Dejando de lado tanto las condiciones y características del acuerdo alcanzado el lunes 13 como el calendario de encuentros y negociaciones de los próximos días, que ya han sido ampliamente comentados en los medios, centrémonos en las razones fundamentales que nos llevan a una respuesta negativa. Pero, ¿qué podría ir mal una vez que se han dado ya los primeros pasos? La repuesta tiene muchos ángulos y en nuestra opinión es necesario analizar cuatro aspectos diferentes.
En primer lugar, las privatizaciones por un valor de 50.000 millones de euros nunca llegarán a producirse. Grecia tenía que cumplir con exactamente este mismo objetivo (equivalente al 27% de su renta nacional anual) durante la legislatura de Papandreou en 2011.
Las ventas reales desde entonces han ascendido solo a 3.500 millones de euros. Otros 3.500 millones de ventas potenciales están atados en este momento a impugnaciones de las autoridades locales y del parlamento, derechos de propiedad en disputa y problemas de planificación. Aunque los cambios legislativos que el gobierno se verá obligado a poner en práctica seguramente mejorarán la situación, las condiciones económicas, la actual oposición del gobierno a la venta de activos y la necesidad de acceder rápidamente a la financiación son apenas el telón de fondo para conseguir precios en dólares más elevados.
Por otro lado, creemos que; sin embargo, una política de mayor austeridad no va funcionar. Tras el acuerdo del lunes pasado, hubo dos elementos que tranquilizaron a Tsipras: los 12.500 millones de euros para estimular las inversiones procedentes del fondo de privatizaciónes y la posibilidad de reestructurar la deuda.
En cuanto al primero de ellos, si el fondo de privatizaciones no es capaz de conseguir 50.000 millones de euros, y no pensamos que sea el caso, entonces las inversiones no son más que ficción.
Con respecto al segundo, ni si quiera ha habido un compromiso de que se vaya a someter a debate esta cuestión. Cuando un país atraviesa una recesión de caída doble y su sistema bancario está severamente deteriorado y todo apunta a que el control de capitales seguirá vigente durante un tiempo, es probable que una mayor austeridad haga que los objetivos de deuda y de déficit sean aún más difíciles de cumplir, debido a la reducción de los ingresos nacionales. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos cinco años.
En tercera instancia no podemos olvidar que la tensión entre los acreedores podría recrudecerse. El FMI solo puede participar en el tercer rescate si cree que la deuda griega es sostenible y ya sabemos que considera la reestructuración de la deuda como una parte fundamental para conseguir la sostenibilidad. Si no consigue que los otros acreedores estén de acuerdo (y tendrá sentado al ministro alemán de finanzas en frente de él), entonces la contribución teórica de 16.400 millones de euros al paquete del tercer rescate podría correr peligro. Existe una clara posibilidad de que esto ocurra: la postura del FMI respecto a la sostenibilidad de la deuda retrasó el acuerdo de rescate en 2011 y congeló durante varios meses los pagos en 2012.
Por último, es probable que se produzcan tensiones políticas en Grecia, por lo que los acreedores deberían tener cuidado con lo que desean. En junio, comentábamos que el deseo de un cambio en el gobierno griego subrayaba la postura cada vez más firme de los acreedores. Después de la capitulación del lunes de Tsipras y bajo la presión de un calendario que sabe que debe cumplir, esto parece más probable que nunca. De hecho, llevar a cabo una remodelación del gobierno parece lo mínimo. Tsipras ha dicho que él no estaría preparado para liderar una administración de unidad nacional, pero es muy probable que se celebren nuevas elecciones a finales de año.
Es presumible que los acreedores quieran la formación de un gobierno más dispuesto a poner en práctica reformas, pero la democracia puede ser un proceso impredecible. Además, la parálisis política no ha ayudado a los anteriores rescates – Grecia ha tenido cinco primeros ministros y ocho ministros de finanzas desde que estalló la crisis financiera en 2008, mientras que al Reino Unido ha necesitado 35 años para alcanzar esta misma cifra- y que se produzca una situación similar en el tercer rescate podría debilitar las perspectivas para el fondo de privatizaciones.
