La eterna canción del tren de la competitividad, que se nos escapa, sepultado por la burocracia de Bruselas. La UE también conoce, al menos sobre el papel, una parte importante de la solución. Necesita más inversión, empresas de mayor tamaño, mercados verdaderamente integrados, capacidad tecnológica propia y un entorno que permita innovar, asumir riesgos y crecer.

Pero, mientras proclama estos objetivos, Europa y España continúan levantando barreras que dificultan alcanzarlos. El continente parece empeñado en regular su propio declive.

Europa construyó buena parte de su prosperidad sobre instituciones sólidas, pero ahora se hunde en una acumulación de normas, autoridades, procedimientos y obligaciones que impiden la corrección de fallos de mercado y provocan reducción de la inversión. Tampoco se favorece la escala empresarial, algo reclamado desde las cúpulas de las empresas y se eleva el coste de innovar.

Ha generado un monstruo regulador, que busca alimentarse a si mismo antes que el bienestar de su gente. A personas y empresas les asfixia a fiscalidad,  siempre bajo promesas de gasto público interminable, lo cual ha disparado la inflación. 

Un diagnóstico conocido

Es decir, leyes burocráticas y buenistas, casi siempre con una segunda derivada contra los propios intereses. Burocracia, Fiscalidad, deuda e inflación. Esas son las causas de la pérdida de competitividad. 

El debate ha dejado de ser una denuncia marginal de las organizaciones empresariales. El informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea atribuyó una parte del retraso del continente a las cargas administrativas, la fragmentación del mercado único, las inconsistencias regulatorias y las restricciones al capital. La propia Comisión Europea reconoce ahora que el marco normativo impone demasiadas trabas a la innovación y dificulta que las startups europeas puedan crecer y competir globalmente.

Bruselas ha reaccionado con una nueva retórica de simplificación, por tanto. La denominada Brújula para la Competitividad se propuso para reducir las obligaciones de información de las empresas y la Comisión ha presentado sucesivos paquetes para aligerar cargas administrativas. Desde febrero de 2025, el Ejecutivo comunitario asegura haber impulsado medidas de simplificación en distintos ámbitos económicos.

La existencia de estos planes es, en sí misma, un reconocimiento de culpas. Si Bruselas necesita lanzar una estrategia para reducir el coste de cumplir sus propias normas, es porque el problema ya no puede atribuirse únicamente a la percepción interesada de las empresas.

La paradoja es que Europa intenta simplificar al mismo tiempo que continúa produciendo regulación. Cada crisis genera una directiva; cada riesgo, una obligación de reporte; cada nuevo mercado, un supervisor; y cada objetivo político, una taxonomía, un estándar o un procedimiento de autorización. Corre el serio riesgo de intentar corregir la burocracia con más burocracia. 

Esta desventaja es especialmente visible en los mercados financieros. Los mercados europeos continúan siendo pequeños y fragmentados frente a la profundidad del sistema estadounidense. Incluso en uno de sus grandes activos potenciales —la capacidad de atraer ahorro internacional hacia instituciones sólidas y predecibles— Europa carece de instrumentos suficientemente líquidos y homogéneos para competir con el mercado de deuda de Estados Unidos.

La fuga de capital se explica sobre todo por la fiscalidad, pero, además, el dinero se dirige hacia aquellos mercados en los que puede encontrar mayor liquidez, mejores valoraciones, más oportunidades de crecimiento y una regulación más previsible. Cuando el retorno esperado debe descontar años de trámites, incertidumbre supervisora o la posibilidad de que una operación sea modificada por decisiones políticas, el capital busca otra jurisdicción.

Son muchas las voces que señalan, temerosas, que la respuesta europea a la fuga de capitales a EE UU será dificultar ese camino, con límites, impuestos nuevos… Es la eterna solución europea: prohibir o gravar. Nunca incentivar. 

