¿Cuál es su visión sobre la subida del gravamen hasta el 25% para los beneficios no distribuidos en SOCIMIs?
El gravamen del 25% para los beneficios no distribuidos distorsiona la naturaleza de las SOCIMIs como vehículos de coinversión eficiente pensados para incentivar el flujo de capital profesionalizado hacia el mercado inmobiliario. Penalizar la retención de caja limita la capacidad de mantenimiento, rehabilitación e inversión de las carteras, generando inseguridad jurídica al alterar el marco normativo de referencia internacional.
¿Qué impacto puede tener esa carga fiscal sobre la oferta del alquiler en España? ¿Qué coste real tendría esa subida?
Provocará una contracción de la oferta residencial institucional. El coste real no es solo el sobreprecio fiscal, sino la merma de cash flow operativo y liquidez para promover o adquirir nueva vivienda, lo que encarecerá la oferta existente y desincentivará la profesionalización del mercado de alquiler.
¿Les parecería eficaz un sistema de bonificaciones escalonado según el porcentaje de vivienda asequible en cartera?
Aunque vincula incentivos al alquiler asequible, resulta insuficientemente flexible si las métricas para calificar dicha vivienda no se adecúan a la realidad de costes del suelo y la construcción. Puede ser una vía paliativa para ciertas operadoras, pero no compensa el desincentivo fiscal generalizado para el grueso de las carteras residenciales.
¿De qué manera puede afectar a operaciones ya negociadas o en proceso?
Genera parálisis inmediata en las transacciones en curso debido al recálculo de la rentabilidad exigida (yield) y la necesidad de revisar los modelos financieros de valoración (due diligence). Muchas operaciones de compra o desarrollo corren el riesgo de cancelarse o congelarse ante la incertidumbre regulatoria.
¿Qué tipo de inversor podría salir beneficiado?
Se beneficiarían los grandes fondos de inversión internacionales que operan a través de estructuras fuera de España y sin sujeción a este régimen, así como compradores oportunistas privados (family offices o fondos distressed) no cotizados que no dependan del marco SOCIMI para estructurar sus activos. Estos actores, a diferencia de las SOCIMI, tendrán la capacidad financiera para absorber activos a medida que los vehículos cotizados ajusten o roten sus carteras.
¿Qué alternativas proponen desde las SOCIMIs para aumentar la oferta sin poner en riesgo la inversión?
Asociaciones de colaboración público-privada (cesión de suelo dotacional), seguridad jurídica mediante marcos normativos estables, agilización de licencias urbanísticas, e incentivos fiscales directos a los arrendadores de vivienda protegida o asequible en lugar de penalizaciones impositivas al vehículo de inversión.
Si la reforma finalmente se lleva a cabo, ¿qué decisiones estratégicas van a tomar?
Aunque como asesores registrados no nos vemos afectados de forma directa, consideramos que la respuesta estratégica del sector pasará por: reevaluar la política de reparto dividendo (repartiendo el 100% para no acumular reservas sujetas al 25%), paralizar nuevos desarrollos residenciales no bonificados, pivotar las inversiones hacia otros activos (logístico, oficinas, retail) o estudiar la deslocalización/reestructuración de las SOCIMI hacia jurisdicciones con regímenes equivalentes (ej. REITs europeos).