Cuando un político hace un llamamiento a la democracia, entendida esta como libre participación, échate a temblar: está pensando justo en lo contrario. En que no puedas hacer lo que consideres, sino lo que le interesa a él. En nombre de la libertad, por supuesto. 

La idea que está sobre la mesa ahora consiste, básicamente, en abrir los consejos de administración y el capital de las empresas a trabajadores y sindicatos. No de manera voluntaria o pactada, sino mediante cambios legales que obliguen a las compañías a incorporar esa “participación” en su estructura de gobierno. Es la última genialidad de Yolanda Díaz, toda vez que parece que se ha desviado la inquina sobre los fondos de inversión

En algunos borradores se habla incluso de reservar asientos en los consejos o de facilitar la entrada de empleados en el capital de las empresas como parte del nuevo modelo de “democracia económica”. Regalar un trozo de compañía, hablando claro. 

La reacción de la patronal ha sido inmediata: se considera una invasión directa en la organización interna de las empresas y una fuente evidente de inseguridad jurídica. Ni se sientan a negociar, de hecho, las patronales ya dan esta legislatura por agotada: sin presupuestos, con voluntad confiscatoria continua… que llegue la siguiente legislatura y salga el sol por donde tenga que salir. 

Pero más allá del debate político, la cuestión de fondo es otra. ¿De verdad se quiere que los trabajadores participen en las empresas? Perfecto. Es una idea excelente. Pero hay una forma muy sencilla de hacerlo que ya existe y funciona desde hace siglos: comprar acciones.

El capitalismo tiene un mecanismo extraordinariamente eficiente y justo para democratizar la propiedad de las empresas. Se llama mercado de capitales. Cualquier ciudadano puede adquirir participaciones de una compañía, participar en sus beneficios y votar en las juntas de accionistas. Eso sí, hay una pequeña condición: asumir también el riesgo.

El accionista participa en los beneficios cuando la empresa crece, pero también en las pérdidas cuando el negocio va mal. No hay dividendos garantizados, ni plusvalías automáticas. Es un juego de responsabilidades compartidas.

Lo que propone el Gobierno se parece más a otra cosa: participación sin riesgo. Por el artículo 33, disponiendo de lo de los demás, como saben hacer tan bien. Ignorando el trabajo y el riesgo asumido. 

La idea de introducir representantes sindicales en los consejos o facilitar capital “socializado” no nace del mercado, sino de una lógica política que lleva décadas intentando introducir mecanismos de control indirecto (y no tan indirecto) sobre la empresa privada

Pero conviene recordar algo elemental: la empresa no es una institución política. Es una organización creada para producir bienes y servicios, asumir riesgos, generar beneficios y, si todo va bien, repartirlos entre quienes han aportado capital.

Cuando se diluye ese principio básico, el resultado suele ser el mismo: menor inversión, menor creación de empresas y más dependencia del Estado.

Pero, además, si de verdad se quiere ampliar la participación de los trabajadores en el capital, hay caminos mucho más inteligentes. Incentivos fiscales para la compra de acciones por parte de empleados. Facilidades para planes de participación accionarial. Eliminación de trabas regulatorias para que más empresas salgan a cotizar.

En otras palabras: mercado. Eso que tanto disgusta a algunos. Que el trabajador pueda convertirse en accionista. Que participe en los beneficios. Que acumule patrimonio. Que el ahorro privado encuentre vías naturales de inversión en la economía real.

A la idea de invertir hay que añadir la de participar en las empresas. ¿Te molesta el dividendo de Amancio Ortega? Muy fácil, compra acciones de Inditex. Valen poco más de 50 euros la unidad. Tendrás el mismo dividendo y revalorización que tenga el fundador de la empresa. Podrás ir a la junta y enterarte de qué se cuece. 

Lo dicho: si queremos democratizar empresas, que se les facilite salir a Bolsa. Que se incentive el capital y el ahorro. Nos irá bien a todos. Y no tendremos más casos como el de Ferrovial