El acceso a la vivienda se ha convertido en mera utopía para amplias capas de la sociedad, especialmente en las “zonas tensionadas”, convirtiéndose en una verdadera crisis. Los poderes públicos, en tanto en cuanto reguladores del suelo y construcción, no pueden considerarse ajenos a esta situación, de la que son verdaderos protagonistas.

Nuestro país ha pasado en menos de dos décadas de tener una manifiesta sobreoferta de vivienda a ser manifiestamente deficitario, sin que se atisben soluciones reales a corto o medio plazo. Esta problemática se extiende a otros sectores análogos, que se encuentran igualmente afectados, entre los que destacan las residencias universitarias. 

Las mismas adolecen de una histórica falta de planificación, con especial ímpetu en los años ochenta y noventa, en los que se desarrollaron nuevos centros y campus, los cuales no se vieron acompañados de las suficientes plazas residenciales. No debe olvidarse que el sistema universitario español ha pasado de aproximadamente 700.000 estudiantes a mediados de los años ochenta a superar actualmente los 1,8 millones de matriculados, sin que la capacidad residencial haya experimentado una expansión equiparable.

Según el observatorio sectorial DBK de INFORMA, el número de plazas al inicio del curso 2025-2026 estaría en torno a las 132.000. Y aunque en los últimos cinco años el aumento ha sido superior al 30%, sigue resultando muy insuficiente. Téngase en cuenta que el sumatorio del alumnado extranjero y que cursa estudios en una provincia diferente a su residencia habitual, supera los 500.000. Por tanto, la oferta residencial apenas cubre un cuarto de las potenciales necesidades del estudiantado. 

El aumento del número de plazas en residencias no solamente tiene importantes incentivos económicos para los inversores, sino sociales, en tanto en cuanto aquellos desplazados temporalmente por razón de estudios que logren un alojamiento de este tipo, no ocuparán una vivienda que puede ser habitual para otro ciudadano, lo que puede evitar un mayor tensionamiento del sector.

Y sin perjuicio de lo anterior, no se trata ya de una mera exigencia ética o económica, sino normativa. El Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por el que se modifica (entre otros) el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, indica expresamente en su articulado que “Tanto las universidades públicas como las privadas adquieren, para su creación o reconocimiento, según el caso, el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10 por ciento de las plazas de estudiantes universitarios de titulaciones oficiales”. 

De forma complementaria a lo anterior, el Gobierno acordó durante el presente año 2026 el invertir 45 millones de euros para la creación de 1.525 plazas asequibles. Esta medida debe valorarse como positiva, pero resulta claramente insuficiente si tenemos en cuenta la dimensión del problema y su afectación, de forma indirecta, a la crisis de vivienda.

Así pues, resulta imprescindible la actuación del sector privado. En 2025, se marcó el año récord de la serie, con una inversión de 1.755 millones de euros en residencias universitarias. Más del triple de los 450 millones contabilizados en 2024, según la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. Esta tendencia, a nuestro juicio, parece que va a consolidarse en los próximos años. 

La estabilidad del negocio y la previsibilidad de los ingresos son elementos que han de ponerse en valor para el inversor, que en muchos casos obtiene un rendimiento neto próximo al 5% asumiendo un riesgo limitado. Y a mayor abundamiento, durante los meses de verano, las plazas libres pueden dedicarse a otros usos: cursos de verano, congresos, grupos turísticos o escuelas de idiomas, lo que permite optimizar la inversión. Se trata, por tanto, de una inversión que combina estabilidad, rentabilidad y utilidad social, lo que explica el creciente interés que suscita entre los inversores.