Prohibido crecer demasiado

Así, la política de competencia ofrece una de las contradicciones más evidentes. Europa afirma que necesita campeones empresariales capaces de competir globalmente, pero continúa analizando muchas fusiones desde una perspectiva esencialmente nacional o regional. Se teme que una empresa alcance una cuota elevada en un mercado europeo, aunque sus rivales reales sean plataformas estadounidenses, o grupos industriales chinos que operan a escala mundial.

Esta tensión aparece con especial claridad en las telecomunicaciones. Europa dispone de decenas de operadores sometidos a elevadas exigencias regulatorias y obligados a financiar redes críticas, mientras las grandes plataformas tecnológicas utilizan esas infraestructuras con unas obligaciones muy diferentes.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha resumido el problema afirmando que la soberanía europea exige simplificar la regulación, construir tecnología propia y aceptar el riesgo de fracasar. Su planteamiento no consiste simplemente en eliminar normas, sino en priorizar aquellas que favorezcan la innovación y la competitividad.

La reclamación de consolidación no es exclusiva de las telecomunicaciones. También alcanza a la banca, la defensa, la energía y otros sectores considerados estratégicos. Europa necesita empresas con capacidad financiera para invertir miles de millones en redes, inteligencia artificial, ciberseguridad, transición energética o industria militar. Sin embargo, sus políticas de competencia y sus mercados nacionales continúan dificultando la emergencia de grupos con esa dimensión.

Quienes defienden el enfoque actual apuntan que la competitividad no puede utilizarse como excusa para tolerar monopolios, reducir la protección del consumidor o iniciar una carrera regulatoria a la baja. La vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera, sostiene que los estándares digitales, sociales y medioambientales forman parte de las ventajas y los valores europeos, y que el continente perdería una competición basada únicamente en rebajar las reglas.

El argumento tal vez merece atención. Pero plantea otra pregunta: ¿es inevitable elegir entre una supervisión rigurosa y la creación de empresas competitivas? ¿O es precisamente la incapacidad de diseñar una regulación más inteligente la que obliga a Europa a escoger entre ambos objetivos?

España, entre el éxito y la asfixia

España constituye un caso particularmente revelador. En los últimos años, importantes medios e instituciones internacionales han destacado el mejor comportamiento relativo de la economía española. El Financial Times la ha descrito como una de las economías más destacadas de Europa, impulsada por el turismo, la inversión vinculada a los fondos europeos, las energías renovables, la inmigración y la fortaleza del empleo. Goldman Sachs estimó en junio de 2026 que España crecería aproximadamente tres veces más que el conjunto de la eurozona y destacó su evolución reciente de la productividad frente a las otras grandes economías comunitarias.

España quizá no sea plenamente consciente del reconocimiento que ha obtenido fuera de sus fronteras. Algo replicable al Mundial, donde no sólo ha ganado con excelencia, sino que lo ha celebrado con un orden social que ha causado envidia en el mundo, donde cualquier motivo gregario es justificación para disturbios. Aquí no hemos sido conscientes, sin embargo. 

Parecería que España no es consciente ni de sus éxitos ni de sus problemas estructurales. El crecimiento agregado convive con una productividad todavía muy insuficiente, una elevada tasa de desempleo, escasez de empresas medianas y grandes, dificultades de acceso a la vivienda y una regulación que se acumula en distintos niveles administrativos. Por supuesto, ello se refleja en una estructura salarial deplorable. 

En España, una inversión puede depender simultáneamente de normativa europea, legislación estatal, disposiciones autonómicas, ordenanzas locales, autorizaciones medioambientales y decisiones de varios supervisores. No existe una verdadera ventanilla única capaz de resolver esa superposición.

La situación se extiende al control de las operaciones empresariales. El endurecimiento del análisis de concentraciones, las condiciones impuestas a determinadas fusiones y la intervención política en sectores considerados estratégicos aumentan la incertidumbre de los inversores.

