El Gobierno argentino tiene un mes para negociar el pago de una deuda contraída de 1.300 millones de dólares con tres fondos buitre que denunciaron al país latinoamericano después de que no aceptasen la reestructuración de la deuda, según ha informado el periódico El País.
Según el juez, Argentina debe abonar 1.300 millones de euros a estos tres fondos, a los que denomina “litigantes”, antes de hacer cualquier otro pago. Griesa también señaló que Argentina cuenta ahora con un periodo de gracia de 30 días para negociar la devolución de esta deuda antes de entrar en suspensión de pagos.
Por otro lado, Fernández de Krichner se enfrenta al dilema de pagar esta deuda, lo que le llevaría a tener que devolver otros 15.000 millones de dólares (más de la mitad de las divisas del Banco Central de Argentina) a fondos que reclamarían un trato igual al de los tres litigantes, o no pagarla y quedarse sin la opción de poder devolver la deuda a los acreedores que aceptaron el plan de reestructuración, lo que llevaría al país a caer en el impago técnico.