Porque un incentivo real implica, por definición, renunciar a algo hoy para ganar mañana. Si se quiere estimular la inversión, el ahorro o el crecimiento empresarial, hay que aceptar una menor presión impositiva que permita a la economía avanzar, y la recaudación subiría a medio plazo, gracias a la mayor actividad futura. Pero esa lógica lafferiana, elemental desde el punto de vista económico, choca frontalmente con la lógica política, que vive del corto plazo, del cierre presupuestario anual y del compromiso de gasto cada vez mayor. Social, lo llaman. 

El ejemplo más reciente lo tenemos en el paquete de medidas para impulsar las salidas a Bolsa de pymes anunciado por el Gobierno. Sobre el papel, el objetivo es correcto: España necesita más empresas cotizadas, más financiación vía mercado y menos dependencia bancaria. Es algo que repiten Draghi, Letta, BME y prácticamente cualquier analista serio del mercado de capitales europeo. (No sé cuántas veces he escrito esto). 

Las medidas anunciadas van en esa dirección: reducción del free float mínimo del 25% al 10%, acciones de voto plural para que los fundadores mantengan el control, rebaja de costes de salida, exención de folleto hasta 12 millones, simplificación burocrática, mayor papel de fondos alternativos… Todo eso está bien. Es razonable. Incluso necesario.

Pero llama la atención lo que falta. No hay incentivos fiscales reales. No hay estímulos claros al inversor minorista. No hay ventajas tributarias para empresas que den el salto al mercado. No hay, en definitiva, un sacrificio presupuestario que refleje una apuesta decidida por el crecimiento del mercado de capitales.

Un incentivo sólo operativo funciona si lo demás; el dinero, ya está muy agilizado, que no es el caso. 

El patrón se repite constantemente no sólo en los mercados. El Gobierno parece que esta vez aplicará la directiva europea para eximir de IVA a pequeños autónomos… pero tras resistirse todo lo posible (con warning europeo incluido) y dentro de un paquete negociado, condicionado y limitado. El incentivo llega tarde, y veremos cómo se articula finalmente. 

La lógica es siempre la misma: incentivar sí, pero sin tocar la recaudación. Ese IVA trimestral es un caramelito al que las altas esferas no parecen querer renunciar, aunque sería oxígeno en vena para los Autónomos. Ojo, a cambio de renunciar a las deducciones. 

Las grandes reformas que han impulsado crecimiento económico han tenido siempre un componente claro de renuncia inicial: bajadas fiscales, liberalización de sectores, estímulos al ahorro, incentivos a la inversión.

En España lo vimos en los años noventa, con privatizaciones, apertura de mercados y estímulos al capital. En Estados Unidos, con reformas fiscales orientadas al crecimiento. Incluso en Europa, antaño, con la creación del mercado único, que implicaba menos barreras y, en muchos casos, menos ingresos inmediatos para los Estados.

Pero hoy el marco ha cambiado. El gasto público es estructuralmente alto. Los compromisos presupuestarios son rígidos. Las administraciones han crecido hasta niveles que hacen muy difícil cualquier reducción de ingresos, aunque sea temporal.

Resultado: se buscan incentivos administrativos, regulatorios, burocráticos… pero se evita el incentivo más potente de todos: el fiscal. Es como intentar bajar peso separando hidratos de proteína, comiendo alguna fruta maravillosa o una pastilla nueva. Pues no: se baja haciendo dieta. Si acompañas con deporte, mejor. Pero debes ingerir menos calorías de las que quemas. Es duro, pero a la larga se agradece. 

En fin. Los sectores económicos piden estímulos y reciben simplificaciones parciales. Las empresas piden capital y reciben cambios técnicos para que las Pymes salgan a Bolsa. Los inversores piden señales claras y reciben reformas incompletas. Mientras tanto, el problema de fondo sigue intacto: Europa tiene pocos mercados de capitales, pocas empresas cotizadas y una enorme dependencia bancaria. España, aún más.