La quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 desató una de las mayores crisis sistémicas de la historia financiera global. En España, el impacto golpeó con dureza a miles de inversores particulares que vieron cómo sus ahorros quedaban atrapados en productos vinculados al gigante estadounidense.

Ante el desastre, la reacción del sector bancario fue muy dispar: mientras que la mayoría dejó que el inversor de a pie asumiera el golpe o recurrió a bloqueos de liquidez, un puñado de entidades dio pasos excepcionales para blindar a sus clientes minoristas.

El ejemplo más complejo y singular de protección activa fue el de Mediolanum. La entidad había comercializado de forma relevante productos estructurados referenciados a un bono de Lehman Brothers. Este subyacente era el garante de la recuperación íntegra del capital. La rentabilidad añadida al cupón cero que otorgaba el activo de Lehman dependía de la revalorización media de una cesta de índices. Al quebrar Lehman, el valor de ese subyacente cayó automáticamente a cero.

Dicho de otra manera: los clientes, más de 10.000, perdían su dinero. En lugar de lavarse las manos y acogerse a la legalidad, los dos mayores accionistas de la entidad, la familia Doris y el grupo Fininvest, tomaron una decisión sin precedentes: inyectaron 120 millones de euros de su propio bolsillo para rescatar a esos 10.000 clientes.

La operación supuso un reto mayúsculo que les costó tiempo, además de dinero. Legalmente, los accionistas no podían limitarse a devolver el capital en efectivo, ya que a ojos de Hacienda habría sido calificado como una donación y habría acarreado un severo castigo fiscal para los propios clientes.

Para solucionarlo, diseñaron una compleja operación de canje de títulos fallidos por otro bono solvente, garantizando que los ahorradores recuperaran el 100% de su capital inicial al vencimiento. Un caso único en el mercado sobre activos de Lehman. 

Coloquialmente, se puede decir que los dueños del banco pusieron dinero de su bolsillo particular para compensar las pérdidas de los clientes, pese a que no estaban obligados legalmente a ello. 

Banif, la antigua filial de banca privada de Banco Santander, también ofreció una salida a clientes con activos tóxicos de Lehman, pero la solución no fue ni mucho menos dinero del bolsillo privado de accionistas mayoritarios. 

El banco sacó la varita de la alquimia contable y recurrió al “cambio de cromos” emitiendo papel propio. Por un lado, ofrecieron bonos de su filial británica Abbey, con los que el cliente mantenía el saldo en su extracto, pero a cambio le recortaban el interés del 9% al 7% y el dinero se quedaba encerrado hasta el vencimiento en 2014, salvo que acudiera al mercado secundario, donde los precios se habían desplomado o incluso no había contrapartida.

Por otro lado, para los perfiles que exigían liquidez diaria, el banco lanzó las famosas acciones preferentes (nominadas como preferentes aunque en realidad eran perpetuas, no daban derecho a voto y el banco podía suspenderles el dividendo cuando quisiera). En ambos casos, el Santander apuntaba el 100% del valor nominal en la libreta, pero, de nuevo, para recuperar el principal, había que pasar por el mercado secundario. 

Otras firmas también activaron cortafuegos comerciales para evitar pérdidas en sus carteras, derivadas del enorme cambalache financiero que trajo la quiebra del banco de inversión americano, que desencandenó una larga crisis financiera global. Fue el caso de BBVA que intervino con rapidez para sostener la valoración de fondos clave como el BBVA Dinero, asumiendo y recomprando activos de la cartera para inyectar liquidez y mitigar de golpe el pánico de los inversores más conservadores. 

La otra cara de la moneda la protagonizó la práctica totalidad del sector. Lejos de estas soluciones voluntarias, varias entidades nacionales prefirieron dejar a su suerte a los ahorradores. En los meses posteriores al colapso, el pánico provocó un aluvión de reembolsos en productos estructurados, inmobiliarios y de renta fija que la banca no pudo absorber, lo que llevó a algunas firmas a decretar auténticos “corralitos”, suspendiendo el reembolso de los fondos y congelando el dinero de miles de partícipes durante años. 

Esta falta de soluciones comerciales empujó a los afectados a una larga batalla legal que, tiempo después, se saldó con un reguero de sentencias judiciales condenatorias que obligaron a los bancos a devolver el dinero por flagrantes defectos de transparencia en su comercialización.

A las puertas de un nuevo aniversario, el colapso de 2008 sigue recordando que la verdadera solidez de una marca financiera no radica en sus campañas comerciales, sino en los cortafuegos institucionales que está dispuesta a levantar cuando todo el sistema amenaza con venirse abajo.

Mirando con perspectiva, el cataclismo de Lehman Brothers no fue un hecho aislado, sino el ecuador de una tormenta perfecta que comenzó a fraguarse tras el 11-S. La masiva bajada de tipos de interés para reactivar la economía estadounidense regó el planeta de dinero barato y engendró el virus de las hipotecas subprime, entre otras cosas por la mala supervisión entre clases de activos, así como nula separación entre banca comercial y de inversión.

Tras la caída del gigante norteamericano, que arrastró al resto de bancos sofisticados, la onda de choque cruzó el Atlántico transmutada en la crisis del euro, un segundo impacto que forzó al Viejo Continente a reescribir por completo las reglas del juego mediante una supervisión bancaria europea mucho más estricta y unos requisitos de capital infinitamente más exigentes para blindar los balances de las entidades.
Este cambio radical de paradigma regulatorio ha transformado por completo el panorama para las familias españolas.

En aquellos convulsos años de 2008 y 2009, el inversor y el hipotecado de a pie caminaban sobre un campo de minas financiero: más del 90% del mercado hipotecario español estaba referenciado a tipo variable, dejando la economía doméstica totalmente desprotegida ante los vaivenes del Euríbor.

Hoy, el escenario es radicalmente opuesto y denota una madurez del mercado sin precedentes, donde en torno al 60% de la cartera hipotecaria activa se refugia en la seguridad del tipo fijo, blindando los presupuestos familiares frente a los bandazos de la política monetaria.
La metamorfosis también ha alcanzado a la concesión del crédito, desterrando las prácticas alegres de la era de la burbuja.

Ya no basta con presentar un simple aval inicial o la revalorización ficticia del ladrillo para conseguir financiación. Los criterios de solvencia actuales obligan a la banca a realizar un análisis quirúrgico de la capacidad real de generación de ingresos futuros del cliente, asegurando que la deuda sea sostenible en el tiempo.

Dieciséis años después del desplome de Lehman, el sistema financiero no solo es más aburrido y estrictamente vigilado, sino que por fin ha aprendido a cambiar el riesgo sistémico por la cultura de la anticipación y la defensa del cliente.

En estos años, se han hecho pocas reformas estructurales, pero sin duda, una de ellas es la solvencia de la banca.