El caso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell mostró hasta qué punto una operación empresarial puede quedar atrapada entre la autoridad de competencia, el Gobierno nacional, el Banco Central Europeo y las instituciones comunitarias. La Comisión Europea llegó a advertir formalmente a España por considerar que determinadas facultades gubernamentales para intervenir en fusiones bancarias podían vulnerar las normas europeas sobre libertad de establecimiento y movimiento de capitales.

El coste invisible

Las grandes normas suelen justificarse mediante los beneficios sociales que pretenden conseguir, pero rara vez se calculan sus efectos. Normativas verdes o de seguridad, casi siempre impactan de manera negativa en la industria, por tanto, en la economía, por tanto, en la sociedad. 

Es muy habitual que la norma europea adolezca de gran distancia entre el diseño de la ley y la realidad empresarial.

Cada nueva obligación puede parecer razonable de forma aislada. El problema surge cuando se suman miles de exigencias sobre sostenibilidad, gobernanza, protección de datos, diligencia debida, prevención del blanqueo, información al consumidor, capital, fiscalidad o relaciones laborales. Los resultados colaterales son muy negativos. 

Buena parte de la legislación se elabora desde una lógica política o social, sin una evaluación suficiente de su efecto sobre la inversión, la productividad o la capacidad de competir. La protección social se presenta con frecuencia como un objetivo único, independiente de la creación de riqueza, cuando depende necesariamente de ella.

Las grandes empresas pueden asumir buena parte de estos costes mediante departamentos jurídicos, consultoras y equipos de cumplimiento. Las pequeñas compañías, sin embargo, deben dedicar a la burocracia recursos que no destinan a innovar, contratar o exportar.

Europa no necesita imitar sin matices a Estados Unidos ni renunciar a sus valores. Tampoco debería competir con China mediante subvenciones ilimitadas, proteccionismo o degradación de sus estándares laborales y ambientales. Necesita abandonar la idea de que toda nueva norma constituye por definición un avance.

Regular mejor exige eliminar duplicidades, armonizar criterios, acortar plazos, sustituir autorizaciones previas por controles posteriores cuando sea posible y aplicar el principio de que una nueva obligación debe compensarse con la desaparición de otras.

La solución es mucho más fácil de lo que parece

En el informe “Banca para una Europa más fuerte”, elaborado por las tres patronales bancarias, CECA, AEB y Unacc, recoge que el coste económico del exceso regulatorio es cuantificable. Según las estimaciones del informe, una agenda de simplificación permitiría aumentar en más de dos billones de euros la capacidad de financiación de la banca europea, de los que unos 250.000 millones corresponderían a España. EY calcula que ese mayor flujo de crédito podría traducirse en un aumento del 2,7% del PIB de la eurozona (3,4% en España) y en la creación de dos millones de empleos en Europa, unos 300.000 en España.

Pero hay más. El informe Draghi apuntaba que Europa necesita 700.000 millones de euros en financiación para el reto de la tecnología, la Defensa y la energía. Europa tiene más de 10 veces esa cifra en depósitos bancarios. 

Sin embargo, no hay el menor incentivo para desviar esa liquidez al mercado productivo. Hay quien dice que son los propios bancos quienes no lo promueven, por los requerimientos de capital, entre otras cosas. Pero la realidad es que en países como España se han penalizado los planes de pensiones privados, instrumentos vitales para la asignación de capital, y se han implementado otras medidas como impuestos ad hoc (es decir, inventados) para banca, eléctricas o patrimonios considerados altos. 

Ello redunda, por supuesto, en las salidas a Bolsa y emisiones de mercaos primarios: los tamaños de Europa frente a EE UU son ridículos y, además, apenas hay protagonismo para el inversor minoritario. 

Europa necesita quitar trabas y dar facilitades para que esa ingente cantidad de capital (no deuda) ya existente se dirija a los mercados domésticos, para trabajar. Pero tiene facilitar, no gravar ni aplicar más leyes.