MADRID, 24 SEP. (Bolsamania.com/BMS) .- El presunto delito de blanqueo de capitales que pesa sobre Josep Pujol Ferrusola por la operación de compra venta de la consultora Europraxis a Indra ha encontrado un cabo “suelto” que podría permitir avanzar en la investigación. El Ministerio de Hacienda ya sancionó al hijo del ex president de la Generalitat por un error fiscal en la tributación de esta operación valorada en 44 millones de euros.

La operación data de 2001, cuando Indra adquirió la consultora del hijo de Jordi Pujol por 44,4 millones de euros. Detalla el medio que la compra se efectuó en dos fases: primero, la multinacional tecnológica española se quedó con el 25% del accionariado de Europraxis y, posteriormente, el 31 de diciembre de ese mismo año, con el otro 75%. Josep Pujol y los otros cinco socios con los que compartía la consultora se repartieron los fondos.
Según El Confidencial, es precisamente en la opción del 75% donde se dio la irregularidad: Josep Pujol y el resto de accionistas mayoritarios de la consultora contabilizaron de forma errónea esta parte del capital.

Explica el medio que con esta participación los directivos de Europraxis trataron de ahorrarse varios millones de euros en la liquidación fiscal de la operación. Hacienda les impuso una penalización significativa. Las cuentas de Europraxis cayeron bajo el foco de Hacienda, en concreto un contrato de suministro de una compañía holandesa, un proveedor que esta consideraba uno más, pero sobre el que la Agencia Tributaria detectó presuntas irregularidades, informa El Confidencial.
LA OPERACIÓN QUE RINDIÓ CATALUÑA A INDRA
Hasta el momento de esta operación, Cataluña apenas representaba para Indra el 6% de su facturación. Tras ella, la tecnológica española comenzó a conseguir adjudicaciones de la Generalitat por importes millonarios.
Las autoridades sospechan que la compra de la consultora por parte de Indra pudo servir para que Josep Pujol blanqueara capitales provenientes de comisiones ilegales, usando un sistema similar al de Jordi Pujol Júnior. Basan su argumentación en que en el momento de la compra, el valor de la consultora del hijo del ex líder catalán era muy inferior a los más de 44 millones de euros pagados y apuntan a que pudo estar condicionado por el compromiso de que se traduciría en adjudicaciones del Gobierno de Cataluña, controlado entonces por CiU. En 2001, Jordi Pujol i Soley todavía estaba al frente del Ejecutivo catalán.