La protección de los derechos humanos en la carrera por los minerales estratégicos

"Garantizar una transición más sostenible implica abordar directamente estos riesgos, no solo reduciendo las emisiones de carbono en los puntos de producción, sino también protegiendo a las personas cuyo trabajo sustenta las cadenas de suministro globales"

Para analizar este desafío, presentamos en las siguientes líneas un conversación entre Doro Baumann-Pauly, Directora del Geneva Centre for Business and Human Rights y nuestra responsable de Stewardship, Julia Wittenburg, para debatir dónde se concentran los riesgos más relevantes y cómo las empresas, los gobiernos y los inversores pueden colaborar para proteger los derechos humanos en la carrera por los minerales estratégicos.

J. Wittenburg: ¿Qué minerales estratégicos tienen las cadenas de suministro de mayor riesgo desde la perspectiva de los derechos humanos? 

D. Baumann-Pauly: Existen riesgos para los derechos humanos en todas las cadenas de suministro. Sin embargo, la de suministro de metales y, más específicamente, de metales esenciales para la  transición energética, presenta desafíos especialmente graves. Las cadenas de suministro se  extienden hasta jurisdicciones donde los gobiernos son incapaces o no están dispuestos a proteger los derechos humanos básicos, principalmente en el Sur Global, con algunas excepciones limitadas en  Australia y Canadá. 

Esta realidad incrementa la responsabilidad de las compañías internacionales de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades, y de cubrir los vacíos de gobernanza. También implica una mayor responsabilidad para las empresas “downstrean” que se benefician de  estos minerales críticos, así como para los gobiernos occidentales que establecen incentivos, por ejemplo, para la transición hacia los vehículos eléctricos. 

J. Wittenburg: ¿La singularidad de un material estratégico concreto lo hace más vulnerable a los  abusos contra los derechos humanos? 

D. Baumann-Pauly: Estamos observando que algunos de los abusos de los derechos humanos más graves continúan siendo predominantes en las cadenas de suministro de minerales estratégicos para  baterías. Sin ánimo de clasificarlos, los que han acaparado un mayor número de titulares son, sin duda,  el cobalto de la República Democrática del Congo (RDC), el litio de Sudamérica y el níquel de Indonesia. El tántalo es otro ejemplo, gran parte del cual procede del este de la RDC, donde los conflictos  violentos ejercen una presión adicional. 

La rareza de estos materiales genera complicaciones adicionales. La elevada demanda y la oferta  limitada provocan picos en los precios, que favorecen cierto nivel de informalidad en la producción y  el auge de organizaciones criminales. La minería formal o industrial requiere inversiones muy elevadas  y su capacidad de ampliación es muy limitada. Por ejemplo, crear una nueva mina de cobre requiere aproximadamente una década solo para obtener los permisos. En cambio, la producción informal es  flexible y puede reaccionar mucho más rápido. También se beneficia de la llamada capacidad variable,  en la que los agricultores pueden dejar sus campos y convertirse en mineros artesanales de la noche  a la mañana.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, aquí es donde los riesgos son más pronunciados: no existe un marco normativo formal sobre cómo debe desarrollarse el proceso de extracción ni sobre  cómo funcionan las relaciones laborales. 

La singularidad del material también impulsa la migración. Cuando los precios se disparan, suele  producirse migración interna, lo que añade presión a comunidades ya de por sí frágiles. 

J. Wittenburg: ¿Cómo influyen los enfoques regulatorios como la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales de la UE en la protección de los derechos humanos, y qué papel pueden desempeñar os inversores? 

D. Baumann-Pauly: La responsabilidad principal recae en el gobierno —digamos, la RDC— de  establecer, proteger y hacer cumplir los derechos humanos básicos. Pero la realidad es que la mayoría  de los gobiernos afectados son bastante frágiles actualmente. El Fragile States Index, publicado  anualmente por The Fund for Peace, muestra que la fragilidad gubernamental está aumentando a  escala global. 

Esta situación genera una mayor responsabilidad para las empresas que lideran estas cadenas de suministro, que deben garantizar que se respeten los derechos humanos en toda su esfera de influencia. No hablo aquí en términos legales, pero, en definitiva, si eres una compañía con una marca reconocida, la inclinación debería ser proteger todo aquello con lo que tu empresa entra en contacto y cumplir con el mismo estándar global. 

La Directiva de Baterías de la UE exige que las empresas activas en estas cadenas de suministro realicen una due diligence en derechos humanos. Esto no se ha visto afectado por los recientes  procedimientos Omnibus para simplificar la Directiva de Due Diligence en Sostenibilidad Corporativa  emitida por la UE el pasado julio. Esto es una señal positiva. La Directiva de Baterías es un intento de regular extraterritorialmente la conducta de las empresas y establece un paraguas que genera riesgos  de incumplimiento legal para las compañías que no respeten esas normas.

J. Wittenburg: ¿Existen buenas prácticas que puedan aplicarse en otras ubicaciones geográficas o  para otros materiales? 

D. Baumann-Pauly: En mi trabajo, tiendo a centrarme en lo que en la práctica funciona, de forma muy  pragmática, para apoyar a las empresas, empoderar a los líderes e infundir cierto optimismo respecto a la posibilidad de abordar estos desafíos de derechos humanos.

En este contexto, realicé un análisis del segmento que considero más arriesgado desde la perspectiva de los derechos humanos: la minería informal, centrándome en el cobalto en la RDC, y cómo podría integrarse en la cadena de suministro formal para que los mineros vean sus derechos fundamentales respetados en el entorno laboral. 

Documenté un proyecto piloto que estableció un yacimiento minero artesanal “formalizado”. En lugar de expulsar a los mineros artesanales, el proyecto les invitó a participar bajo la condición de que cumplieran las normas laborales internacionales. El proyecto proporcionó a los mineros tarjetas de  identificación y equipos de protección, les formó y preparó los yacimientos para que pudieran trabajar en minas a cielo abierto y no tuvieran que excavar túneles para alcanzar y extraer el mineral. Estos túneles suelen tener hasta100 metros de profundidad y son muy peligrosos: pueden derrumbarse y  sepultar vivos a los mineros. No obstante, mediante la minería a cielo abierto y operaciones conformes  con las normas laborales internacionales en el yacimiento formalizado, el proyecto logró evitar cualquier adversidad durante toda su duración. 

La idea de formalizar la minería artesanal a pequeña escala no es totalmente nueva. Comenzó con la  minería de oro: más del 20 % del oro mundial procede de minas artesanales. La minería artesanal es  un sustento vital para unas 40 millones de personas en todo el mundo. 

Como inversor global, creemos en la importancia de interactuar con compañías que cuentan con  cadenas de suministro complejas y donde la transparencia continúa siendo un desafío. Perspectivas de expertos como Doro Baunmann-Pauly, que han visto la realidad sobre el terreno, pueden poner de relieve cómo acciones concretas y un enfoque pragmático pueden contribuir a aliviar algunas de las preocupaciones que encontramos.