Durante décadas, los supervisores bancarios han vigilado el riesgo de crédito, la liquidez, la exposición inmobiliaria o las carteras de deuda pública. Pero ahora aparece un enemigo que no necesita pedir un préstamo ni sentarse en el consejo de administración para poner en dificultades a una entidad financiera: un hacker.
Un banquero me comentaba recientemente que el próximo gran vector de exigencias de capital regulatorio será la ciberseguridad. Y su razonamiento tiene bastante lógica.
Los bancos son hoy gigantescas plataformas tecnológicas que, entre otras cosas, gestionan dinero. Una interrupción prolongada de sus sistemas de pagos, una filtración masiva de datos o un ataque que comprometa millones de cuentas puede ocasionar pérdidas multimillonarias. No hablamos únicamente de reparar servidores: hay fraudes, litigios, posibles indemnizaciones, sanciones y daños reputacionales.
La novedad es que el riesgo tecnológico empieza a traducirse también en exigencias de solvencia.
El Banco Central Europeo ya contempla expresamente las vulnerabilidades informáticas, la dependencia de proveedores tecnológicos y las deficiencias de continuidad operativa al evaluar los requisitos adicionales de capital del Pilar 2. Por su parte, la normativa europea DORA, aplicable desde enero de 2025, obliga a reforzar la resiliencia digital de las entidades financieras.
Pero conviene distinguir dos cuestiones: una cosa es exigir inversiones crecientes en ciberseguridad y otra, obligar a mantener más fondos propios para absorber las pérdidas potenciales de un ataque. La segunda es especialmente relevante para los accionistas.
Imaginemos un banco con 300.000 millones de euros en activos ponderados por riesgo. Un recargo hipotético de apenas 25 puntos básicos sobre esos activos supondría 750 millones de euros adicionales de capital exigido. No es necesariamente un gasto de esa cuantía, pero sí capital que debe mantenerse disponible y que podría dejar de destinarse a otras operaciones o a remunerar al accionista.
Y aquí aparece una nueva variable de competencia bancaria.
Dos entidades con negocios similares podrían acabar soportando exigencias de capital distintas en función de la calidad de sus sistemas tecnológicos. La que haya invertido adecuadamente en protección y resiliencia podría encontrarse en mejor posición que otra con infraestructuras obsoletas y vulnerabilidades importantes.
Además, la inteligencia artificial introduce una paradoja formidable: la misma tecnología que permite automatizar procesos, reducir costes y mejorar la productividad bancaria también puede multiplicar la sofisticación de los ataques.
El asunto tiene incluso una dimensión sistémica. Un ciberataque contra un gran proveedor tecnológico compartido por numerosas entidades podría afectar simultáneamente a buena parte del sistema financiero. No sería una crisis bancaria convencional, pero sus consecuencias podrían llegar a parecerse.
Estamos entrando en una etapa en la que la solvencia de un banco no dependerá únicamente de la calidad de sus activos, sino también de la resistencia de sus sistemas informáticos.
Todavía no existe un recargo general y específico de capital por ciberseguridad aplicable a toda la banca europea. Pero el BCE ya dispone de instrumentos para penalizar mediante mayores requisitos de fondos propios las deficiencias tecnológicas de entidades concretas.
Durante años, los inversores han estudiado la morosidad, el margen de intereses, la eficiencia y el CET1. Quizá haya llegado el momento de preguntar también cuánto puede costar que alguien consiga entrar en los servidores del banco.
Porque el próximo agujero en el capital de una entidad financiera puede no empezar con un crédito impagado, sino con una contraseña robada.