La lista es larga: envejecimiento de la población, que elevará durante las próximas décadas las necesidades de pensiones; aumento de los presupuestos en sanidad; la transición energética, que exige inversiones extraordinarias; y un nuevo escenario geopolítico que está provocando un fuerte incremento de los presupuestos de defensa. Casi nada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo tiene más que claro: estas presiones serán duraderas. Sus estimaciones apuntan a que los gastos adicionales vinculados al envejecimiento, clima, defensa y mayores costes financieros podrían alcanzar el 5,75% del PIB anual en 2050 en las economías europeas avanzadas y el 8% en Europa Central, Oriental y Sudoriental. 

El envejecimiento empieza a pasar factura

La demografía constituye uno de los problemas más previsibles. Era algo que se sabía que iba a pasar y ya está ocurriendo.  Europa tendrá en pocos años proporcionalmente más pensionistas y menos población en edad de trabajar, mientras que por otro lado aumenta la demanda de servicios sanitarios y cuidados de larga duración.

Y de hecho, España se encuentra especialmente expuesta. La Comisión Europea proyecta que el gasto público bruto en pensiones aumentará 2,5 puntos del PIB hasta 2040, cuando se situará alrededor del 16%. En 2070 podría alcanzar el 17%, frente al 12% previsto como promedio de la Unión Europea. España tendría entonces el segundo mayor gasto público en pensiones de la UE en relación con su economía. 

Bruselas advierte de que, aunque actualmente el gasto español en sanidad pública y cuidados de larga duración está por debajo del promedio comunitario, su incremento futuro, especialmente el sanitario, puede convertirse en un riesgo fiscal más que significativo. 

Hasta 695.000 millones anuales para transformar la energía

La segunda gran necesidad de recursos procede de la transición energética. La Comisión Europea calcula que las inversiones en el sector deberán alcanzar aproximadamente 660.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2030.

Entre 2031 y 2040, la cantidad aumentaría hasta unos 695.000 millones cada año. La magnitud se aprecia mejor al compararla con los 240.000 millones anuales de media invertidos entre 2011 y 2021. 
Estas cifras incluyen inversiones en generación, eficiencia energética e infraestructuras como las redes eléctricas. Sin embargo, no representan exclusivamente gasto público. 

La propia Comisión reconoce que semejante volumen supera ampliamente la capacidad presupuestaria de la UE y de sus Estados y plantea utilizar el dinero público como palanca para movilizar capital privado. 

La defensa abre otra enorme necesidad de financiación

Al envejecimiento y la energía se suma ahora el rearme. Los países de la UE han incrementado su gasto en defensa casi un 80% desde 2020 y más aún desde la invasión rusa de Ucrania. El objetivo es movilizar cantidades todavía mayores durante los próximos años. 

El plan ReArm Europe/Readiness 2030 contempla movilizar hasta 800.000 millones de euros. Una de sus herramientas consiste en flexibilizar temporalmente las reglas fiscales: un incremento del gasto en defensa equivalente a 1,5 puntos del PIB podría generar cerca de 650.000 millones de euros de margen fiscal durante cuatro años. 

Esto no significa que Bruselas vaya a entregar 650.000 millones a los gobiernos. Se trata del espacio que podrían utilizar los Estados para incrementar sus presupuestos militares bajo la flexibilidad prevista.

A ello se añade SAFE, un instrumento dotado con 150.000 millones de euros en préstamos para financiar inversiones en áreas como defensa antimisiles, drones o ciberseguridad. Los recursos se obtienen en los mercados de capitales y se canalizan hacia los Estados participantes en función de sus planes nacionales. 

Tres grandes facturas que coinciden en el tiempo

El verdadero desafío de todo esto aparece porque estas necesidades no llegan por separado. Los gobiernos tendrán que financiar simultáneamente el envejecimiento, la transformación energética y la defensa mientras algunos países ya arrastran déficits y niveles elevados de deuda.

El FMI advierte de que las presiones crecientes sobre el gasto, unidas a unos costes financieros superiores, pueden provocar un fuerte incremento de la deuda pública y perjudicar al crecimiento si no se adoptan medidas. La pregunta es: ¿qué medidas?

Reformas estructurales, revisión del gasto, mayores ingresos, movilización de inversión privada, ajustes en determinadas políticas públicas… todo está sobre la mesa. Y algunas, muy impopulares.