El éxito sanitario y social de vivir más años se convierte, fiscalmente, en una paradoja: cuanto más vivimos, más aplastamos el modelo que financia nuestra longevidad. Estamos, por tanto, en un momento de pagar más pensiones, y además, durante mucho más tiempo.

Ya hemos dicho anteriormente que la longevidad es la auténtica desesperación de los Gobiernos. Mi nutricionista me dijo hace unos meses una frase que creo que se ha convertido en cruda realidad: “el Gobierno jamás va a prescribir gratuitamente el Ozempic para bajar peso, porque casi todas las causas de mortalidad están relacionadas con el sobrepeso y si la gente lo consume mucho, se alargará todavía más su esperanza de vida”. Cosa que ningún ejecutivo quiere hoy en Europa o, al menos, no planea fomentarlo demasiado.

Este comentario será puesto en duda por mucha gente, sin duda, a pesar de que lo hizo un médico con 40 años de experiencia, pero algo debe intuir al respecto la sociedad. El Ozempic es un fármaco para la diabetes que se está recetando para adelgazar ya que aplaca en parte la sensación de apetito. Desde hace poco, hay desabastecimiento de este medicamento y algunas farmacias incluso colocan el cartel en la puerta de “no tenemos Ozempic”.

Hablemos de envejecimiento. Según el INE, en España viven actualmente 16.902 personas con 100 años o más. Pero lo relevante no es la cifra absoluta, sino su crecimiento exponencial: en 2030 serán unas 33.000, en 2050 rozarán las 100.000, y en 50 años podrían multiplicarse por 12, hasta superar las 220.000 personas centenarias. Los mayores de 90 años, por su parte, ya superan las 600.000 personas, más del 1% de una población donde no nacen niños.

Les aseguro que esas cifras se van a quedar cortas, además. La longevidad plantea así un dilema económico de primer orden: los sistemas de pensiones nacieron en una época en la que la esperanza de vida tras la jubilación apenas superaba los 10 o 12 años. Hoy, ese horizonte se ha duplicado, triplicado...

Hace poco, entrevistamos en Estrategias de Inversión a un gestor biotech para que nos hablara de su fondo. Le invitamos a comer después y nos contó algunas ideas escalofriantes: “los nacidos después de 1970 vivirán 120 años. Eso no significa que todos alcancen esa cifra, sino que cuando toda esa generación haya desaparecido, la media de edad habrá sido de 120”. Y añadió dos cosas más, que asustan más: “los niños nacidos a partir de 2010 vivirán 200 años. Y ya se está trabajando en esperanzas de vida de 1.000 años. Esa persona está a punto de nacer o incluso podría haber nacido ya”.

El envejecimiento y el ‘exceso de vida’ de los pensionistas se está corrigiendo a marchas forzadas, con torpeza, sin visión estructural… pero ya han salido voces en Alemania o Francia alertando que las pensiones, tal como están concebidas, no son viables, lo cual ha causado cortes de cabeza del ministro que lo ha dicho.

La previsión pública es el gran asunto político y el gran foco de gasto. Ahora mismo, según escribo esto, en la calle estoy viendo a unos 30 manifestantes pidiendo “pensiones dignas”. Escoltados por dos coches de policía y cortando el tráfico. ¿30 personas provocan el caos en la ciudad y movilizan dos unidades policiales?

Ese es el peso que tiene un colectivo que va camino de los 11 millones, tiene sus ingresos indexados automáticamente al ipc y tienen renta media superior a la de los trabajadores, dato este demoledor, que también pasa inadvertido para la gente.

Como pasa con la subida de cuota de autónomos, con el asfixiante irpf, el estado de los trenes y las carreteras, la persecución al capital o la corrupción galopante: la reacción social oscila entre la más pura indiferencia o, como mucho, se desarrolla en la trinchera del frentismo militante.

El modelo de reparto sobre el que se asienta el sistema español funciona bajo un principio simple: los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales. Pero cuando el número de cotizantes por pensionista se reduce —y cada pensionista vive más años cobrando—, la ecuación se vuelve insostenible.

La jubilación se convierte en una segunda vida económica completa. A escala colectiva, esa “segunda vida” tiene que financiarse con la primera.

El índice de dependencia, que mide cuántos trabajadores hay por cada jubilado, se ha deteriorado de forma constante. En 1970 había casi cuatro trabajadores por pensionista. Hoy apenas superamos los dos. Las proyecciones demográficas anticipan que, sin cambios estructurales, esa ratio caerá por debajo de 1,5 hacia 2050.

Mientras tanto, el gasto en pensiones ya ronda el 12 % del PIB, y podría alcanzar el 14 % en menos de dos décadas. Todo ello con un sistema que, como hemos indicado, revaloriza las prestaciones automáticamente según la inflación, lo que garantiza el poder adquisitivo pero multiplica el coste estructural. Los salarios, mientras, a la baja.

El primer colectivo de españoles que vivirá con normalidad más allá de los 90 o los 100 años ya está aquí. Muchos de ellos se jubilaron a los 60 o 65, y llevan más de 30 años percibiendo una prestación. Si se mide en términos de carrera vital, han pasado más tiempo cobrando que cotizando, pero es que en términos absolutos también lo van a superar muchos, que hayan trabajado 30 o 40 años y hayan gozado de la jubilación 40 o 50.

¿Qué soluciones hay para todo esto? Muchas, pensadas e implementadas por personal competente y no políticos. Y entendidas por personas con conocimiento, no jubilados aburridos que cortan el tráfico por pasar el rato.

Se me ocurre una transgresora: darle al ciudadano la opción de bajarse del estado del Bienestar y la Seguridad Social. Renunciar a la pensión, a la sanidad y a la educación, a cambio de percibir él mismo la mitad de las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA. Con eso, se doblarían sus ingresos prácticamente y podría comenzar a generar un patrimonio de futuro donde, por supuesto, el estado tampoco podría meter mano.

¿Cuánta gente querría eso? Seguramente, todo aquel que tuviera formación financiera, esa que tanto detesta el poder público.