación del sector de cajas y bancos con Bankia a la cabeza (cifra que rondó los 60.000 millones de euros). Pero a título meramente informativo, la subida ha sido del 317%.

La posición más voluminosa del Estado en firmas cotizadas en Bolsa es la de la compañía de gestión aeroportuaria Aena. Actualmente el 51% del capital que posee tiene un valor de 20.310 millones de euros. Su estreno ya fue un éxito en febrero de 2015 con un precio de colocación de 58 euros y en esa primera sesión cerró en los 70 euros por título. En junio del pasado año hizo un desdoblamiento de acciones o Split para hacer más accesible la adquisición de estos títulos. La proporción fijada fue de 10 acciones nuevas por cada una antigua. Su precio actual cercano a los 27 euros por acción supone una revalorización del 357% respecto al precio de colocación de hace algo más de dos lustros.

La compañía Redeia (antigua Red Eléctrica) es otra de las grandes participadas por la SEPI que ostenta el 20% del capital con un valor en Bolsa de 1.630 millones de euros. El Estado mantiene esta posición histórica y pese al tiempo transcurrido actualmente sufre una minusvalía del 7,55%, afectada por sus responsibilidad por el apagón vivido en abril del pasado año. En septiembre del pasado año vendió un 8,5% del capital hasta redondear el 20% actual.

Enagás tiene también un papel monopolístico en las infraestructuras gasistas del país. Aquí la Sepi solo ostenta el 5% del capital por un valor de 220 millones de euros. La compañía fue privatizada por gobiernos de distinto signo político, consolidando en 2007 esta posición con nuevas compras. La rentabilidad lograda en tan largo periodo es del 5%.

Y, por último, Ebro Foods, el líder mundial en la comercialización de arroz cuenta entre sus principales accionistas con la SEPI que posee el 10,36% del capital con un valor de 294 millones de euros. La SEPI adquirió acciones de Ebro Foods principalmente a través de la ejecución de sentencias judiciales derivadas del 'caso Torras' (filial de KIO) alrededor de junio de 2011, consolidando una participación significativa. Previamente, el estado mantenía participaciones históricas que fueron reestructuradas, y a principios de 2011 ya gestionaba un 8,65% antes de aumentar su posición. A los precios actuales, la participación vale 294,5 millones de euros y la plusvalía desde 2011 es del 27,5%.