Así, las familias que deseen en que sus hijos estudien en castellano en las comunidades con lengua cooficial, podrán solicitar desde mañana la compensación de los gastos en un centro privado. Siempre en el caso en que no se les garantice esa opción en un colegio público y en una oferta razonable.
Este decreto ley recoge que el Estado avanzará el pago por escolarización, comedor y transporte de los colegios privados en los que la nueva ley obliga al Ejecutivo catalán a matricular a estos alumnos, y luego el Ministerio de Hacienda lo deducirá de la financiación autonómica.