La palabra es “gratis” y tiene un enorme impacto. 


La Real Academia Española (RAE) define gratis como “de balde, que no cuesta dinero.” Una definición aparentemente inocente, casi infantil, pero profundamente errónea cuando se aplica a la economía, a la política pública y, en general, a la vida real. 

Eso, al menos, es lo que pone en el diccionario físico de dos volúmenes, que con tanto cariño luzco en la estantería del salón de mi casa. En su página web, la definición es aun más grave. Sí, grave: “sin coste”. Madre mía. 

No existe nada sin coste. Todo lo tiene, incluso respirar. Lo que existe, como mucho, es algo sin coste para quien lo recibe. Esa diferencia, que parece mínima, es en realidad devastadora.

La RAE debería poner, sí o sí: gratis es sin coste “para quien lo recibe”. Ir de balde significa que el perceptor no paga, no que “no cuesta dinero”. No que “no tiene coste”. 
Nada es gratis. Nunca. 

Puede no haber una factura visible, pero siempre hay alguien que paga. Por supuesto, hay costes que ni siquiera se contabilizan, costes invisibles que no entran en ninguna estadística y que, sin embargo, son muy reales. 

Es evidente que esta confusión semántica tan extendida no es inocente, es una manipulación casi siempre intencionada. Viene desde el lenguaje político y mediático. Expresiones como sanidad gratuita, educación gratuita, transporte gratuito o servicios públicos gratuitos son repetidas hasta la saciedad y han construido una percepción profundamente errónea: que lo público no cuesta, que es un derecho sin contrapartida y que su financiación es automática.

Para el ciudadano medio, el razonamiento acaba siendo simple y perfectamente lógico desde su punto de vista: si es gratis, debe ser ilimitado; si es público, alguien se encargará de pagarlo, quien sea… menos yo. 

El coste desaparece del horizonte mental. No se piensa en presión fiscal (del 40%), en déficit (estructural del 3%-6%), en deuda (superior al 100% sobre PIB) o en inflación (disparada). Se piensa en gratuidad. En derechos ilimitados. Cuando todo esto se convierte en un único criterio, cualquier límite se percibe como una injusticia.

De ahí surge una demanda constante de más servicios, más prestaciones, más cobertura y más gratuidad. No sólo porque la sociedad sea irresponsable, sino porque el lenguaje ha eliminado la noción de escasez, base de la economía. Si algo es gratuito, no se prioriza; se exige. Se desprecia.  

Se exige como un derecho y el político responde como sabe: gastando hoy y aplazando el pago a mañana. La universalidad de la gratuidad. 

El que da un sablazo se humilla, llora, suplica, hace enormes promesas de devolución antes de lograr lo que pide. Cuando ha recibido lo solicitado, de inmediato lo minusvalora. Si no era para tanto. Total, si el prestamista "está forrado".   

El problema es que ese mañana de la gratuidad se materializa de formas muy concretas. Y rápidas. Irrumpe en forma de más impuestos sobre una base cada vez más estrecha, lo cual estrangula la economía, la empresa y el empleo. 

Se traduce, evidentemente, en más deuda pública que compromete el futuro y nos llena de inflación, que actúa como el impuesto más regresivo y menos visible de todos. El que nos empobrece y nos inocula, por un lado, deflación salarial y por otro, encarecimiento de precios. Pobreza en vena. 

El ciudadano no ve la factura en el momento de usar el servicio, pero la paga, diluida, silenciosa y persistente. Carísima. 

Esta dinámica genera además una nefasta preferencia por lo público frente a lo privado. No porque lo público sea mejor (apenas hay casos), sino porque se percibe como “gratuito”. Estable y ajeno al esfuerzo individual. 

Ahí tenemos el ejemplo de trabajar para el Estado, el sueño de la masa laboral actualmente: todo el mundo quiere ser funcionario, porque lo identifica con seguridad y esfuerzo tasado. Justo lo contrario que pasa hoy en el sector privado, como consecuencia de este escenario. 
Antonio Banderas dice que un país “donde todo el mundo quiere ser funcionario, no tiene futuro”. Tiene razón. 

Demasiada gente cree que consumir servicios públicos o depender de prestaciones se convierte en una opción racional cuando el coste se socializa. “El dinero público no es de nadie”. Es inagotable, te lo gastas y pides más. 

Así se construye una sociedad donde cada vez más personas quieren recibir y cada vez menos pagan. Allí donde el Estado aparece como proveedor infinito, el contribuyente es visto como una figura abstracta, sin rostro, a la que siempre se le pide más. 

La segunda confusión peligrosa es que gratis ya es sinónimo de público. Si es gratis, no se acaba. Si es público, siempre habrá dinero. Error tras error.

Ese marco mental explica muchas cosas. Explica por qué los políticos gastan sin mirar: porque el coste no se paga hoy, ni lo paga quien decide. Gratis acaba siendo el eufemismo perfecto de deuda.

Por ello, conviene insistir que ese alguien pagador no es infinito. Si al mismo contribuyente se le hace pagar, pagar y pagar, llega un punto en el que se rompe el sistema: menos ahorro, menos inversión, menos crecimiento y, al final, menos recursos para sostener aquello que se prometía como gratuito. Las alertas hace tiempo que llegan: primero, se cancelan las opvs. Luego, se apaga el país o descarrilan los trenes. Etcétera. 

Por eso gratis no es una palabra neutra. Es una palabra ideológica. Una palabra que anestesia el debate económico, oculta los costes reales y legitima decisiones irresponsables.

Quizá por eso está tan mal definida.

No soy nada partidario de prohibir, aunque a veces se mes escapa que los políticos deberán tener prohibido el uso del término gratis y sus derivadas. Pero mejor sería una redefinición:  gratis es aquello cuyo coste paga otro. Tengámoslo claro siempre. 

Cuando una sociedad se organiza alrededor del peligroso concepto “gratis”, el final suele ser el mismo: todos quieren recibir, nadie quiere pagar… y acabamos todos empobrecidos.
 

PD: dedico este artículo al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, joven que llegó al poder prometiendo gratuidad entre otras cosas al transporte. Al llegar, se dio de bruces con la realidad. El propio consorcio le enseñó las cifras y él se vio obligar a subir las tarifas. Para arreglarlo, el adalid de la gratuidad ha anunciado subidas de impuestos a las rentas altas y a las empresas, en su tramo municipal. De nuevo, medidas gratuitas. El inexperto edil cree que esas medidas serán asumidas sólo por el perímetro al que las dirige y no tendrán más impacto. 

Líbrenos Dios de gente que no ha trabajado nunca en los puestos de mando. Son los grandes abanderados de la gratuidad, ya que son los grandes ignorantes de dónde salen las cosas.