Ganas de confiscar el ahorro no han faltado nunca. En nuestro país, mientras Yolanda Díaz pedía esa tributación sobre plusvalías latentes hace tiempo ya, Belarra se centra en el dividendo y las ganancias. 

Sólo en España, se mira la foto de los activos financieros de las familias —más de 3,3 billones de euros— y la cuenta parece sencilla: si ese capital gana un 10% anualizado, estamos hablando de cientos de miles de millones en revalorizaciones. Si a eso se le aplica un 30% o un 36%, el resultado es una cifra mareante a tocateja para el Estado.

Decenas de miles de millones adicionales de recaudación. Quizá más de 100.000 millones en un buen año. 

En una hoja de cálculo funciona y al indocumentado se le hacen los ojos chiribitas. En el mercado real, no. Hay una enorme problemática técnica. Es casi física.

Gravar plusvalías latentes significa convertir una valoración en renta. Pero una valoración no es renta. Es el precio al que alguien estuvo dispuesto a comprar una acción en un instante concreto multiplicado por el número de títulos en circulación. Es una fotografía. No es caja. No es dinero en cuenta corriente. No es liquidez disponible para pagar impuestos.

Si el 31 de diciembre una cartera vale un millón y el 2 de enero el mercado corrige un 15%, la obligación fiscal, referenciada a es foto del 31, sigue intacta. Se paga sobre una riqueza que puede haber desaparecido. El Estado consolida una imagen. El mercado ya está en otra. 

De hecho, hará sus cálculos y si ve que las cotizaciones han subido, intentarán cuidarse del riesgo de ventas para pagar impuestos. Es decir, venderán. Lluvia de papelón al mercado. 

El ahorro es un stock. La bolsa negocia un flujo. No son la misma magnitud. La Bolsa española mueve en torno a 300.000 millones de euros al año. Si de esa gran fotografía de 3,3 billones se extrajera la conclusión política de que pueden recaudarse 80.000 o 100.000 millones anuales sobre plusvalías latentes, buena parte de ese dinero tendría que salir de ventas reales de activos. Ventas forzosas, no decisiones de inversión. Papelón al mercado, para pagar impuestos.

Eso introduce presión bajista estructural. Amplía spreads. Reduce profundidad. Destruye capitalización y al destruir capitalización, reduce la propia base imponible sobre la que se había calculado la recaudación. El impuesto se come a sí mismo.

Pero incluso antes de llegar ahí, la medida tropieza con una realidad mucho más prosaica: el cálculo.

Gravar plusvalías no realizadas no consiste en mirar un número agregado. Implica calcular la rentabilidad anual de millones de posiciones individuales. Integrar precios de adquisición históricos, ampliaciones de capital, dividendos reinvertidos, splits, fondos, ETF, seguros de ahorro, planes de pensiones. Reconocer minusvalías latentes y decidir cómo se compensan, que esa es otra: si un año ha subid, a pagar. Si el siguiente ha caído, a deducir. ¿Cuántos millones de inexactitudes pueden generarse? Automatizar millones de liquidaciones y asumir que habrá millones de errores y reclamaciones. 

Es un océano de datos. Una presión operativa gigantesca sobre la administración tributaria. Una litigiosidad masiva garantizada. Todo ello para convertir estimaciones de mercado en obligaciones tributarias firmes.

Lo interesante es que esta discusión ya no es teórica. En Países Bajos, donde se planteó gravar el rendimiento real del patrimonio incluyendo plusvalías no realizadas dentro del sistema Box 3, el debate ha sido tan intenso que el propio Gobierno ha anunciado ajustes tras una oleada de críticas. No lo dicen blogs marginales. Lo han recogido medios de referencia como Het Financieele Dagblad, NRC o la propia NOS (reconozco que dándole a la opción “traducir al español”, del navegador). 

El ministro de Finanzas ha tenido que admitir que el texto, tal como estaba planteado, debía revisarse. Cuando hasta el país que vio nacer la primera bolsa moderna tiene que recalibrar una medida así, conviene prestar atención.

La política, sin embargo, razona con otra lógica. Se toma la cifra agregada. Se aplica un porcentaje. Se proyecta el resultado. “Hay mucha pasta ahí. Si aplicamos un X%, nos sale Y. Perfecto. Adelante.” Rara vez hay un estudio técnico profundo sobre impacto en liquidez, incentivos, comportamiento del ahorro o fuga de capitales. La agregación sustituye al análisis.

Existe además una corriente política con claras ganas de hincar el diente a ese supuesto “dinero de los mercados”. Porque presentado como un "impuesto a los mercados”, la resistencia social es menor y la defensa en las tertulias, chupada. La palabra mercado genera menos empatía que la palabra trabajador, aunque el mercado sea, en realidad, el vehículo del ahorro de millones de trabajadores. De la Tasa Tobin ya quién se acuerda. 

El problema de fondo es conceptual. Si aceptamos que una valoración es renta, obligamos a pagar a tocateja sobre pájaros volando. Eso altera la naturaleza misma de la tributación del ahorro.

La propia Constitución dice que la fiscalidad no puede ser confiscatoria, pese a defender su progresividad (habría mucho que hablar de eso). Pero se da por bueno que el límite confiscatorio es “no superar una fiscalidad del 50% de las rentas” (eso ya se da) y otro interesante apunte: no puede admitirse que el bien deba ser vendido para pagar el tributo. Eso ya se da con este supuesto, como también se da con algunas herencias en algunas zonas… o la pobre gente que tiene que pedir créditos para pagar el IRPF. 

Lo que en el Excel parecía una fuente milagrosa de recaudación termina siendo un mecanismo de erosión masiva del capital. Ese es el modus operandi total de los políticos: ¿falta dinero? Legisla para confiscar. Cuando la ley se ha demostrado ineficaz, al razonamiento es que “había que haber legislado aun más”.