Telefónica España ha renovado las certificaciones del Sistema de Gestión de Prevención Penal UNE 19601:2025 y Antisoborno ISO 37001:2025 con EQA, entidad internacional de certificación, inspección y verificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

La renovación sitúa a Telefónica como una de las primeras empresas del sector de las telecomunicaciones en España que adapta con éxito sus sistemas a las exigentes actualizaciones normativas de 2025 en esta materia, reforzando así su ventaja competitiva al garantizar los niveles más altos de ética, transparencia y buen gobierno empresarial.

Así mismo, estas certificaciones evidencian que el Sistema de Gestión de Prevención Penal de Telefónica España incorpora los elementos necesarios para prevenir, detectar y gestionar los riesgos penales ligados a la comisión de delitos en la compañía.

Además, este doble hito pone de manifiesto el compromiso firme de Telefónica con una metodología de actuación ética en el mercado y consolida su posición de tolerancia cero ante la corrupción y la comisión de delitos, convirtiéndose en referente para todas las sociedades.

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Telefónica España cuenta con estas certificaciones desde hace más de 6 años, manteniendo y mejorando sus procesos, tanto para ejecutar el análisis del riesgo penal en todas sus actividades del sector de las telecomunicaciones y del negocio digital, como el control y mitigación de esos riesgos penales a través de variadas medidas de prevención y detección.

Lidón Safont, directora de Compliance de Telefónica España, destaca: "Estas renovaciones demuestran que nuestro reto indiscutible de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales va ligada de forma inseparable a una gestión ambiciosa, rigurosa y eficaz. En Telefónica entendemos que el liderazgo tecnológico exige tanto innovación constante como también ser un referente institucional de España en Europa en materia de integridad y buen gobierno".

 Ambas renovaciones evidencian que el avance del Compliance requiere tanto del compromiso de las organizaciones que deciden implantar los más altos estándares de cumplimiento, como de entidades de certificación acreditadas capaces de evaluar dichos sistemas con las máximas garantías.