El ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, ha decidido mover ficha y ponerse en contacto con el sector olivarero italiano para evitar que haya empresas que puedan firmar un acuerdo con Dcoop que les permita pujar juntos por la dueña de Carbonell, Koipe, Bertolli y Carapelli, tal y como informa El Economista.
Un movimiento que puede estar dando resultados después de que la aceitera Bonifiche Ferraresi (BF), que mantenía contactos con Dcoop para firmar una alianza y quedarse solo con Carapelli, habría renunciado a la operación. La intervención del gobierno italiano llega después de que el ejecutivo español se haya posicionado de forma clara a favor de la andaluza Dcoop y pocos días antes de que venza el plazo que ha dado Coricelli para que Deoleo acepte la oferta de 500 millones que ha presentado.
La empresa italiana compite directamente con la cooperativa andaluza Dcoop, que ha presentado una oferta inferior, de 470 millones. Según varias fuentes, el acuerdo para poder negociar en exclusiva y realizar una due dilligence se cerraría en cuestión de días y dejaría vía libre al grupo transalpino.
La organización Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha sido la última en reclamar al Ejecutivo que valore el carácter estratégico de Deoleo y defienda que el propietario permanezca vinculado al tejido empresarial español. Deoleo, por su dimensión, su presencia internacional y su posición en mercados como Estados Unidos, constituye, a su juicio, un activo relevante para el sector oleícola.
El gobierno dispone de un escudo antiopas que permite someter determinadas operaciones a autorización administrativa y, en determinados supuestos, bloquearlas. “La principal dificultad, más allá de que la legislación solo permita bloqueos en sectores críticos y el aceite no lo es, está, por un lado, en que Coricelli ha lanzado su oferta desde una empresa domiciliada en Sevilla y, por el otro, en que la propuesta se dirige a Deoleo UK, una sociedad británica no cotizada que es la que agrupa las sociedades operativas, lo que limita la aplicación de los mecanismos de control”, según Cinco Días.