¿Está Europa perdiendo el tren de la competitividad por un enorme entramado regulatorio y supervisor que penaliza a las empresas domésticas y va contra los tratados fundacionales del Mercado Común? 

Desde nuestro punto de vista, la afirmación resulta quizá demasiado tajante y no refleja por completo la situación actual. Es cierto que Europa arrastra una elevada complejidad regulatoria y una aplicación supervisora todavía fragmentada, que pueden afectar a la competitividad y dificultar la actividad transfronteriza. Sin embargo, no parece acertado concluir que el marco europeo sea, con carácter general, contrario a los principios del mercado único.

En este sentido, cabe destacar que la propia ESMA ha reconocido la necesidad de modernizar el marco regulatorio, mejorar la coherencia supervisora y valorar una mayor centralización de determinadas funciones. Para ello, ha ido promoviendo diversas iniciativas orientadas en esta dirección.

En particular, la Comisión ha puesto en marcha la Unión de Ahorros e Inversiones y ha presentado el Market Integration and Supervision Package, cuyo objetivo es simplificar la actividad transfronteriza, reducir duplicidades, limitar el gold-plating, agilizar la distribución de fondos y reforzar tanto la convergencia supervisora como el papel de ESMA. Asimismo, ha incluido en su agenda la iniciativa A simpler and faster Europe, que recoge el compromiso de reducir las cargas administrativas, al menos, un 25 % para el conjunto de las empresas y un 35 % para las pymes.

Por otro lado, la Comisión insiste en que no se trata de desregular, sino de regular de una forma más sencilla, coherente y previsible. Por ello, el foco se sitúa actualmente en la simplificación del marco normativo.

 La transición a T+1, prevista para el 11 de octubre de 2027, constituye otro ejemplo. Aunque exige un esfuerzo operativo importante, debería mejorar la eficiencia de la liquidación, reducir riesgos y acercar el mercado europeo a otros grandes mercados internacionales, como el de Estados Unidos.

En conclusión, existe un problema real de competitividad regulatoria, pero también se percibe un cambio de dirección. La clave estará en que estas iniciativas se traduzcan en una simplificación efectiva y no terminen generando una nueva capa de regulación. 

¿Hay una ausencia alarmante de técnicos económicos y empresariales, debido al elevado número de políticos que solo velan por «lo social»?

En nuestra opinión, el problema no debería plantearse en términos de una supuesta ausencia de técnicos económicos y empresariales, en la medida en que los organismos europeos cuentan con apoyo especializado en las distintas áreas necesarias para desarrollar adecuadamente las funciones propias de sus instituciones.

 Consideramos que la cuestión se encuentra, más bien, en la gobernanza del proceso regulatorio y en la necesidad de adoptar medidas que permitan reforzar la evidencia económica, el análisis coste-beneficio y la participación de empresas e inversores en la elaboración y revisión de las normas.

Además de una legislación y supervisión rígidas, ¿la falta de incentivos a los mercados europeos y la fuga de capital hacia Estados Unidos constituyen otro obstáculo?

 Sí. Aunque, más que de una «fuga» de capital, cabría hablar de una asignación racional del ahorro hacia mercados con mayor profundidad, liquidez, escala y rentabilidad esperada. Estas cuestiones han sido identificadas por las instituciones europeas como retos que deben abordarse mediante la adopción de distintas medidas.

 En este sentido, se ha constatado que Europa ahorra más que Estados Unidos, pero canaliza una parte considerable de ese ahorro hacia depósitos, activos nacionales o mercados estadounidenses.

 A modo de ejemplo, en España, la OCDE identifica una elevada concentración del ahorro en inmuebles y depósitos, un reducido sector de fondos de pensiones de empleo —en torno al 2,5 % del PIB— y una fuerte dependencia de la financiación bancaria. El 90 % de la deuda de las sociedades no financieras procede de préstamos bancarios y solo el 17 % de su financiación mediante recursos propios corresponde a acciones cotizadas.

 En este contexto, consideramos que la solución requiere combinar la integración de las infraestructuras y de la supervisión con incentivos fiscales neutrales y sencillos, el impulso del ahorro previsional, la eliminación del sesgo fiscal favorable a la deuda y la adopción de medidas que faciliten el acceso de las pymes y las scale-ups a los mercados. La Unión de Ahorros e Inversiones y la transición a T+1 avanzan en esa dirección, pero su éxito dependerá de que den lugar a una integración efectiva y no a una nueva capa regulatoria.