Sin embargo, añade que esto se produce “a base de recortar los ingresos regulados y retirando la actualización ligada a la inflación”. En este escenario, Fitch afirma que la reforma resolverá el incipiente déficit gasístico y aportará más estabilidad al marco regulatorio, con la implementación de periodos de seis años.
“Sin embargo, el coste de la reforma caerá mayoritariamente en los operadores de activos de gas y reducirá su base regulada de ingresos, lo que afectará a sus márgenes EBITDA”, explica Fitch.
La agencia añade que no tiene intención de realizar ninguna acción de rating sobre los operadores de gas españoles, ya que la nueva regulación era previsible y el impacto crediticio es manejable.
Para la empresa más afectada, Enagás, Fitch analizará las medidas que tome para mitigar el impacto regulatorio y realizará un análisis en los próximos meses, cuando la compañía presente su nueva estrategia.