La Sección 899, parte del proyecto de ley impulsado por Donald Trump, introduce un nuevo impuesto que amenaza con impactar directamente en los ingresos de empresas extranjeras con operaciones en el país.
Para Trump, cuya retórica ha girado en torno al dominio energético de Estados Unidos, esta medida podría resultar contraproducente si reduce la inversión extranjera en uno de los sectores más estratégicos.
El dominio energético promovido por Trump requiere inversión, tecnología y una red global de empresas que apuesten por expandir sus operaciones en territorio estadounidense.
Sin embargo, la implementación de esta norma podría ahuyentar a los actores clave que han contribuido a posicionar a Estados Unidos como uno de los líderes mundiales en producción de petróleo y gas.
Qué es la Sección 899 y por qué genera controversia
La Sección 899 propone aplicar un impuesto adicional de hasta el 20 % sobre ingresos como dividendos y regalías obtenidos por inversores extranjeros. Esta iniciativa forma parte del enfoque proteccionista de la administración Trump, que busca responder a lo que considera impuestos discriminatorios aplicados por otros países, especialmente en la Unión Europea y Reino Unido.
El nuevo tributo no solo busca corregir desequilibrios fiscales internacionales, sino también penalizar a las jurisdicciones que, desde el punto de vista del gobierno estadounidense, perjudican a las empresas nacionales con políticas fiscales injustas.
El problema radica en que esta política podría perjudicar a compañías energéticas extranjeras que, paradójicamente, han contribuido al auge energético que Trump tanto celebra.
Empresas afectadas
La Sección 899 se perfila como una amenaza para grandes multinacionales como Shell, BP, TotalEnergies y Repsol, todas con inversiones masivas en Estados Unidos. Estas compañías han invertido miles de millones en infraestructuras energéticas, desde refinerías hasta estaciones de servicio y proyectos de gas natural licuado (GNL).
Por ejemplo, BP destinó el 40 % de su gasto de capital a proyectos en Estados Unidos, que además representan una tercera parte de su fuerza laboral global. Shell, por su parte, obtiene más del 20 % de sus ingresos del mercado estadounidense y mantiene operaciones clave en el Golfo de México.
Impacto en el dominio energético de Trump
La paradoja es clara: una medida fiscal diseñada para proteger a las empresas estadounidenses podría debilitar la competitividad de su propio sector energético. El dominio energético, promovido como uno de los pilares de la administración Trump, se apoya en la capacidad del país para atraer y retener capital internacional. Si el entorno fiscal se vuelve menos favorable, esas inversiones podrían buscar nuevos destinos.
Este cambio también llegaría en un contexto en el que otras regiones ya han perdido atractivo para las grandes petroleras. Rusia, por ejemplo, dejó de ser una opción viable tras las sanciones derivadas de la invasión a Ucrania. Oriente Medio impone fuertes restricciones a las inversiones extranjeras y Europa, con regulaciones ambientales estrictas y recursos limitados, tampoco ofrece grandes oportunidades.
Alternativas para las empresas energéticas
Frente al nuevo escenario fiscal, las empresas multinacionales podrían optar por diversificar su capital hacia países con entornos más predecibles. Brasil, Mozambique, Canadá y Namibia se perfilan como opciones viables para redirigir recursos, gracias a su abundancia de recursos naturales y a marcos regulatorios en expansión.
Otra posibilidad sería el traslado de las sedes corporativas a Estados Unidos, una decisión que implicaría un gran esfuerzo financiero, además de complejidades políticas y legales. Shell, por ejemplo, ya consideró en el pasado un movimiento en esa dirección para aumentar el valor de sus acciones, aunque abandonó la idea ante las dificultades operativas.
Inestabilidad fiscal y confianza empresarial
Las grandes inversiones en el sector energético requieren visión a largo plazo, seguridad jurídica y reglas del juego estables. Proyectos como campos petroleros o plantas de GNL se desarrollan en horizontes de décadas, por lo que cualquier alteración fiscal genera incertidumbre en los consejos de administración de las empresas.
La Sección 899 podría erosionar esa confianza, como ya ocurrió durante la administración Biden, cuando se revocó el permiso del oleoducto Keystone XL y se congelaron nuevas aprobaciones de GNL por razones climáticas.