La reciente combinación de salarios impagados, presión diplomática y sanciones financieras ha creado un escenario inédito en uno de los campos más estratégicos del país.

A medida que el mercado internacional observa con atención la oferta procedente de Oriente Medio, Irak se ha visto obligado a intervenir para evitar una caída en la producción que tendría repercusiones globales.

La parálisis de pagos en el campo West Qurna-2, operado por la empresa rusa Lukoil, ha puesto en evidencia la fragilidad del sector ante las limitaciones impuestas por Estados Unidos y las dificultades para garantizar estabilidad laboral en una de las regiones petroleras más relevantes del planeta.

La fragilidad de un campo esencial para la economía iraquí

West Qurna-2 aporta una fracción significativa del suministro global y constituye una pieza central de la matriz energética iraquí.

En las últimas semanas, el campo se ha acercado peligrosamente a un punto crítico tras dos meses sin que los trabajadores locales recibieran su salario. Hasta el pasado otoño, Lukoil enviaba los pagos desde el extranjero con normalidad.

Sin embargo, las sanciones anunciadas por Washington el 22 de octubre interrumpieron estas transferencias al bloquear la capacidad de la empresa para mover fondos a través de bancos internacionales.

El impacto se manifestó de inmediato en el propio yacimiento. Las tensiones entre el personal aumentaron, y la posibilidad de que los trabajadores abandonaran su puesto generó inquietud en Bagdad.

Una eventual paralización habría puesto en riesgo entre 460.000 y 480.000 barriles diarios, un volumen que ni el Gobierno iraquí ni los mercados globales podían permitirse perder.

La decisión de adelantar el pago de nóminas de diciembre por parte del Ejecutivo no obedeció a un gesto hacia la empresa operadora, sino a un intento por contener un daño mayor para la economía nacional.

Un proyecto atrapado entre sanciones y tensiones diplomáticas

La intervención del Gobierno llega en un momento particularmente complicado. Semanas antes, Lukoil había declarado fuerza mayor tras la decisión iraquí de suspender todos los acuerdos en efectivo y en petróleo vinculados a empresas sancionadas. Este escenario creó un vacío operativo que forzó al Ejecutivo a asumir responsabilidades que normalmente recaen en la compañía extranjera.

Al mismo tiempo, Bagdad busca desde hace meses obtener una exención temporal de Estados Unidos para permitir que Lukoil finalice la venta de su participación del 75%.

Tanto la Unión Europea como Washington consideran este movimiento una victoria en el marco de las sanciones, y observan con interés la posibilidad de reducir el peso ruso en el sector petrolero iraquí.

Sin embargo, mientras la operación permanece bloqueada, Irak se encuentra en el centro de una negociación compleja donde confluyen intereses políticos, energéticos y de seguridad.

La dificultad de encontrar un relevo estable

El principal obstáculo para avanzar hacia una solución es la complejidad técnica del yacimiento. Los responsables iraquíes reconocen que las empresas estatales no están preparadas para asumir la gestión integral de West Qurna-2 sin comprometer la producción.

Para evitar un escenario de inestabilidad prolongada, el Gobierno evalúa al menos tres candidatos para adquirir la participación de Lukoil: una compañía china y dos occidentales.

Estados Unidos, por su parte, ha señalado que no permitirá ninguna operación que fortalezca la presencia rusa ni que aproveche resquicios regulatorios para sortear las sanciones.

Esto limita las opciones de Bagdad y prolonga la incertidumbre mientras el país intenta asegurar el flujo de crudo que alimenta sus ingresos públicos y contribuye al equilibrio del mercado internacional.

Mientras no haya un comprador definitivo ni una exención que permita concluir la venta, Irak se ve obligado a sostener un proyecto que no controla plenamente. El país paga a los trabajadores, Estados Unidos determina las líneas rojas y Rusia mantiene congelada su participación.