El Tribunal indica que, a raíz de la nacionalización de la entidad en noviembre de 2008, pueden aparecer “agujeros” relacionados con la sociedad Parparticipadas, una de las tres que se quedaron con activos del banco. El documento, citado por Efe, aclara que es posible que el Estado tenga que capitalizar esa sociedad en caso de que no pague el préstamo de 90 millones que contrajo a finales de 2012 con Caixa Geral de Depósitos.
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El Estado se quedó con activos tóxicos de BPN, que fueron integrados en las empresas públicas Parparticipadas, Parvalorem y Parups. Desde entonces, Portugal sigue asumiendo costes vinculados al proceso, como las amortizaciones de préstamos que fueron concedidos al banco y los litigios y compromisos que había asumido.