En su exposición razonada ante el Tribunal Supremo recogida por El País, Alaya afirma que las transferencias de financiación ilegales realizadas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2012 “habrían supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 885 millones de euros”.
La juez mantiene que los responsables de la Junta crearon “un procedimiento específico” para conceder subvenciones a través de “una partida presupuestaria claramente inadecuada”, con el objetivo de evitar los controles.
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