El mercado mira hoy a Puig Brands con una mezcla de expectativa y prudencia. La compañía catalana publicará, al cierre de la sesión, su avance de ventas del primer trimestre de 2026, en una cita que servirá como termómetro para calibrar el pulso de su crecimiento tras meses de intensa atención bursátil.
No será una publicación más. Llega en un momento en el que los inversores buscan señales claras sobre la evolución del negocio —especialmente en fragancias y cuidado personal— y sobre la capacidad del grupo para sostener el ritmo tras su reciente etapa como cotizada.
Pero más allá del corto plazo, hay otro elemento que empieza a tomar forma en el calendario corporativo: la próxima Junta General de Accionistas.
Dividendo y Junta: la hoja de ruta
Puig celebrará su Junta el próximo 29 de mayo de 2026, previsiblemente en primera convocatoria y en formato exclusivamente telemático, en la que los accionistas deberán dar luz verde, entre otros puntos, a la distribución del resultado y al dividendo.
La propuesta sobre la mesa no pasa desapercibida. La compañía plantea repartir un dividendo de 0,42159 euros brutos por acción, lo que supone destinar cerca de 237,5 millones de euros a retribuir al accionista, dentro de un beneficio total de más de 435 millones de euros.
El pago del dividendo, si recibe el visto bueno de la Junta, se hará efectivo a partir del 17 de junio de 2026, consolidando una política de retorno que empieza a ganar protagonismo en la narrativa bursátil del grupo.
Además de la retribución al accionista, la Junta abordará los acuerdos habituales, como la aprobación de las cuentas anuales de 2025, la gestión del consejo y la reelección del auditor para el ejercicio 2026.
Pero también incluirá decisiones de mayor calado en la estructura del grupo. Entre ellas, la renovación y nombramiento de varios consejeros, con cambios relevantes en el órgano de gobierno y la fijación del número total de miembros del consejo.
Asimismo, los accionistas deberán pronunciarse sobre la política de remuneraciones para los próximos ejercicios y sobre la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos dentro de los planes de incentivos a largo plazo.
Otro de los puntos destacados será la autorización para la venta de la marca “Aromas de Castilla”, considerada activo esencial por su antigüedad dentro del grupo, aunque sin impacto material relevante en el negocio.