El progreso real hacia la descarbonización sigue siendo desigual, según el informe de Neuberger “2026 State of Decarbonization”. Aunque los indicadores generales de alineamiento permanecieron relativamente estables respecto al año anterior, el impulso subyacente continúa siendo frágil. Las políticas actualmente vigentes apuntan a un aumento de la temperatura global de aproximadamente 2,6°C para 2100. La plena implementación de los objetivos nacionales ya anunciados permitiría reducir esta cifra en torno a 0,4°C, lo que pone de relieve la magnitud de la persistente brecha de ejecución.

A medida que esta brecha sigue presente a nivel gubernamental, resulta comprensible que algunas empresas, especialmente aquellas que afrontan costes de transición elevados, retrasen parte de sus planes de adaptación. Sin embargo, incluso si dicha brecha de implementación lograra cerrarse en los próximos años, las emisiones globales continuarían alejadas de una trayectoria compatible con las emisiones netas cero.

Aunque varios países han anunciado nuevos objetivos para 2035, la brecha respecto a las emisiones globales necesarias para alcanzar dichos compromisos sigue situándose entre 26 y 31 GtCOâ‚‚e en 2035.

Según el último informe de descarbonización de Neuberger, los factores macroeconómicos y de política pública, especialmente en Estados Unidos, marcaron la evolución del pasado ejercicio. La polarización política y la incertidumbre en torno a las políticas climáticas generaron cautela entre aquellas empresas que dependen de un marco regulatorio estable para justificar compromisos de inversión a largo plazo. Como consecuencia, se observó un moderado retroceso en la adopción de objetivos basados en criterios científicos (science-based targets), particularmente en los objetivos de largo plazo, así como en la implementación de estrategias de descarbonización. Este repliegue fue menos acusado en Europa y Asia-Pacífico (APAC por sus siglas en inglés), donde los marcos regulatorios se mantienen más consistentes y predecibles.

Asimismo, 2025 volvió a poner de manifiesto importantes divergencias entre sectores, siendo el energético el que registró el mayor deterioro en términos de alineamiento climático. Esta evolución se explica principalmente por el comportamiento de las grandes compañías de petróleo y gas, muchas de las cuales siguen manteniendo objetivos públicos de neutralidad de carbono, pero han reducido el ritmo y el alcance de sus planes de descarbonización.

El sector financiero también experimentó un nuevo deterioro en sus niveles de alineamiento, en línea con la tendencia observada en 2024. Aunque algunas entidades bancarias continúan manteniendo compromisos públicos de alcanzar emisiones netas cero, otras han reducido el alcance de sus planes de transición e incluso, en ciertos casos, han eliminado por completo sus objetivos. Estos cambios, junto con el reciente anuncio de la Net-Zero Banking Alliance de cesar inmediatamente sus operaciones y transformarse en una iniciativa basada en un nuevo marco de actuación, refuerzan la revisión a la baja de los niveles de alineamiento observados en el sector.

El alineamiento de los Estados desempeña un papel fundamental a la hora de orientar los flujos de inversión, tanto públicos como privados, además de influir de forma decisiva en la actuación de las empresas. Los cambios políticos, como los observados durante el último año en Estados Unidos, pueden tener implicaciones significativas a corto y medio plazo sobre la capacidad de un país para avanzar hacia los objetivos de emisiones netas cero. Asimismo, las economías con modelos de crecimiento fuertemente vinculados a la actividad industrial afrontan desafíos estructurales adicionales en su proceso de descarbonización.

Al analizar el panorama general, 2026 comenzó con un mensaje claro: la transición hacia la descarbonización ya no estará determinada por la ambición de los compromisos, sino por su credibilidad. Tanto las empresas como los inversores previsiblemente desplazarán su foco desde la mera definición de objetivos hacia la capacidad real de alinear la asignación de capital y la estrategia corporativa con las metas de transición anunciadas.

A pesar del aumento de la incertidumbre geopolítica y de unas condiciones macroeconómicas más restrictivas, la inversión energética global sigue manteniendo una trayectoria de crecimiento. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se esperaba que la inversión total en energía alcanzara los 3,3 billones de dólares en 2025, de los cuales 2,2 billones de dólares se destinarían a tecnologías de energía limpia, una cifra que duplica la inversión dirigida a los combustibles fósiles.

La última década ha consolidado a China como el principal inversor global en energía limpia. En la actualidad, el país destina a energía una cantidad de recursos cercana a la suma de las inversiones realizadas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que su participación en la inversión global en energías limpias ha pasado de representar una cuarta parte a acercarse a un tercio del total en apenas diez años.

A pesar de la persistencia de las presiones inflacionistas y del deterioro de la competitividad industrial en Europa, así como de los cambios políticos y las tensiones comerciales en Estados Unidos, el crecimiento de las inversiones en energías limpias ha continuado mostrando una notable resiliencia, de acuerdo al informe de descarbonización de Neuberger. Aunque 2025 estuvo marcado por una elevada volatilidad en el ámbito de las políticas públicas estadounidenses, las limitaciones regulatorias actualmente conocidas no apuntan a una reversión de las inversiones, si bien podrían contribuir a una fase de estabilización o menor crecimiento.

El aumento del gasto en tecnologías de energía limpia está impulsado en gran medida por la denominada “era de la electrificación”, caracterizada por el incremento de la demanda energética procedente de la industria, los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial a escala global. Asimismo, la continua reducción de los costes de las tecnologías limpias debería seguir respaldando nuevas inversiones en el sector.

No obstante, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica continúan representando factores de riesgo. En este contexto, algunos inversores podrían optar por una actitud más prudente, retrasando la aprobación de nuevos proyectos hasta contar con una mayor visibilidad sobre la evolución del entorno económico y regulatorio.


Para avanzar al ritmo necesario para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, la transición energética mundial requiere una inversión anual sostenida de unos 4 billones de dólares; sin embargo, las cuentas públicas de las economías avanzadas se ven cada vez más limitadas. La deuda pública ha aumentado considerablemente desde 2020 y el margen de maniobra fiscal se está reduciendo, ya que los elevados tipos de interés han hecho subir los costes del servicio de la deuda. Como consecuencia, la financiación de la transición se está desplazando cada vez más hacia el sector privado, una evolución que ya es visible en los mercados desarrollados, donde aproximadamente el 85 % de la inversión en energía limpia procede actualmente de fuentes no gubernamentales.

Aunque todas las principales regiones siguen dependiendo en gran medida de la financiación privada, el apoyo del sector público en EE.UU. se basa más en incentivos fiscales, mientras que tanto Europa como China muestran mayores niveles de participación gubernamental.